ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

No puedo imaginar una mejor manera de abordar la historia de los feminismos que en términos de oleaje. Las mareas que suben y bajan con los ciclos lunares. Ciclos. En realidad, no hablamos de círculos -como diría mi historiador favorito-, sino de una espiral, que en cada vuelta trae consigo a sus ancestras y se expande para abarcar espacios cada vez mayores, realidades cada vez más diversas y disímiles. Un oleaje que colisiona con el patriarcado y erosiona sus cimientos silenciosa pero implacablemente. Las corrientes de este oleaje también suelen chocar y enfrentarse, pero todo ello sólo imprime mayor energía y fuerza a su arrastre. En mis tiempos de estudiante, las teorías feministas de las Relaciones Internacionales se mencionaban casi como nota al pie del paradigma postmoderno. Mi primer encuentro con la historia de los feminismos sucedió en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando iniciaba mi carrera diplomática, hace 17 años. Las capacitaciones en materia de igualdad de género estaban abiertas a todo el personal de la Cancillería, pero solían asistir sólo el personal operativo, algunas secretarias y muy escasas personas funcionarias, y de rangos bajos, entre ellas yo. Es fascinante observar cómo, en menos de dos décadas, los feminismos pasaron de ser temas marginales (temas de mujeres, de los que sólo se ocupaban, pues, las mujeres -en su mayoría secretarias, personal de apoyo o diplomáticas de bajo rango), a estar en el centro de nuestra política exterior. Pero ésta ha sido la historia de las luchas feministas. Venimos en olas, que parecen retraerse pero no desaparecen, sólo se reagrupan y vuelven, con mucha mayor fuerza; y sube la marea. En 2022, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución A/RES/76/269 por la que se proclamó el 24 de junio como el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia. Previsiblemente, la conmemoración se llenará de lugares comunes, reiterando los nombres de las mujeres que ya participan en altos puestos de la política internacional, de aquellas que vemos en los titulares de los periódicos o a la cabeza de las Representaciones diplomáticas o consulares. Pero, como hemos dicho antes, esta conmemoración debe incitarnos a buscar a aquellas mujeres que todavía nos hacen falta: aquellas que aún piensan que la diplomacia no es para las mujeres; las que aún son relegadas en la carrera diplomática, cuyos logros y méritos son ignorados o infravalorados por sesgos de género que todavía permanecen inconscientes; las que acompañan a sus compañeros diplomáticos y se descubren en situaciones de vulnerabilidad insospechadas y totalmente invisibilizadas; las que aportan diariamente al cuidado y protección de sus conciudadanas en el extranjero sin contar ellas mismas con acompañamiento o respaldo; y muchas más. Reflexionar sobre la vida y la profesión diplomáticas desde la mirada de las mujeres es transformador. A 77 años de la creación de la ONU, el 24 de junio no sólo ha tardado mucho en llegar, sino que, por desgracia, sigue siendo necesario y urgente. Tras la pandemia por COVID19, hemos retrocedido en materia de derechos de las mujeres y ahora estamos a 300 años de alcanzar la igualdad sustantiva de género que nos propusimos para el año 2030. Movimientos regresivos en materia de derechos humanos se manifiestan en todo el mundo adjudicándose consignas presuntamente feministas para atraer mujeres al campo de la subordinación, de la opresión y la discriminación. Somos más del 50% de la población mundial, y corremos el riesgo de ser nuevamente instrumentalizadas y desechadas en pugnas y revoluciones patriarcales que nos quieren “instruir” sobre lo que significa ser una mujer y cuáles deben ser nuestros espacios. Las violencias contra las mujeres se han recrudecido, y parecen encontrar justificación en una lucha que se adjudica un deber frente a la injusticia. Me parece oportuno recordar que las democracias modernas encuentran sus orígenes en una revolución que guillotinó a más de 300 mujeres, entre ellas a una de las primeras feministas de la historia: Marie Gouze, mejor conocida como Olympe de Gouges. Sus ideas resultaron demasiado progresistas para la Revolución Francesa: igualdad entre hombres y mujeres, así como entre personas blancas y negras, abolición de la esclavitud y de la subordinación de las mujeres en el matrimonio, instauración del divorcio, seguridad social para los más necesitados -incluyendo la protección de los hijos ilegítimos-, impuestos basados en el nivel de riqueza y de capital. Pero quizás su mayor osadía fue desafiar el radicalismo violento de la época, criticar el reino de terror de Robespierre y oponerse a sus métodos asesinos y tiránicos. En 1793, el Estado la ejecutó y utilizó su ejemplo para disuadir, desacreditar y borrar activamente a las mujeres que se atrevieran a “olvidar su lugar natural”, el doméstico, para ocupar el espacio público y participar en el pensamiento y la toma de decisiones. Pero Olympe de Gouges no ha muerto. Sus ideas resurgen con mayor fuerza y se unen a todas las mujeres del mundo que, con su activismo y -más importante aún- con su voz y sus publicaciones expanden esta espiral, fortaleciendo este oleaje que terminará por derrocar la falsa jerarquía entre los sexos y enalteciendo a la humanidad por encima de la bestialidad. A nadie debe sorprender que las mujeres encuentren siempre mayores obstáculos para la difusión de sus ideas y la promoción de su obra. En el prefacio de “Unión Obrera” (1843), Flora Tristán relata precisamente las vicisitudes que tuvo que enfrentar para publicar su texto, seminal en la lucha internacional por los derechos de los trabajadores. “Proletarios del mundo, uníos” no es una frase original de Max y Engels, es una cita de Flora Tristán. Si el Manifiesto del Partido Comunista pudo beneficiarse de esta idea fue sólo gracias a que Flora, rechazada sistemáticamente por los editores, encontró la fuerza para pedir, de puerta en puerta, donativos para publicar su “librito”, como ella misma lo llamó. Enfrentó rechazo, groserías e insultos por atreverse a pedir “limosna”. Agotada e incluso enferma, no perdió su fe ni su capacidad de agradecer a quienes cooperaron para su iniciativa. El libro contiene el listado de “suscriptores”, que suman 123 personas, y que permitieron recaudar la suma de 1538 francos. ¿Qué sería de los derechos laborales y de la lucha por los derechos de las mujeres si Flora Tristán hubiera claudicado? Por eso emprendemos 24deJunio. Porque en esta espiral expansiva, las mujeres hemos logrado incursionar en una profesión tan antigua como demandante de las más altas habilidades humanas. La Diplomacia no se conforma con el trabajo en horario de oficina, sino que exige un compromiso vital completo, no sólo nuestro, sino también de nuestras familias, los 365 días del año. Nuestra salud emocional y psicológica juegan un papel determinante, junto con nuestros conocimientos y actitudes. La mejor Diplomacia es producto de la vivencia, que nos permite mirar holísticamente un problema específico desde una multiplicidad de ángulos y con perspectiva histórica. Es una profesión comparada por muchos con un arte; y sin importar su alto grado de dificultad, y a pesar de los obstáculos adicionales que todavía enfrentamos, las mujeres no sólo somos igualmente capaces que los mejores hombres diplomáticos, sino que contribuimos con ideas, criterios y soluciones que sólo la experiencia de vida de las mujeres puede aportar. 24deJunio se inaugura con la misión de publicar las voces de todas las mujeres que incursionan en la Diplomacia desde los más diversos ámbitos. Su plataforma sede, Globalitika, incorpora en su Consejo Editorial a mujeres y hombres que buscan un punto de encuentro y la promoción de la reflexión plural. Me siento muy cómoda y honrada de que 24deJunio nazca en un espacio joven, que publica a mujeres diplomáticas y mujeres investigadoras, académicas, políticas y todas aquellas interesadas en incidir y promover reflexiones pertinentes al análisis de la política internacional. Mujeres Diplomáticas del mundo, uníos. El mundo nos necesita, y la historia nos lo reclama https://www.24dejuniomx.com/

Buscando claves para entender mejor a la base electoral del trumpismo, leí en 2017 “Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crises” de J.D. Vance (Harper, 2016) Desde entonces no he dejado de recomendar su lectura a toda persona interesada en la sociedad y la política estadounidense. En el fondo, se trata de una conmovedora respuesta literaria, periodística y testimonial a la actitud de desprecio y profunda incomprensión de parte de los estadounidenses más cosmopolitas, liberales, universitarios y clase medieros de las costas hacia los habitantes más desfavorecidos del Rust Belt o cinturón del óxido que se extiende por el nordeste y medio oeste de los Estados Unidos. Al parecer la frase “Canasta de deplorables”, con la que Hillary Clinton los calificó durante un discurso de campaña, fue un factor decisivo para su derrota frente a Trump en 2016. El libro, mucho más que la malograda película que Netflix produjo algunos años después, fue un éxito de ventas por el retrato de su familia y el entorno social en el que creció, profundamente afectado por la desindustrialización, por el desmantelamiento de la aparcería y por la crisis que trajo consigo el cambio económico y tecnológico para familias enteras que dependían de las minas de carbón, la industria del hierro y del acero y la manufactura tradicional. Milagrosamente y gracias al tesón de su abuela, Vance pudo graduarse de la Universidad Estatal de Ohio y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, pero dejó a atrás amigos y familiares en las garras del alcoholismo, la heroína, el desempleo y la desesperanza. A diferencia de muchos otros, Vance no romantiza la pobreza blanca y de cuello rojo. Al contrario, es un duro crítico de la forma en que ciertas actitudes han acendrado su propia marginación. El martes pasado, Vance resultó electo Senador por su natal Ohio. Su campaña lo reivindicó como el outsider conservador que necesitaba el estado y una lectura rápida a sus textos proselitistas retrata bien un ideario forjado en esas comunidades donde, como él mismo contrasta, las altas tasas de ciudadanía estadounidense se correlacionan con las igualmente altas tasas de pobreza y criminalidad. En su visión, los enemigos son el establishment que no hizo nada para detener el deterioro de Estados Unidos, China que ha comprado, o peor aún robado, las industrias estadounidenses, Biden que ha dado la espalda a la industria del gas y el petróleo, los demócratas que han negociado tratados de libre comercio en detrimento de la industria estadounidense, la migración indocumentada que contribuye a arrebatar los empleos que tanto necesitan los estadounidenses, la oligarquía de la tecnología que roba la información a las personas, la industria armamentística que promueve guerras en su beneficio directo, las grandes empresas que impiden políticas de defensa de los pequeños empresarios, y el adoctrinamiento liberal en las escuelas que, entre otras cosas, promueve el aborto. En efecto, Trump podrá tener los días contados pero el trumpismo tiene nuevos líderes para resurgir con fuerza y seguramente con mayor credibilidad. Arturo Magaña Duplancher Director Editorial de Globalitika, plataforma de análisis y opinión sobre política internacional. Es licenciado en relaciones internacionales por El Colegio de México y maestro en la misma disciplina por la Universidad de Leiden, Países Bajos. Ha sido consultor, asesor e investigador con una trayectoria profesional de dos décadas en el Congreso de la Unión y publicando textos en medios nacionales e internacionales. Ha sido también Fellow de la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia, Italia.

Originalmente publicado en El Economista Los números parecen sencillos. En la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, el candidato de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, superó al presidente que buscaba la reelección, Jair Bolsonaro, por dos millones de votos, un porcentaje apretado de 1.8 por ciento. Y sin embargo las categorías izquierda y derecha no acaban de explicar el complejo lienzo electoral que puede describir a la sociedad brasileña. Por una parte, el regreso milagroso -de la tumba, como él dijera- del expresidente Lula para ganar una tercera elección. Y, por otra, la consolidación de Jair Bolsonaro, como el líder indiscutible de la derecha, un agrupamiento en el que cabe exactamente la mitad de los electores brasileños. El hecho mismo de la candidatura del ex Presidente, Lula da Silva, es un reconocimiento de que solo una figura como la de él podría derrotar al Presidente en funciones, no nada más por el poder y la exposición que da ser el titular del Ejecutivo sino porque Bolsonaro ha logrado despertar pulsiones rupturistas que dormían en el alma de muchos de sus seguidores. La candidatura de Lula fue en sí un reconocimiento de una nueva realidad política y de la fragilidad de la joven democracia brasileña. Bolsonaro no es un conservador al modo antiguo, no es un derechista de escapulario, rosario y rezos a la Virgen. El ex militar es más bien un insurgente al estilo Trump, por cierto, su gran inspirador. Sus valores son los valores aparentemente tradicionales de “Dios, Patria y Familia” —a los que agrega “Libertad”—, pero ahora revestidos de desplantes de machismo trumpiano. En vez de una procesión cargando a la Virgen, una manifestación de cientos de motociclistas tripulando Harley Davidsons, con Bolsonaro a la cabeza. En vez de veladoras y rosario, pistolas y rifles recién liberados bajo su gestión con los mismos argumentos de la National Rifle Association, NRA. Resta su alianza con el agronegocio, actividad cuya importancia ha crecido en Brasil debido a la “enfermedad holandesa”: la creciente desindustrialización del país, herencia de la década de altos precios de las materias primas. Esta alianza es una de las causas principales del aumento desmedido de la deforestación en la Amazonia. De tal manera que sobre la categoría “derecha”, hay que sobreponer las de movimientos identitarios a los que les importa menos los resultados de la gestión desastrosa del presidente y más el sentirse representados en esa insurgencia rupturista. Frente a todo eso, crece la proeza de la alianza encabezada por Lula da Silva, de lograr derrotar al trumpismo brasileño. Triunfó pero en condiciones muy acotadas. El bolsonarismo capturó el 38 por ciento de la Cámara de Diputados frente al 24 por ciento de la coalición lulista; también están en minoría en el Senado. En la Cámara de Diputados queda el llamado centro que se inclina más hacia Bolsonaro pero cuatro años del PT en la Presidencia, son un buen incentivo para negociar. El panorama en las gubernaturas es más equilibrado, con todas las principales fuerzas presentes en uno o más estados. Lo apretado del triunfo y su minoría en el Congreso obligará al PT a aceptar correrse al centro y llevar a cabo una política económica más ortodoxa, como sucedió en el 2003, primer año de su primera presidencia. De hecho ya lo había aceptado al darle la Vicepresidencia a Geraldo Alckmin, figura tradicional del centro derecha, con gran arraigo en el estado de São Paulo, uno de los motores económicos de Brasil. Es posible que Lula compense esta moderación obligada, con una política exterior muy activa y un tanto más de “izquierda”. Así como el mundo respiró aliviado cuando triunfó Biden, muchos descansamos al conocer los resultados electorales y confirmarse el triunfo de Lula. Un hecho poco conocido es que Brasil es la cuarta democracia más antigua. Que lo siga siendo: un Brasil democrático y próspero es bueno para los brasileños y para el mundo. Cecilia Soto González Es una feminista, política, analista política y ex diplomática mexicana; también fue excandidata a la Presidencia de México por el Partido del Trabajo (PT) para las elecciones del 1994. Fue Diputada local de Sonora en 1988-1991 y Diputada federal por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) de 1991 a 1994 y embajadora de México en Brasil de 2001 a 2006. Fue diputada federal plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a la Cuarta Circunscripción donde presidió la Comisión de la Ciudad de México. Además, fue diputada constituyente designada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. El 30 de septiembre, el juez federal Dennis Saylor desestimó la demanda del Gobierno de México contra once fabricantes de armas en Estados Unidos por sus prácticas negligentes que promueven el tráfico ilícito de esas armas. México anunció de inmediato que va a apelar. El 10 de octubre, México interpuso otra demanda contra cinco armerías en Arizona cómplices en el tráfico hacia México de armas de alto poder, instrumentos de daños devastadores. El mercado de armas en Estados Unidos es enorme, militarizado y permisivo, con miles de armerías en Texas, Arizona y California. Por lo menos 70% de todas las armas ilícitas recuperadas en México y monitoreadas vienen de Estados Unidos . La venta libre de fusiles de asalto y para francotiradores representa una oferta obvia para organizaciones que utilizan la violencia en México para controlar y disputar mercados ilícitos. Un estudio de la Universidad de San Diego estimó que 250.000 armas de fuego pasan ilegalmente por la frontera a México cada año. Ya hay más homicidios en México con armas de Estados Unidos que los que hay en Estados Unidos. El juez Saylor citó legislación federal que blinda a las armerías contra los efectos destructivos del uso de armas. La apelación de México pondrá a prueba si esa ley puede aplicarse extraterritorialmente por daños causados en México. Las políticas de armas, drogas y migración de Estados Unidos son perfectas para el modelo de negocio de las organizaciones criminales. Por un lado, la militarización de la frontera para frenar el flujo de drogas y de migrantes hacía Estados Unidos hace que los precios de las drogas y del tráfico de migrantes aumenten enormemente. La fácil disponibilidad de armas de alto poder en Texas y Arizona facilita el control y la disputa por esos mercados en México. El aumento del armamento importado legalmente a México para uso policial, cuando las autoridades se coluden con la delincuencia , empodera aún más a los criminales coludidos, al mismo tiempo que aumenta el índice letal de los enfrentamientos entre agentes estatales y no-estatales. Pero la prioridad que ambos países ponen en el comercio legal, institucionalizado con los tratados de libre comercio bilaterales, genera un enorme, dinámico e ilícito tráfico por la frontera, con docenas de miles de camiones, contenedores y carros cruzando diariamenteos. En ese flujo, la eficacia de estrategias enfocadas en detectar y confiscar armas de fuego en la frontera es muy limitada, tal como hemos visto durante las décadas de la guerra contra las drogas. Es más, la narrativa racista de que la violencia y males vienen del sur y no de Estados Unidos ha arraigado la infraestructura paramilitar y tecnológica contra flujos del Sur al Norte, con poco interés en las armas que van a México. Las demandas de México contra armerías en Estados Unidos representan un paso importante. Ponen en la mira la responsabilidad de los que lucran de las armas usadas en la violencia y pueden tener resultados jurídicos y en los debates públicos. Pero no son suficientes. Más de una de cada cuatro armas aseguradas en México desde 2016 fueron importadas a Estados Unidos antes de ser compradas en armerías y traficadas a México. El presidente Biden puede volver a reclasificar las armas de asalto, tal como hizo Bill Clinton y así prohibir su importación a Estados Unidos. Lo puede hacer sin recurrir al Congreso, donde muchos temas se estancan. Es evidente que muchos actores necesitan voluntad política para frenar el flujo de armas que destruyen tantas vidas en México, en Estados Unidos y aún en otros países. John Lindsay-Poland Ha investigado, escrito y hecho incidencia sobre los derechos humanos y la desmilitarización de las políticas de Estados Unidos por 40 años. Coordina el proyecto “Alto a las Armas de Estados Unidos a México” y es co-director del programa de la Justicia Curativa del American Friends Service Committee en Oakland, California. Su investigación e informes se han enfocado en la asistencia militar y las bases militares de Estados Unidos y respeto para los derechos humanos en América Latina. De 1989 a 2014, coordinó programas sobre América Latina e investigación del Movimiento de Reconciliación (FOR). Fue co-fundador del Proyecto Colombia de Brigadas Internacionales de Paz, y de Presencia por la Paz de FOR en Colombia. Es miembro del colectivo #PazSinArmas en México.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Respondiendo a la necesidad de recuperar el liderazgo económico-comercial luego de su retiro del entonces llamado TPP, en mayo pasado Estados Unidos anunció, con otros 12 países, la iniciativa para negociar un marco económico Indo-Pacífico para la prosperidad (IPEF en inglés). Desde entonces, los ministros de los países participantes del IPEF han avanzado en precisar sus objetivos de negociación bajo 4 pilares: (i) comercio; (ii) cadenas de suministro; (iii) economía limpia; y (iv) economía justa. En días pasados, la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR en inglés) publicó sus propios objetivos para el pilar comercial. Éstos son en gran medida iterativos de lo concebido en su momento para el TPP, y más recientemente para el T-MEC. Los compromisos comerciales específicos a negociarse aterrizarán en áreas conocidas como economía digital e innovación, facilitación comercial, agricultura, temas laborales, economía sustentable, competencia, y transparencia, entre otros. Según se concluye del anuncio del USTR, las negociaciones buscarán crear certidumbre para un comercio regional sin interrupciones, a fortalecer capacidades productivas en áreas estratégicas, a fin de reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro, tomando como punto de partida lo negociado por EUA en años recientes. No obstante, una diferencia notable con TLCs previos es que en el IPEF las nuevas oportunidades de acceso a mercados no se negociarán a través de concesiones arancelarias mutuas, sino mediante “nuevos y creativos” enfoques en torno al comercio y la cooperación tecnológica. Todavía está por verse qué significa lo anterior, pero el objetivo de contar con un conjunto de reglas para la cadena de suministro regional, actualizadas a la realidad geopolítica imperante, es no obstante estratégico. Por su parte, destaca que México también persigue acciones de política comercial en diversos frentes, similares a las impulsadas en el IPEF. En el contexto norteamericano, el Diálogo Económico de Alto Nivel con EUA busca mitigar vulnerabilidades y fortalecer las cadenas de suministro en áreas específicas, mediante el aumento de la inversión, el fomento a la innovación, y la armonización regulatoria y técnica, entre otras. Igualmente, la aprobación de las leyes CHIPS y de Reducción de la Inflación en EUA es vista en México como una oportunidad para posicionar al país como parte de los esfuerzos para relanzar la competitividad norteamericana, donde México sería complementario en la producción de semiconductores, y en la transición hacia la electromovilidad. Finalmente, el reciente planteamiento de la Secretaría de Economía para encaminar una política industrial, implica tomar como ancla las herramientas de comercio exterior que tiene el país, para impulsar áreas también coincidentes con el IPEF. Lo anterior apunta a objetivos similares a los del IPEF que, aunque abordados desde una perspectiva más reducida (bilateral, nacional), sólo se explican si se enmarcan en un ámbito global. Por ello, la estrategia comercial mexicana, cuyo eje es EUA, hará más sentido si se considera a socios top ten como Japón, Corea, Malasia, e India, que complementan la cadena de suministro en México; y si se se busca la sinergia con EUA en un entorno regional ampliado. El siguiente paso para México tendría que pasar por escalar la aproximación estratégica a las cadenas de suministro, para contar con un marco de acción comercial articulado a la dimensión regional adecuada. El IPEF es una plataforma para ese efecto desde varios ángulos: no sólo implica un espacio donde el principal socio comercial de México diseñará nuevas reglas comerciales para la región Asia-Pacífico, sino que esas reglas seguramente podrían aportar a la cadena de suministro en México, en temas que nuestro país ya ha negociado previamente, y en los que tiene capacidad de contribuir e influir a su favor. La decisión de inicio será de los actores de comercio exterior del país, tanto públicos como privados. Roberto Zapata Barradas Es socio senior en Ansley Consultores Internacionales, firma de consultoría en México que se enfoca en el diseño y ejecución de soluciones estratégicas para gobiernos y empresas en torno a políticas públicas, inversión y comercio internacional. Fue previamente Embajador y Representante Permanente de México ante la Organización Mundial del Comercio (2017-2019). Durante su periodo como Representante Permanente ante la Organización, fue seleccionado como Presidente del Grupo de Negociación de Reglas, que incluye las negociaciones multilaterales para disciplinar subsidios dañinos a la pesca. Cuenta con una trayectoria previa de mas de 23 años en la Secretaría de Economía del gobierno federal, en la que adquirió amplia experiencia en el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con múltiples negociaciones comerciales internacionales de México con países de América, Europa y Asia-Pacífico, incluyendo como jefe negociador del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, 2012-2016), así como la representación de México en organismos internacionales como APEC (2006-2012), y G20 (2012, 2016).

Uno de los slogans emblemáticos del fascismo italiano, acuñado en 1931 por el entonces Secretario General del Partido Nacional Fascista, Giovanni Giurati, fue precisamente el de Dios, patria y familia. Junto con otros dos, “Creer, Obedecer y Combatir” y “Autoridad, Orden y Justicia”, se leían por doquier en las calles de la llamada tercera Roma a principios de los años cuarenta. Luego de la Roma de los emperadores, y la Roma de los Papas, vendrá la Roma del Pueblo, decía Giuseppe Mazzini. De acuerdo con Giorgia Meloni, estos lemas no solo resumen bien el ideario de su partido “Hermanos de Italia”, que resultó victorioso en la elección italiana de este domingo y en virtud de cuyos resultados se convertirá seguramente en primera ministra, sino que son “un hermoso manifiesto de amor que atraviesa los siglos”. El triunfo de una formación de derecha que integran partidos radicales, ultranacionalistas, xenófobos, anti inmigrantes, euroescépticos y populistas como Forza Italia presidida por Silvio Berlusconi, La Lega presidida por Matteo Salvini y encabezada por Hermanos de Italia, es parte de una reacción antisistema, de castigo a los partidos tradicionales, de insatisfacción con la democracia y de una nueva apatía electoral que azota en mayor o menor medida a todos los países europeos. Pero es, sobre todo, una respuesta desesperada a un estado de angustia que el Secretario General de la ONU definió esta semana en anticipación a un “invierno del descontento”, es consecuencia de la fragmentación cada vez mayor de la oferta electoral de izquierdas y derechas en el continente y sin duda parte de una reacción globalifóbica, anticosmopolita y de feroz crítica a un estado de bienestar en decadencia como la vista con el impresionante avance de la derecha sueca en las elecciones del 11 de septiembre pasado. En efecto, Meloni representa la primera vez que en Italia un partido de orígenes neofascistas conquista el poder después de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí la enorme preocupación que genera un ideario centrado en detener la inmigración, favorecer la mano dura en materia de seguridad y política de drogas, defender una supuesta identidad nacional bajo acecho de la globalidad, promover una visión tradicional de la familia y declararle la guerra al pluralismo y la diversidad. Si bien en materia de política exterior, no genera especial preocupación su postura crítica frente a Rusia y de defensa abierta a Ucrania, su preocupación “por las raíces clásicas y judeocristianas de Europa” y por “organizar mejor la defensa del interés nacional frente a Europa” es fuente de gran incertidumbre lo mismo que su amistad con Marine Le Pen en Francia, con los líderes del partido Vox en España y con el propio Viktor Orban en Hungría. Desde luego, hay razones adicionales para la angustia. En primer lugar, el partido que liderará el gobierno no tiene ninguna experiencia administrativa y brincará de tener el 4% de los votos en la elección de 2018 al gobierno del país. En segundo lugar, la cuestión de la enorme deuda pública de Italia genera incertidumbres relacionadas con la gestión de gobierno que podría perder el control de los débiles equilibrios económicos y de una agenda de reformas estructurales a las que daría marcha atrás por sus afinidades proteccionistas y anti libre mercado. Pero muy a pesar de todo, hay razones para documentar un relativo optimismo. No es difìcil creer que la coalición será muy inestable en la medida en que incluye a formaciones políticas con agendas no siempre concordantes en lo social, lo económico y lo moral. Encima, las personalidades de Berlusconi y Salvini son todo menos la de políticos profesionales, pragmáticos, responsables y congruentes. Por si fuera poco, muchos observadores de la realidad italiana apuntan a los enormes contrapesos constitucionales, institucionales y jurídicos que enfrentará Meloni y subrayan el miedo a perder los multimillonarios fondos europeos anti-COVID si Italia intentara ampliar su estrecho margen de maniobra en materia fiscal o financiera. Sin embargo, en un país que ha tenido más de 70 gobiernos desde 1946 el desafío de Meloni parece ser aún más básico. Y es que, el surgimiento y el éxito rotundo, hace una década, del Movimiento de las Cinco Estrellas inauguró en Italia un nuevo espacio sin ideologías que ataviado de un lenguaje llano y empático conquistó al electorado ofreciendo un cambio de símbolos pero no necesariamente un cambio de políticas y mucho menos planteando respuestas nuevas, coherentes e integrales a los principales problemas del país. Ese partido, al abrazar su identidad “atrapalotodo”, según la tipología de partidos de Kirchheimer y Duverger, terminó por decepcionar rápido a los italianos y hoy está reducido a un triste tercer lugar. Esta podría ser la misma suerte de un partido y una candidata que concentró muchos esfuerzos en atacar a los colectivos LGBTTTI, a la burocracia europea, al Islam y a la inmigración pero que no tiene una oferta de crecimiento económico, de mejora del sistema de salud, de generación de empleo y control de la inflación, de combate al cambio climático y de protección de los derechos de las mujeres. Y es que la agenda de "Dios, Patria y Familia" en un país como la Italia de hoy, no ofrece mucho más que demagogia. Arturo Magaña Duplancher Director Editorial de Globalitika, plataforma de análisis y opinión sobre política internacional. Es licenciado en relaciones internacionales por El Colegio de México y maestro en la misma disciplina por la Universidad de Leiden, Países Bajos. Ha sido consultor, asesor e investigador con una trayectoria profesional de dos décadas en el Congreso de la Unión y publicando textos en medios nacionales e internacionales. Ha sido también Fellow de la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia, Italia.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. China no pasa por un buen momento. La ralentización de la economía, las dificultades en controlar el COVID-19 y el reventón de la burbuja inmobiliaria han llevado a varios a vaticinar el fin del “milagro chino”. Algunos anuncian que ya la economía china no solo no superaría a la de Estados Unidos a fines de esta década ( como se ha proyectado desde hace varios años ), sino que ello no ocurrirá nunca . En mi nuevo libro, Xi-na en el siglo del dragón: lo que todos deben saber sobre China (LOM), indico porqué esto no tiene fundamento. El secreto del éxito de China está en su capacidad de innovación. Ello le ha permitido salir una y otra vez de sus dificultades. No hay razón para pensar que ello ha cambiado. Prueba al canto es el caso de Shenzhen. A fines de los setenta, una mera aldea de pescadores de 30,000 habitantes, y hoy una vibrante metrópolis de 14 millones de habitantes, capital mundial del sector de telecomunicaciones, y sede de empresas como Huawei, ZTE y Tencent. Como es sabido, Deng Xiaoping hizo de Shenzhen un laboratorio de sus políticas de “apertura y reforma”, que tanto éxito tuvieron. Ellas llevaron a China a crecer a un 10 % anual por tres décadas consecutivas, algo que ningún economista creía posible en país alguno, no digamos ya en uno del tamaño de China. Lo que es menos sabido es que este “despegue” de Shenzhen tuvo dos etapas. Una , a partir de 1979, cuando el gobierno chino la designó Zona Económica Especial (ZEE), lo que condujo a un gran auge de la industria manufacturera. La segunda, a partir de 1993, cuando el secretario general del PCCH en Shenzhen ( y por ende, máxima autoridad política en la ciudad), Li Yuowei, concluyó que el futuro no estaba en plantas de ensamblaje ni en la copia de prototipos, sino que en la innovación tecnológica. Así, decidió que empresas manufactureras tradicionales no podrían registrarse en la ciudad, apostando en cambio por las de TI y telecomunicaciones. El cambio fue dramático, y el resto, como se dice, es historia. Entre 1980 y 2016, Shenzhen creció a un 22% de promedio anual, el doble del país. El gasto en Investigación y Desarrollo ( I&D) es de un 4% del PIB de la ciudad, el doble del promedio nacional. El número de patentes internacionales que se registran en Shenzhen es el doble de las del Reino Unido o Francia. Siete empresas basadas en Shenzhen están entre las Fortune Global 500 . Shenzhen también es sede de BYD, la empresa mundial líder en buses eléctricos y la primera en proveerlos a ciudades latinoamericanas como Bogotá y Santiago. De hecho, la flota completa de buses del municipio, 16,000 de ellos, es eléctrica, la primera ciudad en el mundo en esa condición. Mi punto es que en China la innovación no es meramente una palabra a la que todos le rinden pleitesía ( como ocurre tanto en nuestros países) , sino que algo a lo cual se le asignan recursos y se actúa en consecuencia. Tanto en el Plan Quinquenal de 2015, como en el de 2020, la innovación ocupa un lugar central, como uno de los motores del crecimiento del país. Y lejos de conformarse con los avances logrados, y quedarse en ellos, como lo demuestra el caso de Shenzhen, en China siempre se está avistando el próximo paso en el avance tecnológico. Aquellos que están apostando por “el fin del milagro chino” corren el riesgo de perder mucho dinero. Jorge Heine Es profesor de Relaciones Internacionales en la Escuela Frederick Pardee de Estudios Globales en la Universidad de Boston. Ha sido anteriormente embajador de Chile en China, en India y en Sudáfrica, así como ministro de Estado en el gobierno de Chile. Es ex-vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA), y ha sido profesor invitado en las universidades de Constanza, Oxford, París y Tsinghua. Ha publicado 17 libros.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. No es la primera vez que en el Estado mexicano se discute públicamente la militarización de la seguridad pública. La militarización, puede definirse en su sentido más simple, como la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas ajenas a la defensa, como las de seguridad pública. Sin embargo, la militarización también involucra la utilización de lenguaje de guerra, el manejo de un discurso de tiempo estratégico o sentido de urgencia, un interés institucional, ya sea de las Fuerzas Armadas para tener más recursos financieros o de los poderes civiles para desentenderse de sus obligaciones delegándolas al poder militar, y que los operadores del sistema de seguridad actúen con base en el combate o aniquilación de amenazas y enemigos, sean crimen organizado, narcotráfico o cualquier otro delito de alto impacto. Pero México es solo un ejemplo de la utilización de las Fuerzas Armadas en seguridad pública que en Centroamérica avanza como eje rector de las políticas de seguridad. A continuación presento algunos ejemplos geograficamente cercanos. El Salvador después de la firma de sus Acuerdos de Paz en los noventa que pusieron fin a su conflicto armado interno, inició su transición a la democracia con medidas enfocadas en la militarización directa de la seguridad pública, con la justificación del sobrepaso de las actividades criminales de pandillas y grupos criminales a la respuesta de la Policía Nacional Civil recién creada. Al día de hoy, El Salvador sigue utilizando a las Fuerzas Armadas en la llamada “guerra contra las pandillas” que ha llevabo al Presidente Nayib Bukele, a mantener al “pulgarcito de Centroamérica” en un régimen de excepción desde marzo de 2022, con algunos días de cero homicidios, pero con un aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones de personas sobre las que han alertado organismos defensores de derechos humanos. En Honduras, después del golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya en 2009, los gobiernos, en particular el de Juan Orlando Hernandez, refirieron abiertamente que una medida para solucionar los altos índices de violencia homicida en el país sería la militarización y la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) como un cuerpo dentro de la Fuerza Armada de Honduras que, en coordinación con la Policía Nacional y a partir de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), se encargaría de combatir al crimen organizado. Al día de hoy, la Presidenta Xiomara Castro, ha referido que la PMOP continuará sus trabajos de combate al crimen organziado. Las Fuerzas Armadas en América Latina, con excepciones, hacen cada vez menos labores de defensa nacional y cada vez más labores de seguridad pública. En este mes que se celebra la independencia de México y de los países de Centroamérica, con un alto componente simbólico militar, resulta pertinente preguntar ¿para qué necesitan las democracias Fuerzas Armadas? Y sobre ello ¿qué pueden o no hacer? Si la Guardia Nacional mexicana tuviera que compararse con otro cuerpo de seguridad, sería con la Policía Militar del Orden Público de Honduras, no por los resultados que pueda alcanzar en el mediano o largo plazo en materia de seguridad, sino por las transformaciones institucionales que trae consigo al Ejercito Mexicano. Si todo marcha de acuerdo al plan anunciado, el 16 de septiembre veremos en México el traspaso simbólico de la Guardia Nacional al Ejército, y con ello, la consolidación de la militarización de la seguridad púbica federal en el país, pero también, la continuidad de la policialización del Ejército mexicano. Ese traspaso, aunado al deseo de que las Fuerzas Armadas continuen realizando labores de seguridad pública hasta 2029, está inserto en un contexto regional más amplio que aún debe ser estudiado cuidadosamente. Daira Arana Aguilar Directora General de la organización de asuntos internacionales Global Thought Mx. Estudiante del Doctorado en Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Sus temas de investigación están enfocados en los procesos de militarización y militarismo en América Latina, Derechos Humanos aplicables al Uso de la Fuerza y Derecho Internacional Humanitario, así como aplicación de la perspectiva de género y los feminismos en el ámbito de la seguridad. Ha laborado en instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, internacionales y académicas enfocando su trabajo en cuestiones de seguridad, Uso de la Fuerza, normas de protección de la persona e inclusión de la perspectiva de género en las fuerzas armadas y de seguridad.

Elijo el título en español de una de mis películas favoritas (Kevin Macdonald, 2006) sobre el dictador ugandés Idi Amin, por considerar que evoca perfectamente, el título no el tema, el dilema que enfrenta Carlos III de Inglaterra con respecto al Reino Unido y desde luego a la Mancomunidad Británica. Consulta el artículo en PDF aquí.

Colaboración publicada originalmente en El Economista . ¿Cómo clasificar la crisis de violencia en México? ¿Los cárteles son meras organizaciones criminales o se les puede clasificar como guerrilla o incluso como terroristas? La Convención de Palermo define como grupos delictivos organizados a cualquier grupo estructurado de 3 o más personas que comete delitos de forma sistemática para obtener un beneficio económico. En contraste, la mayoría de las definiciones legales de terrorismo suelen distinguir a este fenómeno de la delincuencia organizada porque los terroristas delinquen no para alcanzar un fin económico, sino para alcanzar un fin político (o al menos, echan mano de algún tipo de narrativa o reivindicación política). No existe una definición internacionalmente aceptada de terrorismo. Los regímenes dictatoriales suelen designar como terrorismo a cualquier forma de oposición, como es el caso del gobierno sirio de Bashar Al-Assad. Además, la guerrilla y el terrorismo son fenómenos sujetos al prisma de la historia. La célebre Boston Tea Party , uno de los momentos fundacionales de la guerra de Independencia de los Estados Unidos, hoy podría considerarse no un acto de patriotismo, sino un atentado terrorista de haber triunfado los británicos. El Manual de Guerra Irregular del Ejército Mexicano define la guerrilla como el arte de acosar y entorpecer las operaciones del enemigo. Mientras que la guerra regular busca controlar en su totalidad un territorio, la guerrilla tiene una meta más modesta porque sus recursos son limitados. México ha atestiguado múltiples casos de infiltración de organizaciones criminales en el gobierno. Sin embargo, dicha infiltración no aparenta tener un fin político. Los cárteles no son homogéneos, tienen metas y organizaciones distintas entre sí. Adicionalmente, al menos a golpe de vista, pareciera que esta captura del gobierno no se persigue como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar que las autoridades no intervendrán en su búsqueda de un beneficio económico. La guerrilla, el terrorismo y la delincuencia organizada tienen muchos métodos en común: el sabotaje, la propaganda y la violencia homicida, etc. Sin embargo, reconocer la existencia de terrorismo o de un conflicto armado interno en México puede atraer muchos más problemas de los que resuelve. Los delitos de rebelión, terrorismo y delincuencia organizada comparten una dificultad procesal en el Código Penal Federal mexicano. Para sentenciar a un individuo por estos delitos, no sólo hace falta acreditar materialmente la comisión de un ilícito, sino además la modalidad y finalidad de éste. Por ejemplo, es relativamente fácil acreditar que 10 personas asesinaron a X cantidad de personas en determinado día. Sin embargo, es mucho más difícil demostrar que los asesinos se conocen entre sí y que desean desestabilizar al gobierno mexicano. Claro que existen mecanismos para probar su organización e intenciones. Se puede solicitar una sábana de llamadas, demostrar frente a un juez que estos individuos se comunican con frecuencia para compartirse instrucciones, pero hasta las más básicas medidas de contrainteligencia pueden entorpecer la judicialización de estos casos. Los detenidos pueden haber hablado en clave o haber utilizado muchos números de teléfono diferentes para comunicarse entre sí. Es relativamente fácil obtener una sentencia por homicidio, pero probar la modalidad y la intención de éste, es mucho más difícil en el sistema penal mexicano. Adicionalmente, al ser vecinos de los Estados Unidos, de inmediato se activaría su marco legal para la persecución del terrorismo. El Acta Patriota, la Convención contra la Financiación del Terrorismo, serían el pretexto perfecto para materializar algunas de las amenazas hechas por el expresidente Donald Trump, como la de detener el flujo de remesas de Estados Unidos a México, o su intención de montar una campaña militar que vulnere la soberanía mexicana so pretexto de combatir a los cárteles. En resumidas cuentas, cambiar la taxonomía de los cárteles complica mucho y ayuda poco. Víctor Antonio Hernández Ojeda Es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se desempeñó como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, para posteriormente incorporarse como analista de la División de Inteligencia de Pinkerton. Tiene intervenciones semanales en diversos medios de comunicación como analista de temas de seguridad y defensa, y es autor del libro "Montesquieu y la construcción de la paz internacional".

La visita de Pelosi a Taiwán marcó un punto de inflexión geopolítica en el este asiático, en los Estados Unidos vulnera las preocupaciones de seguridad de China al tiempo que desconoce el carácter identitario del país asiático. Taiwán no solo representa un espacio geoestratégico para China, sino también un aspecto medular de su identidad civilizacional. A diferencia de pasadas crisis en el Estrecho de Taiwán, el acercamiento entre Taipéi y Washington se da en una coyuntura en que China es una potencia regional, candidata a hegemonía mundial, por lo que la vulneración de sus intereses geopolíticos podría desembocar en conflictos más severos para la región asiática. Consulta el artículo en PDF aquí.

Colaboración publicada originalmente en El Economista . La intensa relación bilateral entre México y Estados Unidos mantuvo una combinación de voluntad política y periodicidad en las reuniones interparlamentarias que lograron afianzar un camino paralelo a la diplomacia tradicional. La primera interparlamentaria tuvo lugar en Guadalajara en 1960 en pleno contexto de la Guerra Fría y en realidades tan distantes a la actual entre ambos países: existía el Programa Bracero, se preparaba la entrega de El Chamizal y México crecía a tasas que nunca vistas desde su vida independiente. Frente a la estructura presidencial en el poder, los legisladores de ambos Estados supieron alentar una vía que, año con año y alternando las sedes por país, formalizó un «parlamento» que ha perdurado frente a trece presidentes estadounidenses y once mandatarios mexicanos. La interparlamentaria coadyuvó a relajar la tensión de la relación en la década de los 80´s cuando el gobierno mexicano estuvo a punto de expulsar al Embajador estadounidense, John Gavin, por sus abiertas intromisiones a la vida interna derivado de las crisis del narcotráfico, la deuda externa y la tensión en América Central. Una interparlamentaria es un resorte de Estado y no debe ser lugar para rellenar espacios, sino para saber qué se dice, qué se propone y qué se quiere. Ya existe una asimetría entre el Congreso mexicano y el estadounidense donde este último tiene un «Congress staff» permanente, que trasciende legislaturas y es de suma profesionalidad. Los legisladores de Estados Unidos saben a qué van y qué van a obtener. En un momento apremiante sería un riesgo y enorme error que legisladores mexicanos acudan a lugares comunes o a la tersa caligrafía de los documentos que acompaña la SRE, esa práctica de la cancillería que lejos de respetar la autonomía del Legislativo federal cree que le puede dictar las directrices y contenidos. Enarbolar una posición de Estado en un momento de crisis es apremiante como el de resguardar la independencia de cada poder. Un riesgo para muchos conocedores de la relación bilateral es que cuando diversas agencias estadounidenses, como la DEA, investigan delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada o presuntas complicidades con el narcotráfico de políticos mexicanos, exista algún integrante de la delegación mexicana que pueda estar involucrado. Ello podría quebrar más la confianza con los interlocutores. El lamentable caso del Gral. Salvador Cienfuegos, ex Secretario de Defensa Nacional que fue detenido con “asombro” del propio gobierno mexicano en suelo estadounidense, es un aviso contundente del riesgo de una delegación legislativa con algún miembro que pudiera estar siendo investigado. El entonces senador demócrata por Connecticut, Christopher Dodd (y enviado por el presidente Biden para convencer a AMLO de asistir a la Cumbre de las Américas), muy cercano políticamente al Senador Edward Kennedy, elevó el nivel del debate en la Interparlamentaria y su buen español era un factor que ayudaba sobremanera a facilitar el encuentro. El cuidado de toda interparlamentaria es saber dar un cauce binacional y no sólo atender casos tan especiales como la región fronteriza. El propio Emb. Ken Salazar, sabe de la virtud de la Interparlamentaria desde su experiencia como senador por Colorado. Estados Unidos y su Congreso tienen, a diferencia del legislativo mexicano, poco espacio en la diplomacia parlamentaria. El desarrollar por más de medio siglo estas reuniones ubican desde la vida parlamentaria estadounidense a México, como país estratégico. Canadá, Japón y el Reino Unido son los otros países que el Congreso de Jefferson y Adams, conceden un trato especial en el diálogo legislativo. El Capitolio tiene islotes de políticos profesionales que buscan convergencias con México con independencia de la Casa Blanca. Es menester del legislativo mexicano aprovechar esos espacios para el diálogo y el entendimiento. Dicha presencia se abandonó una vez ratificado el TLCAN en 1994. Antes, el mandatario mexicano entendió que no toda la política en Estados Unidos se hace en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Otro punto nodal es la capacidad de que actuales legisladores estadounidenses podrían ser mañana mandatarios de la Unión Americana, tal es el caso reciente de Barack Obama y el propio Joe Biden, que venían de ser senadores por Illinois y Delaware. Los representantes y senadores de diversos estados saben de los riesgos que tendrían si dejan que el primer o segundo socio comercial de sus representados y estados salga del T-MEC. Para muchos podría estar en juego hasta su reelección. En México, el escenario es más frágil por la devaluación de los legisladores y en gran parte de la llamada «clase dirigente», incluyendo oposición, que aún no ha resuelto que se busca con Estados Unidos más allá T-MEC. El ex canciller y ex senador de la república, Fernando Solana, comentó que la Interparlamentaria puede «preservar la capacidad en la toma de decisiones para beneficio de nuestra sociedad». Al iniciar el período ordinario de Sesiones, sorprende que el Legislativo mexicano no levante la mano para recuperar un instrumento vital que podría abrir surcos de entendimiento en la complicada relación entre México y Estados Unidos. Juan-Pablo Calderón Patiño Es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de postgrado en El Colegio de Veracruz y la Universidad de Buenos Aires. Realizó su práctica profesional en la Embajada de México en la exYugoslavia. Tiene diversas publicaciones como colaborador invitado en Este País, Reforma, El Financiero, la edición electrónica de Foreign Affairs Latinoamérica y en la Fundación Ortega y Gasset. Participó en diversas tareas en los órganos de Gobierno en el Congreso de la Unión, destacando la organización y el trabajo de apoyo para la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Desde hace una década trabaja en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El 15 de agosto de 2021 el talibán entró triunfante a Kabul y con ello llegó a su fin una intervención militar de dos décadas que encabezó Estados Unidos y que dejó un saldo de 176 mil afganos muertos, muchos heridos y mutilados además de desplazados forzados, refugiados y miles de personas privadas de sus medios de subsistencia. Consulta el artículo en PDF aquí.

Suecia y Finlandia, países poseedores, por distintas razones, de sendas política de neutralidad, han solicitado en mayo pasado su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza militar nacida en 1949 en el marco de la guerra fría y que hoy ha refrendado su cariz anti-ruso y también anti-chino. La alianza noratántica a su vez, ha manifestado su satisfacción dando la bienvenida a las solicitudes de Estocolmo y Helsinki, mismas que se producen en el contexto de la “operación militar especial” de Rusia contra Ucrania que inició el 24 de febrero del año en curso. Consulta el artículo en PDF aquí.

Thanks to a resolution adopted by the United Nations General Assembly last Monday, on June 24 each year we will have the opportunity to commemorate the International Day of Women in Diplomacy. The resolution was co-sponsored by 191 member states, and was introduced by Her Excellency Ms. Thilmeeza Hussain, Permanent Representative of the Maldives to the United Nations. She referred to this new commemoration as “as an annual opportunity to reflect on the challenges faced by women diplomats and actions that can be undertaken to achieve the goal of women’s full, equal, effective and meaningful participation in diplomacy.” Many speeches and editorials we’ve read about women in diplomacy focus on the advantages of including female diplomats in negotiations for peace, development and human rights. Once again, the presence of women in a professional setting -this time, in Diplomacy- seems to need a sound justification. We believe we don’t need to justify or prove anything beyond recalling that women constitute more than half of the world’s population and gave birth to -and remain the main caregivers to – everyone on earth. Women belong in any profession, activity and lifestyle they choose. It’s called autonomy, and women have been fighting for theirs since the 19th century, preparing the way for a broader spectrum of battles towards equality and human dignity for other groups as well. Many examples of distinguished female diplomats can and will be brought up on June 24. But turning this day into a self-congratulatory commemoration of the “Top” women in diplomacy would miss the resolution’s objective for two reasons: Firstly, the preamble to the resolution acknowledges both the contributions of women to diplomacy, and also their underrepresentation. Commemorating the 24th of June by either justifying the presence of women in diplomacy (an exercise that we have never seen in the case of men), or only mentioning women who already form part of diplomatic leadership, is redundant. Secondly, the resolution is calling for change. We need to promote the full participation of women at every level of the profession, including the role of non-traditional diplomats who come from other sectors such as NGOs, foundations, local governments and private companies, whose activities influence decisions related to international policy and international development. As on the 8th of March, the first pertinent question is why are women excluded and/or underrepresented in certain settings of public life? The second is what do we have to modify to achieve equal representation and participation of women - in this case in diplomacy. This International Day is an invitation to reflect on those questions, not to patronize us by celebrating exceptional individuals we already know about (no mansplaining on June 24, please!). Female diplomats are more privileged than many other women. But they are also vulnerable due to the exceptionally nomadic exigencies of their profession. Female diplomats can be subject to all kinds of violence and hardships in their work and in their homes, very often without being able to count on any social – or institutional - network to support them through those challenges. Moreover, their country’s laws sometimes cannot protect them effectively due to their exceptional lifestyle. Some foreign services have developed mechanisms for their protection, but the norm remains that (female) diplomats are an exception for any rule. This becomes dreadfully complicated when female diplomats have children – particularly if the relationship with the father comes to an end, which is not uncommon. In such cases, serious problems remain unaddressed, such as custody, responsibility for childcare, or the effects on the mental health of women and the children under their care. We should also remember that ‘women in diplomacy’ must include those who accompany their diplomat partners on their missions. These women assume the responsibility for the household and create often invaluable local social networks, granting their partners the freedom to focus on their work and shine in the various fora or diplomatic receptions on which their career development often depends. Not all female diplomats get a partner that is willing to do the same. As their partner’s dependents in a foreign country – holding a diplomatic visa that limits the scope of their economic activities, and often having to deal with unfamiliar local cultures and languages – these women’s autonomy is curtailed, making them even more vulnerable to economic violence. Their vulnerabilities are difficult to address even through legal means. Their realities have never been told and their stories and contributions to diplomatic history are essential, but rarely recognized. June 24, then, is not only for the few women diplomats who, somehow, made it to the top. Although inspiring, their stories do not always reflect the experiences of most women in diplomacy. June 24 is for women who want to become diplomats but whose families or romantic partners discourage them to try, because moving will affect their partner’s professional career or will tamper with their ability to care for their children. It is for the female aspirants that get questions like: “Are you married?” “Do you have children?” “How are you going to make your personal life compatible with your career?” during their interviews in selection processes. June 24 is for the female diplomats that found love during their careers, sometimes in a colleague, and end up sacrificing their own career for the relationship. June 24 is for those women who are passed over for promotion while a male colleague with less experience and demonstrably fewer achievements is elevated twice as fast. June 24 is for those women that bring their children with them - even without any support from partners, family, or social networks - and endure the hardships of that double responsibility; or those that do so after surviving domestic violence. June 24 is for the women that deliver for their governments and their fellow citizens in embassies and consulates around the world, without being seen or considered by the same society they serve. June 24 is also for the female partners of male diplomats, those women that enable men to get ahead in their careers, by suppressing their own possibilities for personal, economic, or professional autonomy. To all of them: Let’s remain hopeful. June 24 is about you. Dalya Salinas Pérez , Carolina Sheinfeld , Rocío Cañas and Trinidad Saona , members of the Gender Alliance (Taskfo rce in Care & Diplomacy) Dalya Salinas Pérez Internacionalista y diplomática. Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Gestión de la Comunicación Internacional. Desde hace 15 años, se desempeña como servidora pública en el Servicio Exterior Mexicano e integrante de la Gender Alliance.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. La respuesta es inmediata: no a todos los ciudadanos les importa igual y, aún entre aquellos a los que les preocupa, hay diferencias de forma y de fondo. En materia ambiental y combate al cambio climático, la opinión de quienes votan en la democracia más importante del mundo es relevante porque, las tendencias sociales y políticas que ahí cristalicen, acabarán ocurriendo en muchas otras partes del mundo. Sin Estados Unidos impulsando decisivamente estos temas, la agenda internacional medioambiental enfrentaría (como lo hizo durante la administración de Donald Trump) un camino cuesta arriba. Este año es de elecciones intermedias y las cosas no parecen pintar bien para el partido del presidente Joe Biden . Actualmente, el control del Congreso depende de unos pocos legisladores que le dan la mayoría al partido demócrata y los distritos que pueden decidir el balance de poder en noviembre próximo son altamente competidos, con opiniones divididas sobre el cambio climático, la regulación de las emisiones de carbono, los impuestos verdes, los incentivos a la industria de vehículos eléctricos entre muchos otros. Aún con un demócrata en la Casa Blanca, el margen de acción en materia climática de Estados Unidos se vería limitado sin la cooperación de la rama legislativa. Con base en datos del programa de comunicación del cambio climático de la Universidad de Yale, desagregados al nivel de los 435 distritos electorales federales, fue posible modelar las preferencias electorales de la ciudadanía estadounidense respecto de temas ambientales. Los resultados son fascinantes: los distritos ganados por demócratas (azules) se correlacionan fuertemente con el reconocimiento de que el cambio climático es causado por la acción humana (no hay sorpresa ahí) y los ganados por republicanos (rojos) tienden a negar la existencia del fenómeno ambiental por completo. Sin embargo, hay un grupo nutrido de distritos “morados”, altamente competidos, que tienen opiniones mixtas sobre los impuestos a las emisiones de dióxido de carbono, los subsidios a energías limpias y la extracción de petróleo. Este último tema es particularmente llamativo porque, mientras una mayoría sólida de personas en ambos partidos está en contra de perforar pozos petroleros en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (que es tierra federal, no del estado de Alaska) el consenso es mucho menos claro en el caso de nuevos pozos en aguas profundas en las costas (ya nadie recuerda el incidente Deepwater Horizon ). Aquí se enfrentan el idealismo ambientalista con las imperativas económicas de las y los ciudadanos encuestados, las tensiones internacionales recientes han fortalecidos a estas últimas. Hay casos extremos, como el distrito 14 de Georgia, que es justamente uno de los más conservadores en el país y cuya representante es la polémica Marjorie Taylor Greene. No sorprende que la mayoría de sus ciudadanos favorezca la perforación petrolera en toda circunstancia y que esté en contra de cualquier acción presidencial para combatir el calentamiento global. También hay casos atípicos, de esos que desafían las tendencias. Se trata del distrito 27 de Florida que circunscribe una parte importante del condado de Miami – Dade y el 11 de Nueva York que abarca Staten Island . Ambos son representados por republicanos, pero sus residentes exhiben un fuerte apoyo a las políticas medioambientales del gobierno federal. Las dos zonas geográficas fueron golpeadas por fenómenos climáticos durante los últimos diez años, hecho que explica esta peculiaridad estadística y atisba la esperanza para la despolitización del tema ambiental. Un dato para ser optimistas: sin importar la preferencia partidista, más de la mitad de la ciudadanía reconoce la realidad del cambio climático. ¿El problema? El consenso aún no llega a todas las esquinas del mapa político. Jesús Isaac Flores Castillo Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha trabajado en el sector público como asesor legislativo, en la academia como investigador invitado y en el sector privado como gerente de comunicaciones de Linio Latinoamérica. Ha sido comentarista invitado como experto en temas internacionales en la radio en y en televisión local. Participó en el North American Forum de Ottawa en 2018. Es Miembro de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AISEC) y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI). Actualmente es coordinador general adjunto de Voto Informado.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Tras la retirada de las fuerzas militares estadounidenses y de la coalición internacional el pasado agosto de 2021, los talibán avanzaron hacia Kabul, la capital del país y retomaron el control del gobierno, al tiempo que el presidente Ashraf Ghani se refugiaba en Emiratos Árabes Unidos y el aeropuerto de Kabul colapsaba ante las miles de personas que en condición dedefensoras de derechos humanos, periodistas, fixers , traductores al servicio de las fuerzas militares extranjeras o simplemente civiles y mujeres intentaban huir para salvaguardar sus vidas de las represalias de los talibán, en tanto que las prohibiciones, represión y autoritarismo de su gobierno de finales de los años 90 permanecían en la memoria colectiva de la población. Frente al ascenso talibán, Estados Unidos y los donantes internacionales congelaron los fondos de divisas acumulados durante los últimos 20 años. Reservas que no se encontraban en el Da Afghanistan Bank (Banco Central de Afganistán) sino que estaban depositadas en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York; según el Fondo Monetario Internacional (FMI), ascendían a 9.760 millones de dólares para el año 2020, de los cuales, 2 mil millones de dólares se encontraban repartidos en instituciones financieras del Reino Unido, Alemania, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. La congelación de este dinero provocó la falta de liquidez y la caída libre de una economía dependiente en un 75% de la ayuda extranjera. La alta inflación, la pérdida de empleo y la escasez de efectivo ha ocasionado que el 98% de la población no pueda acceder a los alimentos y servicios básicos. Esta situación se ha agravado por los bajos niveles de comercio, el intenso invierno y una producción agrícola devastada por la peor sequía en décadas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 24,4 millones de afganos padecen inseguridad alimentaria grave y 9 millones están en riesgo de hambruna. A pesar de esta situación, Joe Biden presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva para que la mitad de los fondos congelados se destinen a las víctimas del 11/S de 2001 a modo de compensación y mantener retenido, hasta nuevo aviso, el dinero restante correspondiente a la ayuda humanitaria. Esta decisión ha sido duramente criticada por defensores de derechos humanos y por la diáspora afgana quienes se preguntan por qué las vidas de la población civil afgana deben seguir siendo sacrificadas por las acciones de los talibán, además consideran que ese dinero pertenece al pueblo afgano y no únicamente al gobierno en turno. Por su parte, Shaharzad Akbar, ex presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán señala que no debe perderse de vista que cualquier envío de dinero debería ser a cambio de que los talibán reconociesen los derechos civiles y políticos de las mujeres; derechos a la educación y al trabajo que fueron sepultados desde el pasado mes de agosto. Desde entonces, las mujeres tienen prohibido continuar con su educación secundaria y según las defensoras Sahar Fetrat y Heather Barr, aquellas jóvenes de la provincia de Balkh, norte de Afganistán, que excepcionalmente han podido seguir estudiando están obligadas a obedecer duras normas de vestimenta. Solo una minoría de mujeres trabajan en el ámbito de la educación y la sanidad, el resto han sido relegadas a lo doméstico. Esto ha movilizado a las mujeres quienes al grito de “pan, trabajo, libertad” protestan en las calles a pesar de las amenazas y desapariciones que han sufrido a manos de los talibán. Decididas a no dar tregua en la lucha por recuperar sus derechos, las mujeres son la única luz que ilumina el Afganistán dolido, empobrecido y quebrantado por tanta violencia. Cristina de Lucio Atonal Es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Estudios de Asia y África especialidad en Medio Oriente por El Colegio de México y actualmente doctoranda en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autora del capítulo “Irán frente a los dilemas del conflicto afgano: alianzas y contrapesos” y del artículo Jineolojî: pensamiento crítico y prácticas emancipadoras desde el Kurdistán. Su tesis de maestría se tituló Afganistán entre palabras y misiles. Intervención extranjera, inseguridad y crisis socio-política 2001-2017. Se interesa por el análisis de las múltiples expresiones de violencia, las relaciones entre cuerpo, poder, dominación y resistencia, así como, los procesos de organización de las mujeres en contextos de violencia.

El presidente de México inicia su tercera gira al exterior. Atípico para un mandatario que tradicionalmente realizaba una gira por América Central como presidente electo. Si no hubo un diagnóstico claro de México en Centroamérica y Cuba desde el inicio de la administración, será difícil encontrar una ruta de Estado para una región estratégica para el gobierno y para empresarios mexicanos que han hecho del mercado centroamericano un ensayo para expandirse a otras regiones del continente o del mundo. ¿Qué espera el gobierno mexicano de Centroamérica cuando niega el pasado inmediato? Imposible que López Obrador se retraiga del esfuerzo negociador mexicano en el Grupo Contadora durante las guerras civiles y amenazas de Washington de una invasión a la Nicaragua sandinista. Los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992 para El Salvador, honran el esfuerzo histórico que edificó con valentía y decisión la diplomacia mexicana para resguardar los intereses nacionales de México frente al fuego en el Sur. El temor de que la chispa de la insurrección centroamericana brincara a territorio mexicano en sus estados sureños, con más desigualdad que la de varias repúblicas del Istmo, era una tarea de realismo político y prevención. ¿Qué esperar por ejemplo en El Salvador que ahora está en estado de excepción y cuyo líder ni por asomo recordó la firma de la paz hace 30 años? Si en la diplomacia “la forma, es fondo”, obviar Managua en el viaje puede ser un mensaje claro de México al régimen del matrimonio autárquico nicaragüense o bien se acordó “tras banderas” con el orteguismo no pisar la patria de Rubén Darío para no contaminar la agenda interna ya polarizada. El misterio quedará más allá de que invoque López Obrador la No intervención y Autodeterminación, principios que aún no estaban en la constitución cuando López Portillo intervino en favor del sandinismo rompiendo relaciones con la Nicaragua de la dinastía Somoza. Con decoro diplomático se puede administrar una relación, pero con un alto nivel de embajadores se envía un mensaje estratégico. Salvo La Habana, no ha sido el caso con los jefes de misión en las capitales que visitará López Obrador. El Servicio Exterior Mexicano ha sido relegado por cartuchos de militancia obradorista que cubren sin más su misión. México tiene una vecindad con poco más de 1200 kilómetros selváticos con Guatemala y Belice. La porosidad ancestral de la frontera y la incapacidad de afianzar la legítima autoridad del Estado mexicano en su territorio ha convertido en una zona cero de tráfico humano, contrabando de lo que sea y sitio con el narcotráfico tronando los dedos a los pobladores. Si antes la amenaza de violencia era de Centroamérica a México, hoy es al revés, pero reforzada por carteles mexicanos y un muro humano con uniforme de Guardia Nacional en el Istmo de Tehuantepec que frena a los migrantes. El narco como amenaza al delicado tejido social y a la democracia tiene en Honduras a un expresidente extraditado a la Unión Americana por sus ligas al narcotráfico mexicano. La paz no se hace sólo desarmando fusiles sino saldando la deuda de desarrollo. El fenómeno migratorio, catalizador que por medio de las remesas procedentes de Estados Unidos es un bálsamo frente a familias divididas y economías primarias. Los programas lopezobradoristas “Sembrando vida” o “Jóvenes construyendo el futuro”, son loables, pero se exige más del reto que sin duda involucra a Estados Unidos, corresponsable histórico del rezago regional. El nudo migratorio atropella la congruencia de México en no dar a centroamericanos lo que se exige al vecino del Norte. En un escenario de renovación del Capitolio en Washington y de un peligroso retorno de Trump a la Casa Blanca, construir escenarios y alianzas es un deber de Estado. La crisis migratoria, el efecto del cambio climático en el agro y desastres naturales, la violencia criminal y democracias sin consistencia, pero con luces de legalidad que en Guatemala, El Salvador y Honduras han procesado a ex presidentes, son un abanico de retos para México y la región. Ojalá haya luces en la gira presidencial, pero es difícil ser optimista si se habla de la falacia del “hermano mayor”. Pasan los años y mexicanos y centroamericanos seguimos siendo vecinos con una retórica desgastada que esconde las potencialidades para escribir juntos un nuevo derrotero, porque si “geografía es destino” para el Norte, también es para el Sur y la tercera frontera, el Caribe. Juan-Pablo Calderón Patiño Es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de postgrado en El Colegio de Veracruz y la Universidad de Buenos Aires. Realizó su práctica profesional en la Embajada de México en la exYugoslavia. Tiene diversas publicaciones como colaborador invitado en Este País, Reforma, El Financiero, la edición electrónica de Foreign Affairs Latinoamérica y en la Fundación Ortega y Gasset. Participó en diversas tareas en los órganos de Gobierno en el Congreso de la Unión, destacando la organización y el trabajo de apoyo para la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Desde hace una década trabaja en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Texto presentado originalmente en el Foro Jesús Silva Herzog Flores, el jueves 7 de abril de 2022. El título de mi plática pretende ser provocador y propositivo: Primero, realizar un diagnóstico de las graves tempestades económicas que nos amenazan, quizá las mayores durante un siglo: producto de factores externos y también desatinos de políticas internas. En segundo lugar, ¿qué podría hacerse para evitar el naufragio? ¡En casi todos los “movimientos ciudadanos” han faltado propuestas! Me hago la pregunta, si estuviera platicando con el Lic. Jesús Silva Herzog, ¿qué opinaría?… Si surgen problemas más serios, como lo planteo en uno de mis escenarios, cuánta falta nos hace su presencia. Consulta el artículo en PDF aquí.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. La tragedia es monumental. La mayor parte de sus habitantes no han muerto en el campo de batalla sino en torturas. Los niños mueren congelados escondidos en sótanos y los ancianos no tienen que comer. “La verdadera victoria para Ucrania llegará sólo cuando los invasores sean juzgados, declarados culpables y sentenciados”. Así lo admite su presidente Volodímir Zelensky, en una reciente y reveladora entrevista a la legendaria publicación bostoniana -fundada en la primavera de 1857- The Atlantic, realizada por la reconocida periodista Anne Applebaum y el editor en jefe Jeffrey Goldberg. La entrevista se desarrolla en el contexto de una tensa calma en tierra arrasada. Los ataques han escalado en la zona este del territorio. El presidente está visiblemente cansado y se le percibe tranquilo, pero no puede ocultar una profunda preocupación. “Todavía no es el tiempo de la victoria y tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña”, responde sobre la perspectiva de paz en el futuro próximo. De acuerdo con los periodistas, el edificio en Kiev donde se llevó a cabo la plática estaba prácticamente a oscuras. Fue en la tarde-noche y los soldados los condujeron con linternas a una habitación cerrada y secreta. El escudo nacional de Ucrania a espaldas del mandatario y las banderas del país son el único ornamento. En la mesa tres teléfonos y dos libros. Zelensky transmite confianza y calidez. “Es una especie de anti-Putin, un hombre común que carece de la solemnidad propia de los líderes en esa parte del mundo” advierten los cronistas. Es un presidente judío en una nación mayoritariamente católica. “Tenemos a dirigentes faraones en países vecinos” (es probable que se refiera a Alexander Lukashenko, el presidente biolurruso, a quien los ucranianos ven como faraón adjunto de Putin). “No entiendo como la Federación Rusa con la comunidad ortodoxa más grande del mundo esté matando gente en estos días santos, es paradójico”, y reflexiona si aún estamos en tiempos en los que sea posible asociar religión y moral. El líder explica que su relación con Rusia se interrumpió en 2014 y los canales de diálogo político se endurecieron de un día a otro. Por su parte, “los medios de comunicación independientes están totalmente controlados y se manipula de tal manera la información que en Rusia reseñan que aquí tenemos armas biológicas, palomas asesinas -supuestamente atacando aviones rusos- y que nos comemos a la gente”, subraya. “Resulta fundamental romper la barrera de información rusa y que además admitan su culpa, así funcionó en Alemania después de la última Guerra Mundial”. Comparte que líderes mundiales le hablan para deliberar sobre el armamento requerido. Cada día Ucrania requiere de 200 a 300 vehículos blindados y Washington ha sido su principal abastecedor de armas. A lo largo de la entrevista muestra sus dotes para la espontaneidad, la ironía y el sarcasmo. “Creo que cualquier persona no podría vivir en la inexplicable adversidad y ante una presión brutal sin el antídoto del humor”. “Putin le teme al humor porque éste delata las verdades más profundas”, apunta. El presidente está decidido a mostrar una imagen de una Ucrania moderna y liberal. Sostiene que “Estados Unidos, Gran Bretaña y los países de la Unión Europea siempre han sido escépticos de nuestro desarrollo, de nuestra europeidad, pero ahora nos ven como iguales”. Respecto al papel de Naciones Unidas en la defensa de Ucrania -uno de sus Estados Miembro- es escéptico y hace una mueca tragicómica a sus invitados de The Atlantic. “Debiera existir una lista de violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra que desencadenen respuestas automáticas”, añade. “Lo mejor que hizo Winston Churchill para ganar la guerra fue hablar de ella”, declaró en alguna ocasión Clement Attle, primer ministro británico. Volodímir Zelensky ha hecho uso de la efectiva arma del mensaje oportuno y de su capacidad comunicadora. También el humor le ha sido útil al inesperado héroe de la resistencia ucraniana, ese “cuya dosis mide la potencia intelectual de un hombre ante la fatalidad”, diría Nietzsche. Alejandro Guerrero Monroy Director del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral. Fue Asesor de la Presidencia de la Comisión del Voto en el Extranjero y de la Presidencia de la Comisión del Registro Federal de Electores al interior del Consejo General del INE y también Asesor de Consejero Electoral del IFE para el Sufragio Extraterritorial. Previamente fue Coordinador del Centro para la Responsabilidad y Sustentabilidad Empresarial de la Universidad Anáhuac y fungió como Secretario Técnico en la Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos. En el ámbito docente, imparte las asignaturas Mercadotecnia Política, Gobierno Corporativo y Gestión Directiva de la Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac, donde ha recibido en cinco ocasiones el reconocimiento Excelencia Docente. Es colaborador en medios de comunicación como Excélsior, El Universal, Reforma, ADN Político, CNN y la Revista Pluralidad y Consenso del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Colaboración publicada originalmente en El Economista . El arbitraje de inversión ha fungido como el remedio (económico [1] ) principal de inversionistas extranjeros para dar certidumbre a las inversiones que realizan en otros Estados, como una medida “ asimétrica ” para mitigar el riesgo natural de inversionistas que deciden realizar inversiones en un Estado sede que no es el propio. México no ha sido la excepción a esta regla, al ser parte del Convenio del CIADI [2] (desde 2018) y de más de 30 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversión. En estos se incluye el capítulo 14 del T-MEC, que contempla un mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (solamente aplicable a Estados Unidos y México) con reglas especiales para ciertas actividades energéticas consideradas como “sectores cubiertos”, como la posibilidad de hacer reclamos por expropiación indirecta y no tener que agotar recursos locales para poder acceder al mecanismo. El sector energético es uno de los más activos en cuanto a casos de inversión se refiere, dado su papel estratégico en la economía, el rol del Estado como regulador y los montos de inversión requeridos para desarrollar dichas actividades. El terreno en el que estos casos son resueltos puede describirse como “ pantanoso ”, no tanto por su proceso (que es tardado) sino por su resultado: generan contingencias para las finanzas públicas, afectan la certidumbre de inversiones presentes y dificultan la llegada de futuras inversiones necesarias en este sector clave. Ejemplos de esto incluyen: (i) Stati v. Kazajistán, donde se ordenó pagar al Estado kazajo US $500 millones derivados de la cancelación de contratos de exploración y producción de hidrocarburos (por violación al estándar de trato mínimo); (ii) Perenco v. Ecuador , derivado de la intención del gobierno ecuatoriano de renegociar los términos de contratos de exploración y producción de hidrocarburos para hacerlos equitativos mediante decreto, lo que resultó en el pago de daños por expropiación indirecta y violación a trato mínimo por US $ 416 millones (acumulado al reclamo de al menos 2 inversionistas extranjeros adicionales que promovieron reclamos contra esta medida); (iii) 9REN v. España , donde se determinó que ciertas reformas al otorgamiento de incentivos económicos a inversionistas en el sector de energía renovable era violatoria del estándar de trato justo y equitativo, ordenándose el pago de un monto de US $40 millones por daños (el monto de la contingencia se fue acumulando derivado de una ‘cascada’ de casos derivados de estas medidas); y (iv) CEF Energia v. Italia , donde se determinó el pago de daños por un monto de US $9.6 millones, derivado de la eliminación de incentivos tarifarios para proyectos fotovoltaicos, violando el estándar de trato mínimo (al igual que en el caso de España, la cantidad de reclamos derivados de esta medida fue amplia). Estos casos, además de su relevancia internacional, pueden encontrar eco en la narrativa local pues las medidas adoptadas por el Estado anfitrión (y/o los motivos que las originaron) pueden sonar familiares: “ cancelación ” y “ renegociación ” de contratos, “ reformas ” para el reparto “ equitativo ” de utilidades y “ eliminación de incentivos ” a energías renovables. Cabe señalar que no en todos los casos de inversión en materia energética se ha resuelto en favor de los inversionistas (en especial ante reclamos de expropiación directa o indirecta). Por ello, las formas y contenido de las medidas que se van adoptando, así como el contenido de los tratados de inversión aplicable, son de gran relevancia. En el caso de México, a pesar de que se tiene amplia experiencia en arbitrajes de inversión (más de 30 casos), su participación en arbitrajes derivados de medidas (directamente [3] ) adoptadas en materia energética no ha sido evaluada sino hasta recientemente. Esto obedece a dos factores principales: (i) la reciente apertura del sector en 2013, y (ii) decisiones recientes de política energética encaminadas a fortalecer a empresas productivas del Estado. Ciertas medidas han encontrado “ freno ” en tribunales federales; sin embargo, el riesgo de que se analicen a la luz de protecciones internacionales cada vez es mayor. Para muestra: la reciente notificación de arbitraje por parte de Monterra Energy por un monto de US $667 millones, derivado de la clausura de instalaciones de almacenamiento de petrolíferos. Es inevitable que el Estado mexicano entre al “ terreno pantanoso ” del arbitraje de inversión energético (y natural, inclusive, dada la apertura del sector a inversión extranjera); sin embargo, esto le supone un nuevo reto o deber: que sus medidas energéticas sean emitidas a la luz de estándares y compromisos nacionales e internacionales (y no mediante falsis principiis proficisci legales [in]advertidos), que le permitan enviar (o mantener) un mensaje de estabilidad y certidumbre en cada una de sus decisiones. No obstante, para cumplir con este deber México se encuentra en una posición única que le beneficia: conoce las experiencias internacionales que le pueden ayudar a evitar que el pantano obstaculice su desarrollo energético. Al tiempo.
[1] La aclaración es tan importante como el remedio, pues el resultado buscado es el pago de daños y perjuicios, no así la reversión o nulidad legal de la medida adoptada por el Estado anfitrión.
[2] Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados.
[3] Casos como PACC v. México (Caso CIADI No. UNCT/18/5) y Odissey v. México (Caso CIADI No. UNCT/20/1) pueden considerarse como indirectamente relacionados con el sector energético, por tratarse de casos relacionados con servicios marítimos de exploración y producción de hidrocarburos, así como explotación de concesiones mineras. Bernardo Cortés Araujo Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 12 años de experiencia nacional e internacional en transacciones de energía y recursos naturales. Su práctica abarca estructuración de proyectos y resolución de controversias, enfocadas en petróleo, gas y electricidad. Su experiencia internacional abarca proyectos energéticos en América Latina y África. Actualmente se desempeña como socio en la firma Cortés Quesada Abogados.

Colaboración publicada originalmente en El Economista . Empiezo declarando mi admiración y veneración por el pueblo y la cultura rusa, dueña de varias cimas en el mundo de la literatura, la música, la danza y cuya influencia sabía y melancólica, sigue influyendo en el planeta a pesar de los tiranos que la han gobernado. Digo esto categóricamente porque la propaganda del gobierno ruso actual quiere hacer creer que quienes nos oponemos decididamente a la invasión contra Ucrania, somos por ello, anti-rusos. Nada más alejado de la verdad. Dicho esto, soy de los que creen que México y las y los mexicanos tienen la autoridad y la posibilidad de desempeñar un papel más activo y más decidido en esta hora crítica. Un papel plenamente justificado para condenar e intentar detener o revertir la oprobiosa maniobra del señor Putin en el extremo este europeo. Por historia (nosotros sabemos lo que es una invasión de una potencia extranjera); por principios, ningún país tiene derechos sobre otra nación soberana; por realismo, porque permitir esta invasión o mirar hacia otra parte, es extender una carta de aceptación de las agresiones e intervenciones entre estados y, por mínimo sentido humanitario, pues la cantidad de refugiados, la destrucción y el dolor que Rusia está causando a Ucrania es absolutamente inadmisible para quien quiera decirse civilizado. Por eso, un grupo plural de diputadas y diputados, hemos tratado de movilizar a la Cámara de Diputados de modo que podamos decidir y crear consciencia sobre la grave situación en Ucrania. Esa fue la razón que nos llevó a acercamos a la embajadora de ese país en México, Oksana Dramaretska, para que ella nos narrará de primera mano la situación generada por la agresión y las necesidades de la resistencia en su patria. De allí la presencia de la embajadora en la cámara baja el día 10 de marzo ante un concurrido auditorio de legisladoras y legisladores que pudimos escuchar un testimonio dramático y varias propuestas para encontrar un curso de acción. En primer lugar, romper relaciones con el Kremlin, en el entendido de que presenciamos un quebranto absoluto del orden y el derecho internacional. En segundo lugar, que México se incorpore a la Coalición de Defensa de Ucrania y la Paz para seguir movilizando acciones de distinta índole en todo foro internacional. Y, en tercer lugar, suspender en México las plataformas de noticias falsas o manipuladas que promueve el gobierno ruso en el idioma español. La invasión a Ucrania puede ser el inicio de otra etapa de la historia europea y del mundo porque la invasión rusa está alterando profundamente la convivencia de un continente que ya ha sido el escenario de dos guerras mundiales. La invasión a Ucrania constituye el hecho más grave de las relaciones internacionales de los últimos años y puede estar anunciando la agudización, al punto del militarismo, de los gobiernos autoritarios en el mundo. No podemos ser indiferentes y creo, debemos actuar en consecuencia. Salomón Chertorivski Es licenciado y maestro en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Fue titular de la Secretaría de Salud de su país.​ También estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México(2012-2017), cuando contendió para la candidatura de la coalición Por La CDMX al Frente. Como catedrático ha colaborado en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), así como en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en la Universidad Iberoamericana.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. La SRE presentó ante tribunales en EEUU una senda demanda contra 11 empresas de armamento convencional. La demanda no es contra Washington, D.C., sino contra empresas privadas cuyo negocio, lícito en ese país, es producir armas. La cascada de reproches morales hace sentir su brisa y puede nublar la vista por la especialización de esas empresas, que es natural para un país donde estar armado es un derecho constitucional. Si muchos en México han criticado que puedan existir litigios de empresas frente a un Estado, la cancillería mexicana optó por demandar a particulares de otro país en los tribunales civiles del Vecino del Norte. La causa que emprendió la SRE tiene un consenso: buscar la pacificación de México, un país con más desaparecidos y ejecutados que muchos países en guerra. México al ocupar un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, apoya la pacificación en misiones de paz a ultramar, algunas de ellas, sin el terrible ardor de la violencia mexicana que desde el poder cuesta reconocer. La ola de violencia en México se hace con armas legales o de contrabando y/o de armas lo mismo procedentes de EEUU que de Rusia, Bélgica, Israel, Italia, entre varios países más. Un ex gobernador mexicano apaleado entre la delincuencia organizada y el narcotráfico, dijo que ante el menudo cambio de uniformes, instituciones de seguridad y el fracaso de la militarización de la seguridad pública, que la salida desesperada será llamar a los Cascos Azules de Naciones Unidas… ¿Exageró? Qué cada quién juzgue, pero lo cierto que una última salida así acercaría a lo que escribió Daniel Cosío Villegas en su ensayo “La Crisis en México”, publicado en 1946, en el que menciona lo lamentable que sería que la regeneración del país provenga desde el exterior. El gobierno mexicano estima que son más de 200,000 armas de fuego que entran de manera ilegal al país. El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, fue enfático para decir ante el propio Consejo de Seguridad, de la necesidad de “monitorear y prevenir las transferencias ilícitas de armas, el desvío de comercio y el tráfico transfronterizo”. Para ojos de la escuela clásica cometió un error, ir a pedir a un foro multilateral una petición de carácter bilateral, ni más ni menos con la relación más importante para México que es la relación con su principal socio comercial. Antes, la Asamblea General de la ONU aprobó el Tratado sobre el Comercio de Armas en el 2013 que entró el 24 de diciembre de 2014. Para muchos la limitante del Tratado es que no habrá comercio de armas si se comprueba que las utiliza determinado gobierno para un genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. La dura realidad de México ¿exigiría otra categoría? ¿Y cuando los compradores no son gobiernos nacionales? De acuerdo al Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (Suecia), 2.436.351 personas murieron en conflictos armados desde 1989 al 2018. Bajo la aritmética del terror mexicano y a la mitad del actual sexenio que ha tenido los años más duros de la violencia, se trazó la estrategia de México contra las empresas referidas. Corresponsabilizar a los fabricantes estadounidenses de armas de la muerte del 70% de ejecutados en México y señalar que “la falta de responsabilidad corporativa” de dichas armadoras” llegó al insulto de crear armas al gusto para el solicitante”, es un riesgo y más cuando es un argumento del gobierno mexicano. Lo inmoral no suma al mundo real y menos en una demanda legal. Lo que es una loable acción de la cancillería puede tener pies de arcilla. El reciente decreto presidencial para regularizar los vehículos de procedencia extranjera, la penosa “regularización de chocolates”, ese bumerán cíclico de cada sexenio que se niega a tomar al toro por los cuernos, vuelve a hacer legal lo ilegal para ser una afrenta a la certeza jurídica. Algunos no han visto o no quieren ver que muchas de esas armas entran a México por medio de esos vehículos, cuya mayoría son desechados por aseguradoras estadounidenses. ¿Vehículos “chocolates” que entran vacíos, sin armas y sin dólares? Las estructuras de seguridad e Inteligencia del gobierno mexicano lo saben. Es difícil pensar que no exista coordinación y flujo de esta información con la Consultoría Jurídica de la SRE. Si de por sí México va contra un monstruo en el que la venta de armamento a nivel global antes de la pandemia tenía flujos por casi 400,000 millones de dólares, de los cuales más de una tercera parte son de empresas de EEUU, las que está demandando México, sería pésimo mensaje y una incongruencia que en territorio mexicano se hace legal un medio de transporte que beneficia a criminales que compran armamento. Eso sin pensar que los que producen armas pueden esgrimir que no es de su competencia la ingobernabilidad y corrupción de las fronteras de México. Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la SRE, ha sido claro al enfatizar que “nuestro objetivo es reducir el número de armas que entran a nuestro país, que se reduzca el poder de fuego del crimen organizado y al hacer esto, las acciones del Estado van a ser mucho más efectivas”, lograrlo exige también detener el contrabando de vehículos “chocolate” que contribuye a transportar parte de esas armas además de la indignidad de convertir a México en el gran chatarral de EEUU. Juan-Pablo Calderón Patiño Es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de postgrado en El Colegio de Veracruz y la Universidad de Buenos Aires. Realizó su práctica profesional en la Embajada de México en la exYugoslavia. Tiene diversas publicaciones como colaborador invitado en Este País, Reforma, El Financiero, la edición electrónica de Foreign Affairs Latinoamérica y en la Fundación Ortega y Gasset. Participó en diversas tareas en los órganos de Gobierno en el Congreso de la Unión, destacando la organización y el trabajo de apoyo para la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Desde hace una década trabaja en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En semanas recientes las sanciones han acaparado la atención internacional y nacional en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, entre otros, han anunciado medidas encaminadas a castigar al gobierno ruso, sus empresas y sector financiero. El Comité Olímpico Internacional (COI) -al igual que diversas entidades de disciplinas como el ciclismo, el baloncesto y otras más-, la FIFA y la UEFA han anunciado sanciones deportivas y prohibiciones para que atletas rusos y sus equipos de fútbol participen en las competencias respectivas. También los países occidentales y empresas como Google y Meta han prohibido la difusión de noticias de los medios de comunicación rusos como Sputnik y RT. El presidente ruso Vladímir Putin ha señalado que las sanciones que le impone Occidente son como “una declaración de guerra.” Y en México, el presidente López Obrador ha dicho que México no se sumará a las sanciones económicas decretadas contra el gigante eslavo. Las sanciones, entonces, son un tema importante en el contexto bélico actual. Tristemente en México existe escasa literatura al respecto, si bien las autoridades nacionales han sido sancionadas en distintos momentos como también han aplicado de manera discrecional estos instrumentos coercitivos en sus relaciones con el mundo. Consulta el artículo en PDF aquí.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Este 2022, el Papa Francisco cumplirá 86 años. Para nadie es un secreto: el tiempo de elegir un obispo de Roma se acerca. En los próximos meses y años, se hablará cada vez más del sucesor y no es para menos: la Iglesia Católica se mantiene como un referente que incide en el orden social de varios países y regiones. En pocas palabras: aún importa cuando se elige un nuevo Papa. Las culturas políticas de México y la Santa Sede comparten la tradición de advertir sobre los movimientos anticipados en la sucesión: “el que se mueve no sale en la foto”, “entrar Papa [al cónclave] y salir cardenal”. Pero también es un hecho que especular sobre “papables” y “presidenciables” es igual de importante. Si bien no es momento de barajar nombres, porque el que se mueve… sale cardenal, sí sería prudente comenzar a describir los mecanismos y circunstancias que envolverán la sucesión de Francisco. El primero es el órgano elector y las “leyes electorales” del Vaticano. Se requiere una supermayoría de dos terceras partes de los cardenales con derecho a voto para elegir a un nuevo Papa. En teoría, esto fomenta la construcción de grandes acuerdos alrededor de un candidato “aceptable” que mantenga la unidad de la Iglesia en la pluralidad de sus corrientes. Sin embargo, el Colegio Cardenalicio se compone de miembros nombrados directamente por el Papa en turno, quien puede nombrar tantos como desee. Esto le da una ventaja en el proceso sucesorio, pues puede manipular al electorado en favor de sus propias preferencias. Así, en ocho años, Francisco ha nombrado casi 60% de los cardenales con derecho a votar. Por ello, creo que podremos esperar una elección rápida y tersa, como ha ocurrido desde 2005 con la elección de Benedicto XVI. Un segundo punto tiene que ver con la edad. Un papa joven es más poderoso que uno de edad avanzada, dado que tiene más tiempo para echar a andar sus acciones (Juan Pablo II es un gran ejemplo). A menos que los cardenales decidan que se necesita un Papa especialmente fuerte, con un gran margen de acción temporal, lo más probable es que el sucesor sea un cardenal que supere los 70 años. Otra decisión que deben tomar es si abren el papado a sociedades con una tradición católica reciente o minoritaria, como África, Asia u Oceanía. Francisco ha dado mayor peso a los cardenales del mundo en desarrollo, lo que podría favorecer la llegada de otro Papa no europeo. Tercero, hay que considerar la fuerza de ciertas iglesias nacionales representadas en el cónclave, ya que pueden actuar como puntos de veto. Italia y Estados Unidos llaman la atención: son los dos países con mayor número de cardenales electores, además de ser dos iglesias con recursos considerables. Del mismo modo, y como nunca, América Latina (22 cardenales), África y Asia (ambas con 15 cardenales) están en posibilidad de avanzar las agendas materiales y espirituales de sus regiones, que deben tomarse en cuenta para delinear la diplomacia vaticana y el gobierno interior (está, como ejemplo, el último sínodo sobre la Amazonía). Finalmente, la sucesión marcará desde, mi punto de vista, la consolidación del papado del siglo XXI: un Pontífice con menos control sobre la jerarquía eclesiástica; más proclive a gobernar de manera colegiada (mediante las asambleas de obispos) y necesitado de rectificar los viejos equilibrios de poder con respecto de las mujeres, los laicos y las iglesias nacionales. No obstante, dichos cambios se atisban ciertamente lentos. Mauricio Rodríguez Lara Internacionalista por El Colegio de México, candidato a maestro en Ciencia Política por el CIDE, consultor en comunicación política y asuntos internacionales.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Desde el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética, las 15 repúblicas que se convirtieron en países independientes se han desarrollado de manera desigual. Rusia, la mayor y más rica en recursos naturales, después de ocho años de la presidencia de Boris Yelstin, se vio inmersa en una profunda crisis económica. Sin embargo, al ascender Vladimir Putin al poder, la situación empezó a mejorar. El presidente ruso reconstruyó el dañado complejo energético y la industria militar. Su posición ante el Occidente desarrollado era de cooperación, búsqueda de inversiones y tecnología. Pero en ese momento Estados Unidos gozaba de la hegemonía global y no quería competencia. Sin embargo, el reposicionamiento de Rusia como una potencia energética y militar y el ascenso de China económica y tecnológicamente, prendió las alarmas en la Casa Blanca. En el caso de Rusia, la crisis de Ucrania tiene varios significados. Pero en el plano geopolítico, en el fondo se trata de si Europa seguirá desarrollando lazos económicos y políticos más profundos con Rusia de los que tiene hasta la fecha; o si Estados Unidos tomará medidas más agresivas para reducir la velocidad, dar marcha atrás o potencialmente romper la creciente relación económica entre Europa y Rusia. Un punto clave de la visión geopolítica de Estados Unidos ha sido separar a Alemania de Rusia, los dos grandes colosos, por así servir a sus grandes intereses económicos y de seguridad en Europa. Es muy bien conocida la creciente dependencia de Europa del gas y de la energía de Rusia. En la última década, la dependencia de Europa ha crecido hasta ocupar al menos una tercera parte de su gas de fuentes rusas. Alemania, de hecho, consume hasta 40% del gas que importa de Rusia. Sin embargo, con el conflicto en Ucrania en 2014, el derrocamiento del presidente Yanukovich en ese país y la incipiente guerra civil entre la Ucrania nacionalista y el sureste con población étnicamente rusa, el gobierno del presidente Vladimir Putin realizó un referéndum entre la población de la península de Crimea que resultó a favor de la reincorporación de ésta al territorio ruso. El gobierno ruso temía que, en Crimea, una vez derrocado el presidente Víctor Yanukovich, se instalara una base militar de la Organización del Atlántico Norte (OTAN). Por esta acción, Estados Unidos y la UE sancionaron a Rusia desde 2014. Así, hay propuestas de Estados Unidos para proveer a Europa de gas natural licuado y éste es otro indicador de su intento por apartar a Europa de la fuente de abastecimiento ruso. Por otra parte, la abrumadora aprobación del proyecto de ley de sanciones contra Rusia a mediados de 2017, con el cual el Congreso de Estados Unidos obligó a Trump a bloquear el comercio ruso con Europa, sacudió al Kremlin en ese momento. El objetivo de estas sanciones es vender el gas licuado estadounidense a Europa, pero el gas ruso es más barato y está más cerca. En este contexto, Alemania y Rusia pactaron la construcción de un gasoducto que va por el Mar Báltico desde un puerto ruso a un puerto alemán y el gasoducto entró en funcionamiento en 2011. Pero, desde 2015, estos dos países planearon construir un gasoducto paralelo, el Nord Stream 2 y coincidentemente, el conflicto en el Donbas ucraniano volvíó a resurgir precisamente cuando este gasoducto ha sido terminado y se hallaba en revisión por una comisión alemana para aprobar su puesta en marcha. Este 22 de febrero, el canciller alemán declaró la suspensión de la revisión, después de oponerse a la acción de Rusia de reconocer a las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, ¿coincidencia u objetivo cumplido? Dra. Ana Teresa Gutiérrez del Cid Doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, es licenciada y maestra en Historia Mundial por la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú, Unión Soviética. Actualmente es profesora de Carrera Titular “C”, Departamento de Política y Cultura, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Durante los primeros meses de 2022 Ucrania ha vuelto a ocupar las primeras páginas de la prensa internacional y lo ha hecho, una vez más, ante la posibilidad de una nueva crisis provocada por la concentración de fuerzas rusas en su frontera oriental. Esta situación ha recordado a la opinión pública internacional la existencia de un conflicto en la región del Donbas que sigue abierto desde el año 2014. Un conflicto al que poco o ninguna atención se le ha prestado desde que en 2015 se firmaron los acuerdos de Minsk por los que se decretaba un alto al fuego entre las partes. Alto el fuego que, por cierto, ninguno de los contendientes a respetado durante estos siete años de guerra. Tanto entonces como ahora lo que se encuentra en juego no es la conquista de un territorio por parte de la Federación Rusa. Lo que está encima de la mesa es la impugnación por parte de Moscú de la actual arquitectura de seguridad europea construida a sus espaldas desde el fin de la Guerra Fría. Los años noventa fueron años de extrema debilidad para Rusia. Fueron aquellos años en los que el gigante euroasiático se vio abocado a una suerte de reconstrucción tras la caída de un modelo político, social y económico que había fracasado ante su antagonista, EEUU. Durante ese periodo de tiempo, sin embargo, el mundo, lejos de paralizarse a esperar a su recuperación, prosiguió su camino. Y su camino incluyó territorios sobre los que Moscú consideraba que tenía patente de corso por razones tanto históricas como afectivas. Tras una larga travesía que ha incluido dos guerras, la de Georgia en 2008 y la de Ucrania de 2014 y una anexión, la de la península de Crimea, Moscú persiste en alcanzar sus objetivos por todos los medios a su alcance. Y esos medios no son otros que los hidrocarburos y la fuerza militar. La estrategia rusa en la crisis actual se ha sostenido sobre ambos. Por un lado, forzando a la OTAN (y a Washington) a sentarse a la mesa de negociación ante una potencial escalada en Ucrania. Es importante recordar que el Consejo OTAN-Rusia no se había reunido desde 2019, si bien no abordaba cuestiones de índole político desde 2014. En esta ocasión, sin embargo, parece que se ha abierto la puerta a la negociación en materia de control de armamento y al despliegue de armas convencionales. Por otro lado, el temor a un potencial corte de gas ha inquietado de manera considerable a las cancillerías europeas, especialmente a Alemania que, en caso de una agresión, se vería obligada a no abrir el North Stream II. Pero quizás lo que más cabría destacar de las semanas de tensión ha sido la guerra de desinformación y propaganda de la que han hecho gala ambas partes. Si bien este instrumento ha sido utilizado con más o menos intensidad en el pasado, lo sorprendente, en esta ocasión es la manera en que lo ha utilizado EEUU para crear una absoluta sensación de alarma a escala internacional. Así se han filtrado informaciones a través de los medios de comunicación que han llegado a alcanzar cotas surrealistas, siendo, quizás, la más llamativa de todas el anuncio del día exacto de la invasión del territorio ucraniano respondida de forma desafiante desde Moscú con el repliegue, un día antes, de parte de sus tropas a sus cuarteles dejando en evidencia tal afirmación. No parece, sin embargo, que las tensiones vayan a finalizar. Más bien se puede afirmar que este es un episodio más de este pulso al que todavía le faltan muchas tramas por resolver. Ruth Ferrero-Turrión Es Profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos e Investigadora Asociada en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid (ICEI-UCM). Ha sido Premio de Investigación en Estudios Europeos de la Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste en 2019. Es doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Posee un MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED), licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología por las universidades Complutense y Newcastle upon Tyne, un Postgrado en Ciencia Política y Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como un Diploma de Especialización en Unión Europea otorgado por la Escuela Diplomática. Es miembro del Grupo de Investigación Complutense GEMI de Migraciones Internacionales. Es analista habitual en El Periódico y colabora en otros medios como esglobal, ctxt, 24H TVE o Cinco Continentes.

Es la segunda ocasión en que la capital de la República Popular China (RP China) alberga los Juegos Olímpicos. Es la primera vez en la era moderna que una ciudad es sede tanto de las Olimpiadas de verano -inauguradas el 8 de agosto de 2008- como de las de invierno -que arrancaron el 4 de febrero de 2022. Han transcurrido 14 años entre unas y otras. Muchas cosas han pasado en el mundo y el perfil de la RP China en las relaciones internacionales del siglo XXI también se ha modificado. Hoy el gigante asiático es una potencia mundial. Las condiciones en que se desarrollarán las justas deportivas invernales serán difíciles y no sólo por la pandemia del SARSCoV2, agente causal del COVID-19, enfermedad que ya se encuentra en su tercer año de vida. Beijing enfrenta sanciones políticas de diversos países occidentales por la situación de los derechos humanos en Xinjiang. Consulta el artículo en PD F aquí.

Las monedas y los billetes son algo más que un medio para realizar transacciones, adquirir bienes y servicios, pagar las cuentas y otras faenas comerciales y financieras. Constituyen un importante elemento de identidad nacional que evoca el orgullo, la singularidad y la pertenencia a una colectividad. Baste echar una mirada a la iconografía de los billetes -y de las monedas- para identificar personalidades que allí aparecen -trátese de individuos notables o de especies animales y vegetales autóctonos-, símbolos que los acompañan, dibujos, colores, texturas. El papel moneda no sólo pasa de mano en mano, también comunica, fomenta valores, recrea historias, rinde tributo a héroes, científicos, escritores, artistas que han puesto en alto el nombre de sus respectivas naciones ante el mundo, y que llenan de orgullo a sus paisanos. Claro que también hay billetes que portan efigies de dictadores con el consabido culto a la personalidad. Con todo, el circulante es una expresión soberana para los países -de ahí que haya resultado tan polémica la decisión de siete naciones de adoptar al dólar estadunidense como moneda nacional; la creación de monedas únicas, como pasa con el euro en la Unión Europea o bien con el rand sudafricano que es la divisa común en Sudáfrica, Namibia, Lesoto y Esuatini; y de manera más reciente, el surgimiento de monedas virtuales o criptomonedas.
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“El mal es temporal, la verdad y la justicia imperan siempre” Rómulo Gallegos en “Doña Bárbara”. El presidente López Obrador en ejercicio de sus facultades constitucionales designó a Leopoldo de Gyves de la Cruz, como el nuevo embajador mexicano en Venezuela. De origen oaxaqueño, el próximo representante del Estado mexicano ante Caracas tiene en su hoja de vida la de un líder social además de ser alcalde de Juchitán, enclave zapoteca en el Istmo oaxaqueño. Compañeros de partido, el Ejecutivo Federal enviará a presentar cartas credenciales ante el Palacio de Miraflores en la capital caraqueña a un precandidato de Morena para la gubernatura de Oaxaca. Siguiendo el trámite constitucional el Senado de la República deberá ratificar al nuevo embajador. La aritmética no miente y al tener los votos requeridos junto con los aliados al oficialismo, la ratificación es un mero trámite. Otorgando el beneficio de la duda al personaje que será embajador, los senadores al menos de la oposición, deberán dar honor a su escaño para dilucidar al nuevo representante mexicano qué espera en Venezuela y cuál es su estrategia más allá de las instrucciones de la cancillería. Por más acordeón oficial en la carpeta del país de Rómulo Gallegos, que por naturaleza siempre hace la SRE y presenta al Senado, sería una imprudencia una comparecencia “planchada”. No se pretenden estridencias sino la oportunidad de que el novel diplomático pueda demostrar habilidad política, conocimiento del tema y seguridad. Hacerlo es imperativo ante el dilema realista de que “no todos los diplomáticos de carrera son notables embajadores y no todas las designaciones políticas son negativas”. Al final de su misión, su papel lo calificará, pero el inicio es vital. Ya bastante cuadros profesionales del Servicio Exterior Mexicano, ven con capa caída otra oportunidad pérdida. No es pretender atender el falso debate de vulnerar las facultades presidenciales de nombrar embajadores sino el contundente mensaje del Senado al Ejecutivo que las posiciones institucionales no pueden ser fichas de cambio para controversias internas de partido. Por ello, la insistencia de que la comparecencia ocupe el papel que debe dársele en un marco republicano, no de pleitesías mutuas. Una voz aguda comentó que dada la relevancia de Hugo Chávez en el poder y su estilo y vibra de eterno revolucionario, era indispensable enviar más que a un diplomático formal a un viejo zorro de la política capaz de persuadir, adelantarse e incluso saber entenderse con el chavismo, no como facción como hoy parece, sino para saber resguardar los intereses de México en suelo venezolano. La idea no parecía escandalosa. Algo parecido pasó cuando Carlos Salinas de Gortari restableció relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano. A contracorriente de enviar a un diplomático de carrera decidió que el nuevo representante fuera un político como Enrique Olivares Santana, quien había sido titular de la Secretaría de Gobernación además de ser gobernador de Aguascalientes y Secretario General del PRI. A la vocación política tenía un fino agregado, era maestro masón. El mensaje era claro, la relación sería entre Estados, no con objetivos confesionales, al menos hasta ese momento. México y Venezuela han acariciado realidades y retos que los conjuntan, el mayor, ser junto con Ecuador los principales países petroleros de América Latina. A diferencia de Venezuela, México despreció ingresar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. La trilogía de enriquecimiento abrupto por el petróleo trajo una cruda realidad envuelta en inflación, deuda externa y presión social, que cada quién ha modulado a su manera. La diplomacia petrolera en caminos opuestos ha sido la tónica entre México y Venezuela. En los primeros años de la Presidencia bajo Vicente Fox, Chávez hizo determinados guiños para probar si México entraría a jugar diversas iniciativas en torno al petróleo. Incluso un día Chávez decidió aterrizar de improvisto en territorio mexicano para hablar con Fox en un momento que los precios del petróleo eran elevados. Después de eso, la relación ha transitado por los exabruptos de una y otra parte. Llamado “cachorro del imperio por ser un entreguista al imperio”, ambos países pasaron a una fría relación por la negativa venezolana a la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas, el recordado “ALCA”, asunto que escaló en Mar del Plata, Argentina, en la IV Cumbre de las Américas en noviembre de 2005. El ALCA se dió un encontronazo con la Alianza Bolivariana de los Pueblos para los Pueblos de América -Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que comandó Chávez. Hoy, además de Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y un grupo de naciones caribeñas son parte de lo que se planteó como alternativa al libre comercio. Las primeras chispas de la relación bilateral en este siglo nacieron en esa Cumbre. El regreso de lo que se creía era el tradicional PRI con Enrique Peña Nieto se desdibujó con rapidez cuando el sucesor del chavismo, Nicolás Maduro, acusó que el mandatario mexicano de ser “una vergüenza por el trato de empleado maltratado y abusado que recibía de Donald Trump”. La exaltación irrespetuosa del lenguaje selló la relación con los dos gobiernos panistas y el peñismo, pero hubo una adición peculiar, el error de muchos mexicanos al pretender hacer sinónimos chavismo y Venezuela. La rendija se abrió más para más que ver una relación entre Estados, un riesgo de un burdo intervencionismo de militancias políticas de Venezuela con ciertos actores políticos mexicanos. Algunas corrientes de la izquierda mexicana iniciaron peregrinajes a Venezuela, pero también desde grupos en el poder como muchos panistas e incluso priistas acudieron con sectores de la oposición venezolana y con autonombrados “especialistas de marketing político” para buscar golpear en el centro de gravedad tanto al chavismo como el lopezobradorismo que en ciernes preparaba su primera elección presidencial. La relación “militante” cubrió las dos caras de la moneda: oficialismo y oposición. Algunos analistas podrían afirmar que es exagerado lo planteado en una relación “militante”, al final es perfectamente normal el diálogo de las cancillerías con todas las fuerzas políticas donde acredite a un embajador, pero nadie puede negar que entre el chavismo y el lopezobradorismo, nació lo mismo admiración y odios, alabanzas y un temor que recorrió a sus respectivas sociedades en una cancha cotidiana para sus ciudadanos, la disputa y defensa del poder. El caso venezolano se convirtió en tema de agenda pública en México al describir desde el PAN y algunos sectores del PRI, que el chavismo se acercaba a la sociedad mexicana por medio de la figura de Andrés Manuel López Obrador. La aparente similitud del chavismo con AMLO fue evidente para muchos y Caracas calibró de nuevo la relación bilateral con cautela. Quedó como neblina el presunto apoyo económico del chavismo a AMLO, primero vía el PRD y después a MORENA. Mucho se dijo al respecto, pero nada se probó con firmeza. De haber sido cierto y comprobado por medio de pruebas reales, la sanción hubiera ameritado la eliminación del resultado de la elección presidencial para el tabasqueño, tal como lo marca la ley en la materia. Otro de los temas que rebasó el orden de los gobiernos y se trasladó al sector privado, fueron la serie de expropiaciones que hizo el gobierno venezolano de infraestructura de empresas mexicanas que habían invertido en Venezuela. El caso de CEMEX y FEMSA, fueron peculiares y obligaron al gobierno mexicano a actuar. La credibilidad en la inversión en el país sudamericano resultó dañada y en el futuro las inversiones mexicanas se hicieron con lupa y cuidado. A la fecha la poca certeza en el tema ha sido la norma y no la excepción. Junto con Colombia, México y Venezuela protagonizaron el Grupo de los Tres (G3) que representó un importante tratado de libre comercio que se firmó el 13 de junio de 1994 y que entró en vigor el primer día de 1995. Chávez en su disputa con Bogotá, denunció el Tratado el 22 de mayo de 2006 y el G3 dejó de existir para sólo ser un Tratado entre mexicanos y colombianos. Dicha triada supo entender el papel de acompañantes en las negociaciones de paz de América Central y sus esfuerzos cristalizaron junto con Panamá en el famoso Grupo de Contadora, que junto con otras naciones fue el prólogo de la creación del Grupo de Río, mecanismo antecesor de la actual Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Corresponsabilidad en el desarrollo del vecindario incendiado por guerras internas y la acuciante desigualdad regional, México y Caracas formalizaron en 1980 el Pacto de San José, oficialmente llamado “Programa de Cooperación Energética para los Países de Centro América y el Caribe” que otorgaba petróleo a precios preferenciales a naciones centroamericanas y caribeñas. Era la Venezuela de Carlos Andrés Péres y de José López Portillo, no obstante, la iniciativa prosiguió hasta entrado el foxismo y el pleno chavismo. La falta de la actualización del mecanismo, las dificultades técnicas de procesamiento del crudo de los dos países en las refinerías de algunos países receptores del hidrocarburo, la progresiva privatización y/o extranjerización de empresas petroleras otrora públicas y la conveniencia venezolana de negociaciones con Cuba y otras naciones a nivel bilateral, ensombrecieron el mecanismo que nació en la era de la abundancia petrolera y en plena explosión de los llamados petrodólares. La creación de PetroCaribe por el chavismo llegó a posibilitar el envío de hasta casi 125,000 barriles diarios de petróleo venezolano a naciones caribeñas y centroamericanas, de los cuales Cuba llegó a ocupar más de 45,000 en diversos hidrocarburos. El planteamiento de una hegemonía regional venezolana le estorbaba el antiguo Pacto de San José y la vieja alianza con México, sería historia. México que en el 2024 dejará de exportar crudo como reconoció PEMEX sabe de la importancia estratégica de los venezolanos al ser los dueños de las mayores reservas petroleras del mundo. En un escenario de crisis energética en México, ¿Venezuela no sería un proveedor importante ante el retraso de México en su transición energética tal irresponsabilidad del actual gobierno mexicano? El gobierno mexicano más que ver el reflejo de Venezuela como “compañeros de lucha” debiera de hacer un ejercicio de prospectiva ante un posible estallamiento interno en el país sudamericano, un mayor éxodo de venezolanos fuera de su patria (México acaba de imponer visa a los venezolanos) y una caída de precios del crudo en una era aún petrolera para el actual sexenio y al menos los dos siguientes. Un escenario de crisis interna y de comprobada violación de Derechos Humanos a ciudadanía y opositores políticos a la herencia del chavismo, ameritará un posicionamiento que rebase invocar los tradicionales principios de No intervención y autodeterminación de los pueblos, los cuales han siso usados a discreción por el Presidente López Obrador, como lo demostró con las crisis en Cuba, Nicaragua y Bolivia, aseguran expertos en el tema. Es verdad que en Venezuela sólo sus ciudadanos tendrán el derecho a decidir la suerte de su régimen político, no hay discusión al respecto. No obstante, los compromisos democráticos y el respeto a los Derechos Humanos amerita una reacción global enmarcada en el sistema hemisférico y en el andamiaje de Naciones Unidas. Ya el reconocimiento a dos gobiernos, el de Nicolás Maduro y el de Juan Guaidó, que han hecho partidarios de uno u otro bando, es una quimera en la legalidad internacional, incluyendo a la OEA. El respeto a la institucionalidad venezolana y en especial a las elecciones que conformen nuevas mayorías parlamentarias con reglas claras en la votación, será nodal. Las misiones de observadores electorales, entre las que destacarán la misión técnica del INE mexicano y las que envíen aliados al lopezobradorismo como la de sus legisladores federales, tendrán el riesgo de un choque que confunda aún más el nebuloso horizonte venezolano. No se puede olvidar que el primer Presidente y Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue ni más ni menos que el venezolano universal, Rómulo Gallegos, laureado escritor y primer presidente de la era democrática del país de las llanuras, que una vez víctima de un golpe de Estado vivió parte de su exilio en México. La convocatoria a ese legado que rebasa al chavismo es una guía para grupos de la oposición venezolana e incluso para algunos miembros del oficialismo que ven la realista conveniencia de pactar una transición sin el mayor daño posible a la ciudadanía. Los regímenes mexicano y venezolano los une una realidad más allá del petróleo, ambos desarmaron un viejo sistema de partidos y el vértice del poder es el populismo del líder omnipresente. Los dos países parece que los iguala una oposición dividida, atomizada, sin narrativa y propuesta en dos democracias que cada día se resquebrajan, pero esa aparente “normalidad” puede ser la excepción el día de mañana en uno u otro país. Al nuevo embajador le tocará identificar los puntos de Estado más allá de la “amistad entre camaradas”, entre ellos, la posibilidad de emergencia de asegurar el suministro de petróleo venezolano en caso de una crisis energética en México. La pertinencia de que México siga siendo escenario para conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, sin duda estará a prueba en los siguientes meses. El equilibrio e inclusión que logre el embajador mexicano con uno y otro bando demandará paciencia y vocación política. El nuevo embajador mexicano podrá tomar nota de otro magro punto venezolano con un reflejo en la realidad mexicana. El militarismo que ha envuelto incluso a la vieja compañía petrolera y el papel cada vez más marcado de rutas del narcotráfico procedente de suelo venezolano a pistas clandestinas en México camino al principal país consumidor de enervantes del mundo, Estados Unidos. Un asunto relevante y donde los cárteles mexicanos tienen presencia en el país petrolero sudamericano además de las relaciones con proveedores de cocaína por la porosidad de la frontera con Colombia. Un asunto de estricta relevancia en el que Estados Unidos podría tener mayor injerencia o presión para aminorar el flagelo de narcóticos y el cada vez más marcado tráfico de seres humanos del que son presas de mafias los ciudadanos venezolanos. El embajador mexicano después de su periplo de Juchitán a Caracas tendrá la iniciativa para redactar sendas comunicaciones a su gobierno que toquen aspectos de Estado, más que congratulaciones entre aparente revolucionarios. Quizá le estalle el presunto escándalo del misterio que encarnó el intercambio de petróleo por alimentos donde apuntan las pruebas que puedan estar involucrados altos funcionarios del gobierno de México. Más que una investigación periodística o una sanción de Washington a empresas venezolanas, la propia Unidad de Inteligencia Financiera bajo el gobierno encabezado por López Obrador se encuentra investigando y tarde o temprano deberá desahogar la tenebra del asunto. ( https://elpais.com/mexico/2021-06-14/la-red-que-intercambio-petroleo-de-venezuela-por-alimentos-opero-con-la-ayuda-del-gobierno-mexicano.html ) El presidente López Obrador, no se ha cansado de decir que “No queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros. Nosotros estamos por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo", ojalá el nuevo jefe diplomático de la representación de México ante el Estado venezolano, actúe como las circunstancias demandan más que pensar que la embajada es un premio de consolación en la interna por la gubernatura de Oaxaca. Juan-Pablo Calderón Patiño Es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de postgrado en El Colegio de Veracruz y la Universidad de Buenos Aires. Realizó su práctica profesional en la Embajada de México en la exYugoslavia. Tiene diversas publicaciones como colaborador invitado en Este País, Reforma, El Financiero, la edición electrónica de Foreign Affairs Latinoamérica y en la Fundación Ortega y Gasset. Participó en diversas tareas en los órganos de Gobierno en el Congreso de la Unión, destacando la organización y el trabajo de apoyo para la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Desde hace una década trabaja en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

México en el Mundo se constituyó, a comienzos de 2021, como un grupo de trabajo y reflexión. Su creación obedeció a diversas circunstancias: por una parte, la complejidad creciente de problemas provenientes de la frontera norte y sur de México que repercuten, más que en otros momentos, sobre el rumbo de la vida nacional; por la otra, debido a la conducción incierta de la política exterior del país por el distanciamiento que, durante los primeros años de su gobierno, ha tenido el Jefe del ejecutivo mexicano respecto a lo que ocurre más allá de nuestras fronteras.
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La palabra mascota refiere a animales o cosas que, se piensa, dan buena suerte a sus dueños. Se le considera sinónimo de amuleto o talismán. Los orígenes de este término son franceses. La palabra mascotte significa amuleto y tiene su raíces en el vocablo masca, posiblemente de ascendencia celta o germana, que significa bruja y que remite a máscaras, hechizos y embrujos . Hoy el término tiene especial vigencia a propósito de los animales de compañía, cuya posesión, se pensaba, desde tiempos inmemoriales, daba buena suerte a sus dueños, si bien ahora diversas disciplinas como la psicología y la sociología ratifican los efectos benéficos que genera a las personas contar con mascotas. En este sentido, una mascota olímpica tendría como fin, no sólo generar una identidad respecto al evento, sino ayudar a que éste tenga éxito. Claro que las mascotas olímpicas constituyen artículos muy socorridos para publicitar estas justas deportivas y forman parte de la comercialización de las mismas. Por regla general suelen ser figuras antropomórficas donde destacan animales o diseños con los que se identifica a un país - i. e. el águila calva que fue inmortalizada en Sam la mascota de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 o bien el oso pardo encarnado por Misha, la adorable y carismática mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, recordando en este último caso que en la cultura rusa, los osos son retratados como animales sabios y razonables y suelen denominarse Misha o Mishka, diminutivo de Mijaíl. Consulta el artículo en PDF aquí.

Colaboración publicada originalmente e n El Economista. El resultado de la primera vuelta electoral en Chile parece confirmar la culminación de la paulatina evaporación del oasis político y económico que ostentó durante las últimas tres décadas. Si bien una serie de eventos tales como el movimiento de protesta de 2019, los escándalos de corrupción en torno a la administración del presidente Piñera y la creciente desigualdad ya habían significado un importante desgaste, estos primeros resultados hablan de un vaticinado pero significativo presagio: el quiebre del statu quo político chileno . Toda ruptura viene acompañada de un periodo de inminente cambio e incertidumbre. No es gratuito que esta coyuntura haya llevado al puntero a dos candidatos en polos opuestos del espectro político. Los resultados de la elección de la Asamblea Constituyente que se encuentra redactando la Carta Magna que regirá al país ya anticipaban una consistente predilección por candidaturas independientes y fuera del establishment . Las coaliciones de centro-izquierda y centro-derecha que caracterizaron el sistema de partidos tras el periodo de transición democrática perdieron la confianza del electorado, y con ello, la posición de mando. El desenlace electoral dependerá en gran medida de cómo adapten sus mensajes ambos contendientes en las semanas venideras. Tanto el candidato de extrema derecha José Antonio Kast, como el social demócrata Gabriel Boric deberán capitalizar a aquellos votantes en el centro del espectro. Resulta complejo pensar en la consolidación de este balance moderado ante los mensajes antagónicos que han caracterizado sus campañas. Es innegable que tanto el mensaje de ley y orden de Kast como la promesa de igualdad social y redistribución de la riqueza de Boric son efectivos en cuanto apelan a los sentimientos y esperanzas de sus respectivas bases electorales. Sin embargo, los problemas presentes tales como los estragos socio-económicos de la pandemia, el estado de emergencia derivado de choques con la comunidad Mapuche y la crisis migratoria ameritan una agenda más allá de posturas blanco y negro. Independientemente del resultado, existen por lo menos dos retos venideros en términos de gobernabilidad. Por un lado, de ser aprobada la nueva constitución en el plebiscito que tendrá lugar el año próximo, el candidato que resulte ganador tendrá que adaptar su administración a un orden institucional completamente distinto, ya que se plantean reformas en la totalidad del sistema político, legislativo y judicial. Pese a que hasta el momento no se ha contemplado, las nuevas reglas del juego podrían incluso hacer un llamado a nuevas elecciones en este esfuerzo de transitar de un sistema fuertemente presidencialista hacia uno parlamentario. Por otro lado, pese haber logrado su principal objetivo, la llama que encendió las protestas masivas hace 2 años sigue viva. Evitar plasmar todas las demandas de distintos sectores en la ley, podría revivir episodios similares en el corto plazo. Ante esta compleja situación, mucho se ha hablado sobre la polarización en esta coyuntura. Sin embargo, la evidencia apunta hacia una problemática menos simplista y más alarmante. Si bien en el campo político se percibe un clima extremo y agitado, sería aventurado hablar de una sociedad polarizada. Por una parte, el 53% de abstención muestra una fé de desinterés y desencanto. Asimismo, tanto el inesperado puntaje que logró el candidato anti-sistema Francisco Parisi como la amplia fragmentación del próximo congreso refleja las múltiples demandas que movilizan al electorado. El fenómeno del mal menor parece caracterizar a una gran parte del continente latinoamericano y esta no ha sido la excepción. En una región con desafíos apremiantes, las voces chilenas claman por un mayor pragmatismo y una menor retórica vacía. Raquel López-Portillo Maltos Es Licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana y especialista en Análisis Político, Democracia y Elecciones por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, derechos humanos, igualdad de género y educación. Actualmente se desempeña como analista estratégica regional en temas relacionados con América Latina. Es Asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).

Colaboración publicada originalmente en El Economista. El cambio climático tiene ya efectos visibles en América Latina y el Caribe. El aumento en temperaturas oceánicas ha causado la perdida del 80% de la cobertura en los arrecifes coral del Caribe en décadas recientes, afectando a ecosistemas marinos y comunidades pesqueras. El año 2020 registró la temporada de huracanes más activa en registro; los huracanes Iota y Eta causaron terribles pérdidas en Nicaragua y Honduras. Las sequías prolongadas de 2020 y 2021 han afectado seriamente las economías de Argentina, Paraguay y Uruguay, sin olvidar que, en México, cerca del 90% del territorio nacional registró algún grado de sequía en abril. Frente a este panorama, los tres principales emisores de Gases de Efecto Invernadero de la región –Brasil, México y Argentina– llegaron a la COP26 sin coordinación para empujar temas clave en la agenda regional. Una postura común habría sido clave para negociar de manera conjunta con actores del mundo desarrollado como Estados Unidos o la Unión Europea. Desde su llegada al poder, el presidente argentino Alberto Fernández ha tomado un peso importante en la región para discutir temas climáticos. Además de haber presentado en la COP26 una nueva meta climática más ambiciosa que la de 2015, ya prepara un plan nacional para producir hidrógeno verde y ha propuesto la aprobación de una ley de electromovilidad. Más aun, el 8 de septiembre, Argentina organizó el Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las América, el cual contó con la asistencia de otros 7 mandatarios regionales, además del enviado climático de EUA, John Kerry y el Secretario General de la ONU. Al igual que sucedió en la cumbre climática convocada por Argentina, los mandatarios de Brasil y México estuvieron ausentes en el segmento de alto nivel de la COP26. Además de la falta de interés de ambos mandatarios por el cambio climático y el medio ambiente –que ambos han externado de manera muy clara–, la ausencia de Brasil y México hace eco de los serios retrocesos en política ambiental y climática que se han registrado recientemente en estos dos países. De hecho, en 2020, Brasil y México actualizaron los compromisos climáticos originalmente presentados en 2015, en el marco de la firma del Acuerdo de París; contrario a lo pactado, los dos países latinoamericanos presentaron nuevas metas climáticas que llevarían a niveles incluso más altos de contaminación en 2030. Lo que ocurre en Brasil ha recibido mayor atención mediática, por su impacto global. Ese país alberga el 60% de la cobertura forestal de la cuenca del Amazonas, un gran almacén de dióxido de carbono. El gobierno de Jair Bolsonaro se ha encargado de desmantelar las protecciones institucionales que evitaban la reducción de cobertura forestal. En 2020, la tasa anual de deforestación llegó al nivel más alto en los últimos 12 años y los incendios forestales han aumentado considerablemente, impulsados por prácticas de los sectores agropecuario y minero para despejar la tierra. Con todo, la diplomacia climática de EUA y la Unión Europea ha logrado, al menos, presionar a Brasil para presentar nuevos compromisos en la COP26: anunció una nueva meta climática hacia 2030 y un compromiso para alcanzar emisiones netas cero en 2050, además de suscribir el Convenio para Detener y Revertir la Deforestación hacia 2030. México, que hasta hace unos años era considerado una voz relevante entre economías emergentes para abordar temas climáticos, tuvo un papel casi invisible durante la COP26. No hubo cambio alguno en la meta climática de corto plazo hacia 2030, hoy contraria al Acuerdo de París, y perdió la oportunidad de presentar un plan de emisiones netas cero hacia 2050. Por si fuera poco, nuestro país llegó sin posturas claras en temas relevantes para la región, como el canje de deuda por acción climática, el financiamiento de soluciones basadas en naturaleza o la reglamentación de mercados de carbono. Ricardo Smith Nieves Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Asesor en Desarrollo Sustentable y Temas Globales en la Fundación Desarrollo Humano Sustentable. Asociado Joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Videocolumna semanal en Gluc.mx y colaborador en asuntos internacionales para el podcast Política 101, de Inkoo.mx.

Colaboración publicada originalmente e n El Economista. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) fue creado en 2011, tras la entrada en vigor del tratado internacional en la materia. Las violaciones de derechos humanos (DDHH) que ocurrieron en América Latina en los años sesenta y setenta dieron pie al concepto de desaparición forzada y, eventualmente, a la creación de estas instituciones internacionales. Sin embargo, para México, la desaparición forzada no es asunto del pasado. A las personas desaparecidas durante la mal llamada Guerra Sucia, se han sumado muchas miles en los últimos quince años, debido al aumento de la violencia en el país y a la colusión de fuerzas policiales con el crimen organizado. Según datos oficiales, en México hay más de 94,000 personas desaparecidas. El CED es un valioso recurso para víctimas, familiares, sociedad civil y gobiernos, en la búsqueda de memoria, verdad, justicia y no repetición del fenómeno de la desaparición forzada. El Comité está integrado por 10 expertas independientes y realiza, principalmente, tres tareas: 1) la emisión de recomendaciones a los Estados, a partir de información provista por gobiernos y sociedad civil; 2) el envío de peticiones de acción urgente a los Estados, para que localicen y protejan a personas recientemente desaparecidas; 3) la evaluación de denuncias individuales interpuestas por familiares y representantes de víctimas de desaparición. El CED visitará México por primera vez del 15 al 27 de noviembre de este año. La visita tiene lugar en el marco de la reciente y creciente apertura de nuestro país a este comité de las Naciones Unidas. En octubre de 2020, el gobierno de México finalmente reconoció la competencia del CED para atender denuncias individuales sobre casos de desaparición. Asimismo, en junio de 2021, la Suprema Corte decidió que las autoridades gubernamentales tienen la obligación de implementar las acciones urgentes que el Comité solicite. En diciembre de 2020, el CED reportó que el 42% de sus peticiones de acción urgente a nivel mundial son sobre desapariciones en México. Al igual que la inminente visita, estos avances son triunfos de las familias de víctimas de desaparición, quienes buscan recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de sus seres queridos y su persecución de justicia. Sin embargo, el reconocimiento de competencia y la visita, que había sido solicitada por el CED desde 2013, no se explican tampoco sin la voluntad política que innegablemente existe en el gobierno federal, especialmente en sectores de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, para hacer frente a la problemática de la desaparición, y para hacerlo desde la apertura al escrutinio internacional en materia de DDHH. La visita del CED es una excelente noticia. Para las familias de personas desaparecidas, es una oportunidad para dialogar con personas expertas e interesadas en su búsqueda de verdad y justicia. El Comité puede servir de apoyo y de puente para que sus casos sean atendidos y sus voces escuchadas por autoridades gubernamentales. Para el gobierno mexicano, la visita es un espacio para el diálogo político y, sobre todo, para la asistencia técnica en materia de desaparición forzada. Para el CED, la visita a México representa también una oportunidad. Aunque visitar Estados forma parte del mandato del Comité, ésta será la primera que realiza en su historia. Los organismos internacionales de DDHH operan independiemente de si los Estados tienen o no voluntad de cooperar con ellos. Es indispensable que operen así. Sin embargo, estos organismos funcionan mejor cuando encuentran en sus contrapartes estatales apertura para el diálogo y la cooperación. Ello debido a que, a falta de un Leviatán internacional, la implementación de estándares regionales y universales de DDHH depende siempre, en última instancia, de los Estados. Ojalá que la visita del CED sea productiva para todas las partes. Se lo debemos a nuestras 94,000 personas desaparecidas. María José Urzúa Valverde Es estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Princeton, donde se especializa en Relaciones Internacionales y Política Comparada, con un enfoque regional en América Latina. Es maestra en Ciencia Política por la misma universidad y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde se tituló con mención honorífica y obtuvo el Premio de Investigación Ex ITAM por su trabajo de tesis. María José fue becaria Fulbright-García Robles del 2018 al 2021. Sus principales intereses de investigación son los derechos humanos en el sistema internacional, la política exterior de México y las relaciones internacionales de América Latina. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Los derechos humanos y la democracia en el sistema interamericano , escrito en coautoría con la Dra. Natalia Saltalamacchia.

Colaboración publicada originalmente e n El Economista. Es posible que estos días hayan leído o escuchado sobre la Cumbre de Líderes Mundiales que se realiza durante la COP26 en Glasgow, Escocia. Diversos medios de comunicación volcaron sus reflectores para cubrir las participaciones de importantes jefes y jefas de Estado o de Gobierno quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus posturas iniciales sobre las negociaciones internacionales en materia de cambio climático que se realizarán por dos semanas. A pesar de los esfuerzos de organización por parte del Gobierno del Reino Unido, el inicio de la COP26 ha dejado un sabor amargo entre las y los participantes. Durante meses hubo grandes dudas sobre si los países que se encontraban en la lista roja del país anfitrión por la pandemia de COVID-19, podrían ingresar con o sin cuarentena obligatoria; precios exorbitantes de hospedaje que representaron un gran reto para los países del sur global; además de las largas filas para ingresar al recinto, la poca capacidad para recibir a las casi 30 mil personas acreditadas y las pruebas de antígenos que diariamente deben ser realizadas. El 2 de noviembre se anunció que 105 países, entre ellos México, se adherían a la Declaración sobre bosques y uso de la tierra, con la cual se reafirman compromisos con el uso sostenible de la tierra, con la conservación, la protección, la gestión sostenible y la restauración de los bosques y otros ecosistemas terrestres. Señalan también que trabajarán colectivamente para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030. Dicha Declaración podría parecer ambiciosa, sin embargo, ya hemos escuchado este tipo de compromisos y de promesas en diversos foros internacionales, cumbres, o convenciones, incluso México entregó como un componente de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés), que se comprometía a una tasa de 0% de deforestación para 2030. El verdadero reto es que los estados Parte del Acuerdo de París no solo cumplan con sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que también incrementen estos compromisos si queremos evitar que la temperatura se eleve por más de dos grados centígrados. Otro aspecto primordial que se está discutiendo en la COP26 es el tema del financiamiento. Es innegable que sin recursos económicos poco se podrá avanzar en los países del sur global quienes no son responsables por el aumento histórico de las emisiones de GEI. Los países más contaminantes siguen sin cumplir con su compromiso de entregar 100 mil millones de dólares por año en financiamiento climático, y aunque esto no debería ser una excusa para que países como México no cumplan con sus NDC, sí representa un obstáculo para la reducción de emisiones a nivel global. Estos recursos económicos deberían ser a fondo perdido y no préstamos que estrangulen aun más las economías de los más vulnerables. Durante la COP26 también se delinearán temas de suma importancia como la agricultura; la silvicultura; la descarbonización de todos los sectores; la eliminación gradual del carbono; la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles y a las industrias contaminantes; el precio al carbono y los mercados de carbono; las pérdidas y daños; la adaptación, la resiliencia; y la educación ambiental. El éxito de estas negociaciones internacionales dependerá de la voluntad de cumplimiento que asuman los gobiernos, sin embargo, la responsabilidad de reducir emisiones corresponde indiscutiblemente también a las industrias y a la participación de los gobiernos subnacionales. El futuro nos alcanzó, no necesitamos más promesas rotas. Jatziri Pando Medina Abogada especializada en derecho ambiental, cambio climático, energía, y derechos humanos. Ha laborado por doce años en el Senado de la República, en donde ha desempeñado cargos como el de Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Cambio Climático, y actualmente es Secretaria Técnica de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Con retraso de un año por la pandemia y a pocas semanas de haber concluido la temporada estival en la que el hemisferio norte, en el mes de julio, se superó a sí mismo como el mes más caluroso de la historia con una temperatura de 1,54°C por encima del promedio; el Reino Unido, en un ambiente de expectativa creciente, acogerá desde el 31 de octubre al 12 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Con el foco puesto en los líderes de las economías más contaminantes del mundo, y el llamado a cumplir los compromisos de financiamiento climático a los países en desarrollo más vulnerables, la mexicana Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), recordaba recientemente la importancia de esta cita mundial al señalar que 2021 es el año más importante para lograr “un cambio fundamental y transformador en la política y la acción climática mundial”. Partiendo de esa recomendación la COP26 se convierte en una oportunidad para reorientar los insuficientes compromisos multilaterales que conduzcan a atajar la emergencia climática que, solo en el presente año, de manera simultánea, produjo eventos climáticos extremos como las inusuales olas de calor con saldo de 500 muertos en Norteamérica, los incendios forestales en Rusia donde en un solo día se ha quemado un área que equivale a 4.9 millones campos de fútbol, además de los grandes fuegos en California, las graves inundaciones en Europa, las lluvias torrenciales en la ciudad de Zhengzhou en China donde en seis horas ha llovido la mitad de su media anual, el deshielo masivo que afectó a Groenlandia, entre otros fenómenos como la grave sequía que afectó al centro y sur de Brasil o el incremento de las tormentas tropicales, entre otros muchos. Con un Reino Unido fuera de la Unión Europea y decidido a asegurarse una posición de liderazgo durante los próximos diez años como se desprende del planteamiento de su nueva estrategia de política exterior —impulsada bajo la dirección Johnson y titulada 'Un Reino Unido global en una era competitiva'—, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son asumidos como prioridad internacional número uno, a la vez que la diplomacia y el desarrollo se articulan en una nueva narrativa con el objeto de alcanzar un mayor impacto en el binomio cambio climático y pobreza extrema, sobre todo, cuando cada vez, con mayor frecuencia, se incrementa el número de personas refugiadas y desplazadas por los efectos del cambio climático. Bajo la premisa anterior, el Reino Unido llegará a la COP26 con importantes resultados desde el Acuerdo del Paris de 2015 adoptado en la COP21 por 194 naciones, al haberse convertido en la primera economía avanzada en el mundo en aprobar en 2019 una ley que procura alcanzar la meta de cero emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, sumado al reciente anuncio a inicios de mes de nuevos planes para garantizar que los hogares y los negocios en Reino Unido cuenten con electricidad limpia, segura y asequible para 2035, contribuyendo de ese modo a reducir la dependencia y exposición a los precios volátiles de los combustibles fósiles. Con Estados Unidos de regreso al Acuerdo y China dispuesta a alcanzar su techo de emisiones de carbono en 2030 —siendo ambos responsables del 45% de las emisiones contaminantes—, las esperanzas por un futuro más verde se renuevan, a la vez que nos tornamos más conscientes del enorme desafío que enfrentamos como humanidad ante los efectos del cambio climático, afectaciones por las cuales todos tenemos una parte de la responsabilidad. Alfredo Suárez Mieses Diplomático dominicano, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (PhD) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Formación multidisciplinar con Maestrías en: Estudios Latinoamericanos mención Economía Internacional (USAL); Ciencia Política para el Desarrollo Democrático (USAL); Estudios Internacionales (PUCMM); y, Administración de Negocios para Ejecutivos -MBA (UQAM). Especialidad en Ciencias Pedagógicas con mención en la Enseñanza de las Ciencias Económicas y Empresariales (UNAPEC).

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Tan solo 10 días antes de que Angela Merkel ganase sus primeras elecciones en 2005, su predecesor Gerhard Schöder firmaba el acuerdo que ampliaba la capacidad de Rusia de enviar gas natural directamente a Alemania a través de un segundo gaseoducto en el Mar Báltico: Nord Stream 2. Los últimos días de Merkel al frente de Alemania coinciden con la finalización de la construcción del gaseoducto. Nord Stream supone la reducción del volumen de gas enviado desde Rusia a Alemania y otros países centroeuropeos a través de países de tránsito, como Ucrania, Polonia, Lituania y Letonia. Estos países perderán ingresos derivados del cobro de tasas por el tránsito de gas y poder vis-à-vis Rusia. Ucrania mantiene una guerra frente a rebeldes en el Este del país apoyados por el Kremlin y los otros países mencionados acostumbran a sufrir intimidaciones y amenazas rusas. Alemania justifica Nord Stream por dos razones. La primera, que a través del comercio Rusia devendrá un país más moderno, tolerante y democrático (Wandel durch Handel). La segunda, la deuda de Alemania con Rusia tras la Segunda Guerra Mundial por los daños humanos, materiales y morales causados. Los países ubicados entre Alemania y Rusia replican enojada y acertadamente que Rusia se está tornando más agresiva y autoritaria y que estos países no fueron menos víctimas de Alemania que Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Debilitando la posición de los países de tránsito, varios de ellos socios de Alemania en la Unión Europea y la OTAN, Merkel renunció a impulsar una verdadera política común europea exterior y de seguridad y defensa, en tanto que priorizó objetivos cortoplacistas a nivel interno –abaratar el coste de la energía – a costa de alienar a sus aliados. Sirva de ejemplo que el Primer Ministro polaco rechazó recientemente recibir a la todavía Canciller Federal en Varsovia. Las administraciones Obama y Trump fueron reticentes al proyecto e impusieron sanciones con el fin de bloquearlo, pero Joe Biden levantó estas sanciones. Una vez que Estados Unidos ha definido a China como su rival geoestratégico, Washington ha priorizado mejorar las relaciones con Berlín para así acercar a Alemania a un bloque frente a China. Meses antes de que Washington diese su luz verde, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia sorprendente a la que no se le ha prestado la suficiente atención política. La sentencia falla contra Alemania y a favor de Polonia con respecto al sobreuso del gaseoducto de Nord Stream 1, interpretando que el de ‘solidaridad energética’ es un principio fundamental de la Unión Europea, efectivo incluso cuando no ha sido incorporado a la legislación secundaria. Por lo tanto, los Estados Miembro de la Unión Europea están obligados a garantizar la seguridad energética del resto de Estados Miembro en sus políticas energéticas nacionales. La respuesta política a Nord Stream 2 llegó desde Madrid. España, muy lejos de Rusia, ve como su seguridad energética se ve amenazada por las tensiones entre Argelia y Marruecos. El gobierno español, muy bien conectado con la Comisión Europea, instó a esta a considerar que la Unión Europa lleve a cabo compras conjuntas de gas natural y que gestione reservas estratégicas, esto es, contraponer a los exportadores de gas natural un monopsonio europeo que restaría sentido a Nord Stream 2. España está muy lejos de Rusia, pero en las últimas semanas, el New York Times y La Repubblica documentaron la presencia de espías rusos en durante la crisis del referéndum de independencia en Cataluña en 2017. El próximo canciller alemán pagará un precio político caro por el abaratado gas natural ruso. Fernando Hortal Foronda Es graduado en filosofía, política y economía por la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y maestro en Estudios Europeos por la London School of Economics.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Por más de un año, en incontables ocasiones escuchamos al presidente López Obrador sostener que el T-MEC será el motor que sacará a la economía nacional adelante ante la contracción que implicó la pandemia de COVID-19 y su cuestionada gestión a nivel nacional. Si bien esta visión es atinada en cuanto al potencial del nuevo tratado para hacer de México un actor competitivo en la economía global, en Palacio Nacional parecen haber olvidado que el éxito de su implementación esta fuertemente ligado a la certidumbre y al respeto a las reglas del juego. El pasado 30 de septiembre el Ejecutivo Federal remitió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma a la Constitución para dar marcha atrás a la reforma energética promovida en 2013 por el presidente Peña Nieto. Esta iniciativa propone un nuevo sistema eléctrico a fin de que el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional, a través de la CFE. Así, desaparecen los órganos reguladores (la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos) haciendo a la CFE juez y parte en el mercado energético. Si bien se dispone que las actuales inversiones privadas “legítimas” podrán participar en la generación de hasta el 46% del consumo eléctrico nacional, esta participación se incorporará mediante un mecanismo de adquisición establecido por la propia CFE, sujetándose a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. En ese sentido, la iniciativa plantea que para su instrumentación requerirá la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada. De igual forma, la iniciativa propone que únicamente el Estado mexicano pueda realizar la extracción y explotación de litio, así como de “otros minerales estratégicos”. Aunado al impacto social y medioambiental de priorizar el despacho de energía eléctrica producida en gran medida con combustóleo, la afectación al clima de negocios, a la inversión y al Estado de Derecho será de dimensiones incalculables. No solo eso, se afectaría la competitividad de toda la industria en México, pues la energía producida por la CFE y que será priorizada bajo argumentos de confiabilidad, puede resultar hasta 252% más cara, de acuerdo con el IMCO. En el caso del T-MEC, pero también de otros tratados de última generación como el TIPAT o el TLCUEM, esta reforma representa violaciones flagrantes a la cláusula de trato nacional y los capítulos relacionados con inversión. Limitar la exploración del litio y demás minerales estratégicos representa también una violación a los tratados mencionados, pues en ellos no se reserva el desarrollo de esta actividad a los Estados, como sí se hace, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear. De tal modo, en el marco del T-MEC podrían detonarse controversias Estado-Estado, a través de las cuales un panel podría determinar si existe daño alguno, y en su caso el Estado demandante podría tomar represalias. Asimismo, se podría detonar un mecanismo Inversionista-Estado, en el que un panel establecería si existe un daño, y en su caso, el Estado tendría que realizar el pago de indemnizaciones (laudos), que, por la naturaleza de las inversiones en esta industria, se estima de sumas multimillonarias. De tal forma, atentar contra el espíritu del T-MEC resulta un autosabotaje a la supuesta gran apuesta de este gobierno por la recuperación de la economía nacional. Daniel Rosado Méndez Es internacionalista por el ITAM y maestro en desarrollo social por la University College London. Fue responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento a la Implementación del T-MEC en el Senado. Twitter: Fernando Mayer De Leeuw Es internacionalista y maestro en administración pública por la Ibero. Fue parte del equipo negociador del T-MEC en las materias de Comercio Electrónico, Telecomunicaciones, Servicios Financieros, Energía, Inversión y Comercio Transfronterizo. Twitter: @fermayer18

En 2021 se conmemoran el 73° aniversario del nacimiento de dos importantes instituciones para el continente americano: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de Estados Americanos (OEA). La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), en cambio, es de más reciente cuño y tiene, apenas, dos lustros de vida. Nació el 3 de diciembre de 2011 en el marco de la III Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC) y de la XXII Cumbre del Grupo de Río ambas celebradas en Caracas, Venezuela. Cada una de estas instituciones tiene objetivos que estarían llamados a converger, si bien a menudo afloran las discrepancias entre los participantes. Las más visibles han acontecido en el seno de la OEA y actualmente también en la CELAC. Esto deja a la CEPAL en solitario, actuando como un bróker con la responsabilidad de orquestar estudios económicos, sociales y otros más, para contribuir al diseño de políticas públicas que permitan el fomento de la prosperidad entre los países del continente americano. Con todo, queda la sensación de que América Latina y el Caribe tienen muchas afinidades e intereses convergentes que no han logrado traducir en sólidos esquemas de integración, esto por razones políticas e ideológicas. Consulta el artículo en PDF aquí.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. En toda negociación dos elementos parecen resultar centrales para que pueda llegarse a un acuerdo. Por un lado, que las partes tengan confianza en que quien tienen enfrente respetará las reglas que se establecen para llevar adelante el proceso y que honrará los compromisos a los que se lleguen. Por el otro, el hecho de que quienes toman parte sientan que lo que pueden perder si en algún momento se deciden a abandonar la mesa de negociación les generará importantes efectos negativos para sus intereses. Estas cuestiones tienen que tomarse en cuenta al momento de analizar las negociaciones que, nuevamente, han comenzado a desarrollarse, esta vez en suelo mexicano, entre representantes del gobierno de Maduro y de la oposición venezolana. No es la primera vez que las partes deciden sentarse en una mesa común y cargan con haber fracasado en intentos anteriores. Los opositores han acusado al presidente de Venezuela de haber utilizado las negociaciones más como un fin que como un medio, y no les ha faltado razón. Un fin, en tanto Maduro apeló el llamado al diálogo en momentos de debilidad interna con la intención de aliviar la presión y comprar tiempo para recomponerse, apelando a exacerbar las posturas contrapuestas que desde hace años han existido entre diversos sectores de la oposición. Y a fin de cuentas, esta estrategia le funcionó. La oposición, por su parte, en los procesos anteriores pareció partir de la convicción de que llegar un acuerdo en torno a su principal reclamo, la celebración de elecciones transparentes y equitativas, pavimentaría su arribo inevitable al poder y marcaría el ocaso definitivo del chavismo. En otras palabras, imperaba en su postura una lógica del “todo o nada” que hacía perder de vista cualquier acuerdo que no supusiera la rendición del adversario. Los fracasos anteriores llevaron a que como parte importante del proceso actual se haya debido invertir importante tiempo en generar un memorando de entendimiento que detalla una serie de acuerdos parciales y que sirve para guiar al diálogo. Tampoco resulta sorprendente que el gobierno de Noruega, que apoyó las negociaciones entre la presidencia colombiana y las FARC, haya asumido el rol protagónico como mediador, y que las discusiones se lleven adelante en México, que procura reconstruir su liderazgo regional. Los primeros signos parecen ser auspiciosos, pero en cierta medida no marcan una diferencia sustantiva con lo observado en intentos de negociación anteriores. Lo que quizás sí muestra un escenario distinto es como llegan las partes y cual es el objetivo que persiguen. En el caso de la oposición, la apuesta a que las presiones externas e internas llevaran a un resquebrajamiento del gobierno de Maduro y esto se tradujera, fundamentalmente, en la ruptura de la cadena de mando en las Fuerzas Armadas no ha dado sus frutos. Al mismo tiempo, la estrella ascendente de Guaidó se ha ido apagando. Por eso, llegar a un acuerdo que no necesariamente suponga una caída del régimen pero genere las condiciones para participar en elecciones regionales que le permitan recuperar cierta cuota de poder puede ser visto, así las cosas, como una tabla de salvación. Por el otro lado, si bien Maduro ha recompuesto su poder interno, las sanciones económicas y el bloqueo al acceso a activos del país en el exterior se han convertido en problema estructural para el gobierno. En los tiempos de Trump en la presidencia una reversión de esta política resultaba imposible si no se aseguraba la salida del chavismo del poder. Sin embargo, la administración de Biden parecería estar más abierta a reconsiderar esta cuestión si esto permite acercar a las partes a un acuerdo. Por esto mismo es que los representantes de Maduro han llevado este tema a la mesa de negociaciones como su principal reclamo. Y a cambio éste podría estar abierto a tolerar cierta pluralización del ejercicio del poder en el país. Considerando los reiterados fracasos del pasado sería prematuro adelantar un resultado exitoso para esta nueva ronda de negociaciones. Sin embargo, los elementos expuestos anteriormente podrían servir para alentar cierto optimismo. Juan C. Olmeda Es doctor en Ciencia Política por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern, Estados Unidos, en dónde además obtuvo un Master en Ciencia Política. Anteriormente obtuvo un Master en “Ética, Política y Política Pública” por la Universidad de Essex, Reino Unido. En la actualidad es profesor-investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Nivel 1. Desde marzo de 2017 es además director de la revista Foro Internacional

No es posible patentar el estilo de intervenciones estadounidenses pese a la similitud de los objetivos. En todos ellos subyace la exportación de útiles o valores democráticos, lo mismo durante la guerra fría que en la era post 11 de septiembre. La única certeza para maximizar el grado de certidumbre durante una eventual intervención consiste en articular una ruta crítica cuyo último nodo responda a la siguiente pregunta: ¿Qué pasará el día después de nuestro regreso? El Pentágono y la CIA colocaron sobre la mesa del presidente Kennedy el escenario de un levantamiento popular en Cuba en contra de Fidel Castro; 1,400 milicianos entrenados en Nicaragua y Guatemala, durante la administración de Eisenhower, se encargarían de encender la mecha. Los sistemas de inteligencia fallaron, Fidel Castro conoció los planes dejando como único vacío de información el lugar donde tendría lugar la invasión. Ni el Pentágono ni la CIA se imaginaron que el sistema comunista de la isla quedaría petrificado avanzadas las dos primeras décadas del siglo XXI. Ha sido el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg el que mejor ha filtrado la estrategia de Estados Unidos en Afganistán a través del pragmatismo: “Nuestra misión era proteger a Estados Unidos no a Afganistán”. Bajo esta premisa, Stoltenberg podría decir: misión cumplida, o si se prefiere, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Donald Trump ya había demostrado que el tipo de gobierno “democrático” en Afganistán se acercaba más a un escenario de simulación que a uno que tuviera auténticos vínculos de arraigo con los valores democráticos como lo pensó o soñó en su momento George W. Bush. Trump estuvo a nada de invitar a miembros del grupo talibán a la Casa Blanca para firmar el acuerdo que finalmente fue suscrito en Doha. Mike Pompeo y el mulá Abdul Ghani Baradar, cofundador del grupo talibán, no solo firmaron un plan de ruta de retirada del ejército estadounidense de Afganistán, para el grupo radical significó el momento idóneo para asaltar el poder en Kabul. Envalentonado, el grupo talibán le arrebató el control del país al gobierno de Ashraf Ghani, quien fue disminuido como si de una entelequia se tratara. Así lo supo el mundo el 15 de agosto cuando huyó del país con más de 100 millones de dólares. Douglas London, exjefe de antiterrorismo de la CIA para el sur de Asia, comentó que la inteligencia de Estados Unidos sí sabía que el grupo talibán derrotaría a las fuerzas afganas y que era muy probable que el gobierno de Ashraf Ghani caería en pocos días. Su opinión difiere a la de Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. “No había nada que yo ni nadie observara un posible colapso de este ejército (el afgano) y de este gobierno en tan solo 11 días” ( The Washington Post, 17 de agosto). ¿Lo que declara Milley es lo que pensó el presidente de Estados Unidos? Cualquier tipo de conjetura sustentada en las aportaciones de las agencias de inteligencia apuntaría al escenario que describe Douglas London, es decir, el presidente Biden sí sabía que el costo de abandonar Afganistán sería dañino para su imagen. Pew Research revela en un estudio que el 54% de los estadounidenses encuestados indica que la decisión de abandonar Afganistán fue buena (31 de agosto), pero no la forma: el 42% cree que el presidente Biden operó mal la salida. Si las cifras son acotadas por ideología partidista, el 70% de los encuestados afines al partido demócrata cree que la decisión fue buena. Al activar las luces largas para viajar al pasado, el 69% de los encuestados por Pew Research asegura que los objetivos planteados al inicio de la intervención militar en Afganistán no fueron logrados. Lecciones La decisión de abandonar Afganistán después de dos décadas y la involución política representada por el grupo talibán al frente del país, revelan la imposibilidad de Estados Unidos y de sus aliados de impedir que este grupo radical pierda influencia en el país, mitigar el tráfico de drogas y, finalmente, lo que prometió el presidente George W. Bush hace 20 años, implantar un sistema democrático. Es indudable que el tema de la mujer había sido una de las externalidades positivas de la invasión militar, pero lo que se ha visto en las últimas semanas, representa una tragedia de proporciones desmedidas. Las adolescentes menores de 20 años son las que sienten que el mundo les está cambiando; hoy, un mundo apocalíptico. De igual manera, las palabras del secretario general de la OTAN son tan frías como indolentes: su compromiso era con Estados Unidos, no con Afganistán. La sensación de abandono es brutal. El atentado maquinado por el Estado Islámico en el aeropuerto de Kabul el mes pasado fue algo más que una provocación hacia Estados Unidos y sus aliados. Es un símbolo del reacomodo que vendrá entre terroristas en la región. El grupo talibán podrá estar distante de los terroristas del Estado Islámico, pero nunca ha dejado de tener vínculos con Al Qaeda. El presidente Biden calificó su decisión de abandonar Afganistán como “sabia”. Sin embargo, las potencias competidoras ven la acción como una derrota. Estados Unidos pierde gramaje de liderazgo. Jérémie Gallon, diplomático y asesor geopolítico francés, traduce la decisión de Biden con la forma de pensar de Kissinger en una entrevista para el diario La Vanguardia el pasado 5 de septiembre: “Kissinger pensaría que Afganistán no forma parte hoy de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Ahora el interés está en China”. Gallon matiza: “Sin embargo, respecto al método, para Kissinger, había algo muy importante, la credibilidad”. Biden pierde gramaje geopolítico y sus aliados han tomado nota. Desde Bruselas, Josep Borrell insiste en la creación de un ejército europeo con rápidos reflejos. La ola migratoria de afganos ya la resienten Turquía y Grecia. Al mismo tiempo, la migración hormiga de terroristas será otra de las consecuencias. China e Irán se relajan porque las casillas ocupadas en Afganistán por los estadounidenses han quedado vacías. La cronificación de guerras o intervenciones militares suelen perder su razón de ser a mitad de camino. Fue el presidente Obama el que identificó la ubicación de Osama Bin Laden, objetivo central de la operación en Afganistán. El final del capítulo fue hollywoodense; decenas de documentales y alguna película retrataron lo que narrativamente pertenece al happy end tradicional para la industria del entretenimiento. Pero el verdadero final de la ocupación, tomó otro rumbo. ¿Trump hubiera firmado los acuerdos de Doha con el grupo talibán, si Osama Bin Laden viviera? Fausto Pretelin Fue profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referéndum Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life&Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es editor y columnista en El Economista.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Los ciclos de violencia inacabados en Afganistán durante los últimos 40 años han sido alimentados por actores nacionales e internacionales. Por un lado, la participación tripartita del gobierno afgano, las fuerzas extranjeras y los talibán en el mantenimiento del conflicto constituyen la cara pública de la disputa del poder. Mientras que en un nivel más profundo de confrontación y con mucha más desventaja las mujeres afganas también se han enfrentado a múltiples frentes, no solo los impuestos por la ocupación y la guerra que las han mantenido expuestas a un consumo cotidiano de imágenes y vivencias violentas, sino a la serie de prácticas en el ámbito de la vida privada que han configurado un mosaico de violencias en su contra legitimado por la misoginia de los diferentes gobiernos. A pesar de esto, las mujeres afganas se han movilizado desde el activismo, el periodismo, la ciencia, el arte, la política, el deporte, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, clandestinas o mediante redes de apoyo dentro y fuera de Afganistán para lograr espacios de participación y denunciar la corrupción, la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la injusticia imperantes en el país. Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) los principales componentes de ese mosaico de violencias son la violencia física a manos de sus maridos o familiares quienes además de golpes, suelen ejercerles daños por quemaduras o ataques con ácido, abusos de poder que están intrínsecamente relacionados con la violencia económica que se les ejerce, sostenida en la prohibición del derecho a trabajar, a recibir herencias o tener propiedades a su nombre, además de que al tratarse de matrimonios arreglados o forzados, las mujeres muchas de ellas menores de edad, se integran a las familias del marido generalmente en condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, figuran también los asesinatos de mujeres justificados por faltas al “honor” o a la “vergüenza” cometidos por maridos o allegados bajo pretexto de la deshonra familiar. Así como en la supervivencia del conflicto armado hay responsabilidades, las hay igualmente en la reproducción de estas violencias, las cuales han sido posibles gracias a la misógina institucionalizada y mantenida a través del tiempo, sea con los talibán (1996-2001) cuyo gobierno autoritario bajo una interpretación empobrecida, conservadora y punitiva del Islam ha normalizado los abusos a los cuerpos ajenos, especialmente femeninos pero también de las minorías étnicas y religiosas. Sea con los gobiernos centralizadores de Hamid Karzai y Ashraf Ghani, quienes alejados de las dinámicas tribales del Afganistán rural dejaron que los señores de la guerra, protagonistas de la expulsión de los soviéticos y acusados de crímenes contra la humanidad afianzaran sus liderazgos tribales y sus riquezas e incluso, formaran parte del gobierno, como son los casos de Mohamed Qasim y Karim Jalili, vicepresidentes del gobierno de Karzai con el beneplácito estadounidense. Así, la combinación entre gobiernos con poco o nulo interés en los derechos de las mujeres, la vigencia de prácticas conservadoras y patriarcales provenientes del derecho consuetudinario tribal, la interpretación punitiva del Islam profesada por líderes religiosos y por los talibán, más las condiciones de pobreza de un país destrozado por la guerra y la memoria viva de las mujeres afganas que abiertamente rechazan el regreso actual de los talibán, quienes en un intento por conseguir aceptación internacional han buscado camuflarse en discursos de buenas intenciones y amnistías, configuran un escenario pantanoso en donde las mujeres afganas, echando mano de sus propias experiencias organizativas, según sus formas y sus tiempos, una vez más, se verán en la necesidad de reformular sus prácticas de resistencia. Cristina de Lucio Atonal Es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Estudios de Asia y África especialidad en Medio Oriente por El Colegio de México y actualmente doctoranda en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autora del capítulo “Irán frente a los dilemas del conflicto afgano: alianzas y contrapesos” y del artículo Jineolojî: pensamiento crítico y prácticas emancipadoras desde el Kurdistán. Su tesis de maestría se tituló Afganistán entre palabras y misiles. Intervención extranjera, inseguridad y crisis socio-política 2001-2017. Se interesa por el análisis de las múltiples expresiones de violencia, las relaciones entre cuerpo, poder, dominación y resistencia, así como, los procesos de organización de las mujeres en contextos de violencia.

El 24 de agosto de 1821 se celebró la firma de los Tratados de Córdoba, en la Villa del mismo nombre en el estado de Veracruz. Este acuerdo fue el Primer Tratado Internacional del México independiente, signado por quien fuera el último jefe político de la Nueva España, Juan de O’Donojú, y, el Primer Jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías, Agustín de Iturbide. El significado y alcance de este trascendental tratado internacional que México firmara fue crucial en el camino que tuvo que seguir para lograr su independencia de forma oficial. El primer acuerdo formal que México firma con una nación extranjera es, precisamente, el documento en donde se le reconoce como país independiente del reino de España por primera vez en su historia. Esto tuvo lugar el 24 de agosto de 1821, hace exactamente doscientos años, en la Villa de Córdoba, Veracruz. [1] Fue un hecho histórico que marcaría el derrotero por el que habría de seguir el rumbo de los acontecimientos hasta la firma del Acta de Independencia un mes más tarde, el 28 de septiembre. [2] Se consumó así, de una buena vez y para siempre, la separación de la colonia que fuera hasta entonces conocida como la Nueva España de su antigua metrópoli. Las negociaciones que llevaron a la celebración del tratado (puesto que fue uno sólo, aunque su nombre formal se indique en plural) tuvieron lugar gracias a una coyuntura particular en la historia novohispana y española a la que poca atención se le ha prestado; puesto que los signatarios se encontraron en una posición y en un momento tal, por el que bien se les podría calificar de advenedizos. Por la parte metropolitana, Juan de O’Donojú, con el cargo de Teniente General de los Ejércitos de España, tenía tan sólo tres semanas de haber desembarcado en el Puerto de Veracruz, el 3 de agosto, proveniente de la Península ibérica. Fue “nombrado jefe político de la Nueva España por las cortes españolas”, [3] tras la destitución del virrey Juan Ruiz de Apodaca. El recién llegado pronto se percató de que se encontraba sitiado por las fuerzas rebeldes, por lo que decide entrar en tratos con la jefatura independentista a los dos días de su arribo. [4] Por su parte, Agustín de Iturbide, fue reconocido como Primer Jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías al proclamar el Plan de Iguala medio año antes, el 24 de febrero. [5] Después de haber defendido a la causa realista durante prácticamente toda la guerra de Independencia y rechazado la invitación que le hiciera una década antes Miguel Hidalgo, Iturbide termina por unirse a los insurgentes. [6] Convence a Vicente Guerrero de aliarse a través de una intensa correspondencia, que concluyó con un encuentro ampliamente conocido como “el Abrazo de Acatempan”. Quien encabezara al Ejército Trigarante, fue una figura que logró aglutinar los anhelos e intereses de las principales corrientes en pugna durante la revolución independentista: para el último reducto insurgente liderado por Guerrero, el avenimiento con Iturbide significó un respiro y la oportunidad de que su lucha llegara a buen término con el logro de la independencia; [7] en tanto que, para los criollos, el Ejército y la Iglesia católica, representó la salvaguarda de sus privilegios y fueros, así como la posibilidad de acceder a cargos administrativos y militares hasta entonces exclusivos para los peninsulares; [8] y, sobre todo, la ansiada paz para todos. Así, con este amplio consenso, el Primer Jefe del Ejército Trigarante no sólo avanzó sobre el terreno militar, sino que tuvo la capacidad de arrogarse la representatividad de la nación mexicana para suscribir un acuerdo con quien era el enviado reconocido del reino español. De esta manera, los Tratados de Córdoba pueden considerarse como el primer tratado internacional celebrado entre los representantes de dos naciones hasta entonces unidas, en el que acordaron su separación en dos entidades políticas distintas y autónomas una de la otra, de una forma pacífica y civilizada. Es evocativo el párrafo inicial del texto del tratado en el que se lee lo siguiente: Pronunciada por Nueva España la independencia de la antigua, teniendo un ejército que sostuviese este pronunciamiento, decididas por él las provincias del reino, sitiada la capital en donde se había depuesto a la autoridad legítima, y cuando sólo quedaban por el gobierno europeo las plazas de Veracruz y de Acapulco, desguarnecidas y sin medios de resistir a un sitio bien dirigido y que durase algún tiempo, llegó al primer puerto el teniente general don Juan de O’Donojú, con el carácter y representación de capitán general y jefe superior político de este reino, nombrado por S. M., quien deseoso de evitar los males que afligen a los pueblos en alteraciones de esta clase, y tratando de conciliar los intereses de ambas Españas, invitó a una entrevista al primer jefe del ejército imperial don Agustín de Iturbide, en la que se discutiese el gran negocio de la independencia, desatando sin romper los vínculos que unieron a los dos continentes. [9] El tratado consta de diecisiete artículos que no se extienden más allá de tres cuartillas en su totalidad. En términos generales, en ellos se acuerda la división del poder político y los mecanismos que consideraron adecuados para la transición del poder que debía de darse en el México naciente. En primer lugar se asienta la soberanía e independencia de la nación americana que se le llamó “Imperio Mexicano” y se apunta a la monarquía constitucional como su nueva forma de gobierno. El ocupante de la corona imperial mexicana debía de ser un integrante que formara parte de la línea sucesoria de la casa reinante española o, en el último de los casos, el que designaran las Cortes de España. La capital del imperio y, por lo tanto, la de su corte, se fija en México. El último jefe político de la Nueva España se encargaría de enviar a dos comisionados para poner en el superior conocimiento del rey de España el contenido del tratado para su cumplimiento. El Plan de Iguala es reconocido casi en su totalidad y se establece la conformación de la Junta provisional gubernativa, que sería el órgano que se encargaría de administrar transitoriamente la nueva forma de organización política imperial mexicana. [10] Uno de los integrantes de la Junta debía de ser Juan de O’Donojú y el resto serían “designados por la opinión general” con base en sus virtudes, quienes nombrarían a un presidente. Una vez conformada la Junta, su primer tarea era informar al público sobre su instalación y funciones a través de un manifiesto. Esto con el fin de poner en conocimiento del pueblo sobre sus intereses y el modo de proceder para la elección de diputados a las Cortes. Posteriormente, la Junta nombraría a una regencia compuesta de tres personas para que gobernara en nombre del monarca que llegara a empuñar “el cetro del Imperio”. Mientras esto sucedía, la Junta gobernaría con las leyes vigentes que no contradijeran al Plan de Iguala, hasta que las Cortes redactaran la constitución imperial mexicana. La regencia ostentaría el poder ejecutivo y, luego de convocar a Cortes, en éstas recaerían las funciones legislativas. En tanto esto ocurriera, la Junta ejercería el poder legislativo. En cuanto a los habitantes de ambas naciones, se les dejaba en libertad de que se trasladaran al lugar que más les conviniera para su residencia, si no tuvieran alguna deuda o impedimento expreso, para lo que debían de hacer los trámites correspondientes. No fueron susceptibles de gozar de la anterior prerrogativa los empleados públicos o militares que hubieran estado “notoriamente” en contra de la independencia, por lo que debían salir de México en los términos que se les indicara. [11] Haber negociado y signado el tratado con O’Donojú, allanó el camino de Iturbide hacia su entrada triunfal en la Ciudad de México. Luego de que el nuevo emisario de Su Majestad se acreditara como tal y se diera a conocer el acuerdo, cedieron las últimas fuerzas realistas en resistencia, para dar paso a la firma del Acta de Independencia. Para cuando llegó la noticia a la única España que quedó del otro lado del Atlántico, la otrora Nueva España ya había dejado de serlo y se había asumido como el México independiente en los hechos. Si bien, la Corona española se negaría a reconocerlo hasta el año de 1836, lo cierto es que la celebración y firma de los Tratados de Córdoba constituyeron el acto legal y legítimo en el que los representantes acreditados de dos naciones decidieron su futuro. Sin lugar a dudas tuvo que darse este paso previamente para que, habiendo reconocido que ambas partes ya no podían ni tenían la voluntad de seguir juntas en un tratado internacional, la entidad que había estado políticamente sujeta a la otra pudiera, de forma libre y soberana, declarar su independencia en un acta oficial. Es en este momento en el que se cumple el pronóstico de José María Morelos, quien pensaba que la independencia sería un hecho cuando “las tropas realistas, al mando de sus oficiales criollos” [12] se unieran a su causa. Trescientos años antes, tuvo lugar la caída de Tenochtitlán a manos del conquistador extremeño, Hernán Cortés. Resulta paradójico y contrastante que tres siglos más tarde, en el mismo mes de agosto, otro español, Juan de O’Donojú, pactara en el último artículo del acuerdo, la “capitulación honrosa” [13] de las últimas tropas peninsulares sitiadas en la capital y reconociera a México como nación independiente en un tratado internacional. Indra Labardini Fragoso Profesora-investigadora de Tiempo Completo en la Cátedra de Historia Diplomática y coordinadora de la Maestría en Relaciones Internacionales: Medio Ambiente en el Instituto de Estudios Internacionales “Isidro Fabela” de la Universidad del Mar, campus Huatulco, Oaxaca. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestra y Doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Fue becaria posdoctoral en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Profesora visitante en la Universidad de Texas en Austin dentro del Programa de Investigaciones Conjuntas Matías Romero 2018-2019 , auspiciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ha sido galardonada con dos reconocimientos a las tesis de maestría y doctorado, en las ediciones 2008 y 2011 del Premio Genaro Estrada , otorgados por la SRE a las mejores investigaciones sobre historia de las relaciones internacionales de México. Obtuvo también dos reconocimientos como Estudiante Distinguido , en 2007 y 2009 respectivamente, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
[1] Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México , “Tratados de Córdoba”, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917-2017 , p. 1. Consultado el: 21 de agosto de 2021 en: https://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/263/1/images/Independencia19_1.pdf
[2] Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México , “Acta de Independencia del Imperio Mexicano”, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917-2017 , p. 1. Consultado el: 21 de agosto de 2021 en: https://constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/263/1/images/Independencia19_2.pdf
[3] Luis Villoro, “La Revolución de Independencia” en Historia General de México , Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México, México, 2000, p. 519.
[4] El 5 de agosto Juan de O’Donojú le envió la comunicación a Agustín de Iturbide para negociar la paz. Fernando Serrano Migallón, El Grito de Independencia , 2ª. Ed., Miguel Ángel Porrúa, México, 1988, p. 53.
[5] Ibid , p. 51.
[6] “Hidalgo ofrece el grado de teniente general si se incorpora a las filas insurgentes. Iturbide rehúsa este ofrecimiento.” Ibid , p. 35.
[7] Al respecto, “Fue muy importante la actitud de Guerrero, principal jefe insurgente que seguía sublevado y dominaba una extensa zona del sur del país. Era evidente que no podía vencer con las armas, pero el gobierno tampoco lo podía eliminar. Guerrero, quien había rechazado el indulto ofrecido a él como a otros sublevados por el virrey, al darse cuenta de la nueva situación exhortó a los jefes militares que lo combatían a luchar juntos en bien del país. Iturbide fracasó en el intento de derrotar a las tropas de Guerrero y optó por ofrecer una alianza a su adversario.” Juan Brom, Esbozo de Historia de México , Editorial Grijalbo, México, 1998, p. 147.
[8] Además de la adhesión de Vicente Guerrero, “El Plan de Iguala logró unificar a toda la oligarquía criolla. El proyecto de independencia aparecía, en efecto, claramente ligado a otras dos “garantías” que tomaba muy a pecho: el mantenimiento de la religión y del orden social, en la unión de todas las clases. Uno tras otro todos los cuerpos de ejército se unen a Iturbide; sólo los batallones expedicionarios apoyan sin condición al gobierno. Sobre todo, el alto clero y los latifundistas sostienen el movimiento con toda su fuerza económica y moral.” Villoro, op. cit ., p. 519.
[9] Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México , “Tratados de Córdoba”, op. cit., p. 1.
[10] Ibid , p. 2.
[11] Ibid , pp. 2-3.
[12] Villoro, op. cit ., p. 517.
[13] Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México , “Tratados de Córdoba”, op. cit., p. 3.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Con crisis múltiples que afrontar (algunas de su propia creación), podemos suponer que, cuando menos en el futuro inmediato, la política exterior no será una prioridad para el gobierno de Pedro Castillo. Eso es también lo que sugiere la información disponible: ni el plan de gobierno “Perú al Bicentenario sin Corrupción” ni su discurso de asunción del mando presidencial tuvieron una sección dedicada a la política exterior. Por eso es de interés el discurso del nuevo canciller, Héctor Béjar, en la ceremonia de asunción del cargo. De basarse la política exterior en lo expresado en ese discurso, podríamos decir que, en lo esencial, prevalecerá la continuidad. Pero también existen omisiones que sugieren cambios respecto al gobierno anterior y compromisos que contradicen las posiciones expresadas por dirigentes de Perú Libre, como el propio Premier Guido Bellido. En cuanto a los elementos de continuidad, el discurso coincide con las prioridades expresadas históricamente por la cancillería peruana. En tanto país de ingresos medios con una posición periférica en el sistema internacional, el Perú privilegia el multilateralismo como medio para defender sus intereses dentro de él. Es decir, carente del poderío necesario para hacer valer siempre sus intereses por cuenta propia, busca actuar en el marco del derecho y las instituciones internacionales para protegerlos en forma conjunta con otros países que ocupan una posición similar en el sistema internacional, en particular los de América Latina. En cuanto a esto último, el discurso reivindica explícitamente tanto la Alianza del Pacífico como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), pero hace un par de atingencias que no fueron comunes en el pasado inmediato: pese a que la Alianza del Pacífico representa una economía bastante mayor que la CAN, el discurso recuerda que el Perú exporta a esta última una suma equivalente a la que exporta hacia la Alianza del Pacífico y que la CAN es el principal mercado regional para nuestras exportaciones con valor agregado. En cuanto a las omisiones, aunque el discurso reivindica de manera explícita la Carta Democrática Interamericana (CDI) y los compromisos internacionales que asumió el Estado peruano en materia de derechos humanos, no hace mención alguna del Grupo de Lima. En declaraciones posteriores, el nuevo canciller sugirió que esa omisión se debe a un cambio de estrategia, no de objetivo: dada la absoluta inoperancia del Grupo de Lima (el calificativo es mío), el nuevo gobierno coordinaría posiciones con el Grupo de Contacto Internacional (liderado por la Unión Europea), el cual propicia una salida negociada entre gobierno y oposición en Venezuela. Aunque, a diferencia de Estados Unidos, el Grupo de Contacto Internacional no apela a sanciones como un medio de presión sobre la dictadura de Maduro, podría coordinar con la Administración Biden el levantamiento progresivo de las sanciones estadounidenses de producirse una genuina transición democrática en Venezuela. Por último, la reivindicación explícita de la Carta Democrática Interamericana y la posibilidad de participar del Grupo de Contacto Internacional marcan una diferencia con la solidaridad incondicional expresada por dirigentes de Perú Libre (incluyendo el Premier Bellido), con regímenes como el cubano o el venezolano. También marcan un contraste tanto con algunos dirigentes de Perú Libre como con grupos conservadores representados en el Congreso (como Fuerza Popular y Renovación Popular), las posiciones expresadas por el canciller Béjar en torno a la agenda de género. Específicamente, el compromiso expresado con la promoción de la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos contemplados en la Agenda de El Cairo y los denominados Principios de Yogyakarta, adoptado por un panel de especialistas en legislación internacional sobre derechos humanos en torno a su aplicación en temas de orientación sexual e identidad de género. Paradójicamente, estos últimos son temas en contra de los cuales podrían unirse congresistas del partido del presidente con sus pares de fuerzas que contemplan como posibilidad la vacancia presidencial. Farid Kahhat Kahatt Doctor en la Filosofía por la Universidad de Austin, Texas y Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Catolica del Perú, ha sido Coordinador de la Especialidad en Relaciones Internacionales del Centro de Investigación y Docencia y Económicas, México (2000-2005 y 2010-2011), Profesor-Investigador de la División de Estudios Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores (2007-2019), es integrante de la Comisión Consultiva sobre el tema de la Delimitación Marítima entre el Perú y Chile y profesor de la Academia Diplomática del Perú, ha sido jurado en exámenes de ascenso del personal diplomático.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Resulta paradójico, sin ser sorprendente, que el país que hace cuarenta años invadió Afganistán y fue expulsado por los ancestros de los talibanes, sea ahora el mediador entre los actuales insurgentes y las autoridades afganas. Esto no hace sino reafirmar lo que Lord Palmerston decía: “los países no tienen amigos permanentes, ni enemigos permanentes, solo tienen intereses permanentes”. El antiguo enemigo participa ahora activamente en las arduas negociaciones que se llevan a cabo entre el movimiento talibán y el gobierno afgano para evitar que el país se vea envuelto en una cruenta guerra civil, como consecuencia de la partida de las tropas norteamericanas y de la OTAN que han dejado un vacío de poder en el país, en detrimento de los intereses geopolíticos de Moscú. Rusia ha llevado a cabo una serie de negociaciones con las partes en conflicto, el movimiento talibán y el gobierno afgano, con el fin de pacificar el país, pero consciente de que los talibanes despliegan una ofensiva terrorista para ocupar una buena parte del territorio. Según el enviado ruso en Afganistán, Zamir Kabulov, los talibanes están dispuestos a llegar a un acuerdo tras veinte años de conflicto. Es importante destacar que el proceso de paz en Catar entre los insurgentes y el gobierno afgano no llegó a ningún avance real, lo que deja a Moscú en una posición protagónica dado su interés en que el vacío dejado por las fuerzas militares de occidente provoque una desestabilización cuyos efectos se verían reflejados en otros países del Asia Central donde cuenta con bases militares. Por esa razón Rusia ha desplegado tropas en la frontera entre Tayikistán y Afganistán. No debemos soslayar el hecho de que Afganistán sea considerado como parte de la zona de influencia rusa en el Asia Central desde hace siglos y que por ello se haya confrontado al imperio persa, al imperio británico y a los Estados Unidos, ni sorprendernos si Rusia llegase a intervenir militarmente de nueva cuenta. De lograr el tan deseado acuerdo de paz, sin recurrir a la fuerza, Rusia recuperaría su papel de gran potencia mundial, elemento toral del ideario del presidente Putin. Héctor Cárdenas Rodríguez Ex embajador de México en Egipto. Ingresó al Servicio Exterior en 1963. Agregado Cultural y Prensa en la embajada en Londres (1963-67), delegación permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra (1967-69), cónsul en Filadelfia (1969-71), embajada en Washington (1971-73), ministro jefe de cancillería en las embajadas en Moscú (1973-1977) y en Londres (1977-1981), embajador en Senegal, Gambia y Cabo Verde (1981-85), Arabia Saudita, Jordania, Kuwait y Omán (1985-89), Egipto, Jordania, Siria, Sudán y Etiopía (1995-2001).

Colaboración publicada originalmente en El Economista. La Revolución Cubana ha entrado en una fase de crisis aguda y prolongada. Las razones son muchas, algunas de ellas consabidas y difundidas popularmente: el embargo estadounidense, la caída de la Unión Soviética, el Periodo Especial, la crisis económica y la desaparición de la industria azucarera, entre otras. Otras razones son menos conocidas, pero igualmente importantes: la presencia de una nueva generación de cubanas y cubanos jóvenes desafectos del gobierno revolucionario, la presencia de las nuevas tecnologías de comunicación que permite un intercambio libre de ideas al margen del discurso oficial, la creciente afectación social por la pandemia de Covid19, la pauperización y degradación de la vida cotidiana de la mayoría de los cubanos y la notoria escisión social entre los integrantes de la pequeña nomenclatura dorada política del país y las masas desposeídas del país. Es ésta la combinación de factores donde se encuentra el corazón que explica la explosión social que ese país experimentó, y que el mundo observó, el pasado domingo 11 de julio. Una explosión de ira, de reclamo, de reunión y reconocimiento de una porción importante del país, sin poder afirmar si son mayoría o minoría. Pero eso es lo de menos. Los movimientos de cambio siempre empiezan con expresiones minoritarias, hasta que se tornan mayoritarias. Lo que sí llamó la atención, y seguramente sorprendió a propios y extraños, fue la extensión territorial de la manifestación de descontento. Más de 40 localidades vieron movilizaciones relevantes, si no por sus números, sí por la convicción de exigir vida y libertad. El gobierno fue el primer sorprendido. La reacción del Presidente Díaz Canel fue intempestiva e equivocada, desde el punto de vista de cualquier gobernante que se define como democrático. Primero, acusó a los Estados Unidos de estar detrás del movimiento, cosa que la mayoría de cubanos escuchan como el pretexto de siempre para no reconocer los problemas internos que no resuelve. Y segundo, llamó abiertamente a la represión y la guerra civil. Citó a sus seguidores “comunistas” a enfrentarse a los “contrarrevolucionarios”, que finalmente eran policías vestidos de uniforme y sin uniforme, con bastones en mano, para disolver las manifestaciones. A partir de ese momento se desató la represión en Cuba, con probablemente (nadie informa claramente, menos del gobierno) cientos de golpeados, detenidos, desaparecidos y por lo menos un muerto reportado. Ha de ser muy amplia la represión en Cuba porque la Organización de la Naciones Unidas, en un pronunciamiento poco común, llamó al gobierno cubano a liberar a los presos políticos y restaurar el servicio de internet en la Isla. En boca de Michelle Bachelet ese llamado tiene un doble significado, por ser ella Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ex Presidenta de Chile y militante de izquierda cuyo padre era general del ejército chileno y fue asesinado por Pinochet por oponerse al golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973. Cuba está cada vez más aislada internacionalmente. Y la izquierda mundial está cada vez más desilusionada con lo que fue la gran promesa cubana hace 60 años. El choque entre la Revolución cubana, con su pensamiento único y totalitario por un lado, y por el otro la revolución tecnológica vía internet, que despierta una cultura democrática, plural y de tolerancia a la diversidad de ideas está marcando el carácter de la encrucijada que enfrenta Cuba hoy. Vive el país un enfrentamiento entre un régimen de ideas únicas, impositivas y la creciente cultura de debate, tolerancia y democracia. Los jóvenes, descreídos de los postulados de una Revolución que se tornó autoritaria y represiva, buscan otra cultura de libertad y democracia utilizando los instrumentos de la revolución tecnológica. Esos instrumentos tecnológicos fueron los que les permitieron constatar que no estaban solos, y que eran muchos los dispuestos de manifestarse. El futuro inmediato es incierto. La represión domina la planicie. Pero el internet volverá y los jóvenes volverán a comunicarse. El viejo régimen está condenado a fenecer. Lo que importa ahora es bajo qué condiciones: con una transición pactada con el pueblo o vía el caos que significa una transformación forzada. Esto último no es lo deseable. Lo deseable es que el régimen tenga la sabiduría de cambiar internamente para crear un nuevo pacto social que corresponda al Siglo XXI. Lo cierto es que al viejo régimen cubano le queda poco tiempo de vida. Deberá valorar ese hecho, y actuar en consecuencia. Ricardo Pascoe Pierce Político mexicano, exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Fue miembro fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), partido por el cual fue diputado federal a la LIII Legislatura del Congreso de la Unión de México. Embajador de México en Cuba de 2000 a 2002. Actualmente se desempeña en diversas actividades docentes y periodísticas.

El pasado 6 de julio, el gobierno ruso dispuso, de la mano del presidente Vladímir Putin, que únicamente los espumosos denominados шампанское o shampánskoe , producidos desde los tiempos de la Unión Soviética -en realidad su historia es más longeva, como se explicará más adelante- como una opción accesible al bolsillo para que la población pudiera celebrar eventos familiares, año nuevo y otras festividades, son los únicos que podrán etiquetarse de ahora en adelante como champán en el país. Así, los productores de champán, cava o franciacorta sólo podrán denominar sus productos en Rusia como игристое вино o bien espumoso.
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Colaboración publicada originalmente en El Economista. Ser isla en el Caribe -bajo el imperio de los combustibles solidos importados- era sinónimo de falta de soberanía energética: la condición de insularidad imponía como destino nacional estar a expensas de las fluctuaciones en los precios del petróleo. Ante el paisaje productivo pospandemia regresa la voluntad de emanciparse respecto a aquel “determinismo geográfico” y la modernización del sector eléctrico reaparece en la lista de prioridades gubernamentales. La tercera independencia dominicana se medirá en kilovatios. Hace un año el pueblo dominicano decidió que Luis Abinader sería su presidente y la efeméride es propicia para la evaluación de los méritos de su gestión en el campo de la energía. Materia compleja que requiere pensar en un eje temporal que excede los márgenes de una legislatura y donde los consensos partidarios son la única garantía del largo plazo. La acertada elección del ingeniero nuclear Antonio Almonte como ministro de Energía y Minas significó la inclusión de un perfil técnico en el gabinete con una trayectoria marcada por la voluntad de transparencia y el compromiso con la racionalidad en el gasto público, una biografía que funciona como aval para la obtención de un precio razonable de la luz. República Dominicana ha incorporado a sus instituciones el lenguaje de la eficiencia energética y pronuncia en foros internacionales su deseo de subirse a las nuevas olas de innovación que traen consigo una menor dependencia del exterior. Actualizó su marco jurídico -a través del pacto nacional para la reforma del sector eléctrico (2021-2030)- con lo que favoreció la percepción de certidumbre y mediante la asunción del principio de eficiencia administrativa generó un entorno de inversión más confiable. Además, reconsidera los gastos exagerados en las empresas distribuidoras y despliega líneas argumentales para amortiguar los efectos nocivos de las llamadas perdidas no técnicas. Un enfoque que tiene como objetivos principales la reducción de los costes operativos empresariales y abrir vías para el establecimiento de un modelo eficaz de subsidios. Entre los proyectos para robustecer el sistema eléctrico dominicano destacan la construcción de dos plantas de gas natural, una terminal gasífera y el desarrollo de un ámbito regulatorio que incentive el interés privado en renovables. Planteamientos para consolidar a la República Dominicana como el principal receptor de la inversión extranjera directa en el Caribe y que ayudarán a la creación de un mercado energético más competitivo. Desde los días de campaña electoral han sido subrayados los lugares comunes entre energías limpias, calidad del empleo y rentabilidad, vocabulario que al adquirir tono presidencial expresa sentido de responsabilidad con las generaciones presentes/venideras y provoca sinergias interministeriales de “crecimiento verde”. Intento de adecuación a un tiempo en el que los gigantes tecnológicos son los mayores compradores corporativos de la producción de energía libre de carbono y en el que se pronostica -a medio plazo- un agotamiento o desplome en la demanda de crudo. Manifestaciones oficiales frente a una atmosfera global que exige pasar de los compromisos ético-normativos a la enunciación de hojas de ruta detalladas de descarbonización y en la que los grandes bloques económicos discuten la pertinencia de incorporar clausulas de condicionalidad medioambiental a sus próximos tratados comerciales. La República Dominicana aprecia en México la fisonomía de un socio confiable que aleja cualquier temor al fantasma de la recolonización. Es por eso que actividades como la sesión informativa “Oportunidades de inversión en el sector de energía y minería en la República Dominicana” organizada por la Embajada de la República Dominicana en México, solidifican la relación bilateral y clarifican los procesos de licitación pública internacional. En un contexto en el que se exploran las formas de cooperación del futuro, la iniciativa dominicana en México supone una formula diplomática con la que trascender la nostalgia del mundo prepandémico. Alfredo Kramarz Doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, experto en Política y Relaciones Internacionales, Máster en Relaciones Internacionales y Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Columnista en medios de comunicación globales, profesor universitario, analista político y conferencista. Fue director del Colegio Mayor “Fernando de los Ríos” del 2016-2017 y Subdirector del mismo Colegio del año 2011-2016. Del año 2013 al 2014 se desempeñó como Subdirector del Colegio Mayor “Gregorio Peces-Barba” y del año 2009-2010 se desempeñó como miembro de la Comisión Académica de Titulación “Grado en Ciencias Políticas”. Entre sus proyectos de investigación se destacan: 1) Experience, memory and imagination Pratt Institute, Vanderbilt University y Universidad Carlos III. 2) Identidad, Memoria y Experiencia, Pratt Institute, Vanderbilt University y Universidad Carlos III. 3) Historia de los Derechos Fundamentales, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. De manera frecuente, el gobierno mexicano plantea que la política exterior del país está basada fundamentalmente en principios normativos, como la No Intervención. En otras palabras, de acuerdo con el discurso oficial, la acción internacional de México es esencialmente “principista”. En varios momentos, sin embargo, México le ha dado un uso pragmático a esos principios. La idea anterior representa la esencia del concepto de “pragmatismo principista”. En otras palabras, ha tomado decisiones de naturaleza práctica, pero las ha “cubierto” con un manto principista. El mejor ejemplo de esto ocurrió en enero de 1962 cuando los ministros de Relaciones Exteriores que asistieron a la VIII Reunión de Consulta de la OEA propusieron la exclusión de Cuba de ese organismo. Para ese momento, la administración del presidente López Mateos enfrentaba un gran dilema. Si votaba a favor de la resolución, ello iba en contra de los principios de política exterior; mostraba alineación a Estados Unidos, afectaba los intereses de los grupos nacionalistas en el país; y abría la puerta a la posibilidad de que Fidel Castro financiara grupos guerrilleros en México. Pero si votaba en contra, la decisión no favorecía los intereses de los empresarios y podría poner en contra a Estados Unidos en un contexto económico delicado. En la reunión de la OEA, celebrada en Punta del Este, hubo tres momentos específicos respecto a la posición de México. En el primero, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, defendió el principio de la “incompatibilidad” del comunismo con la democracia de la región. La acción complació a Estados Unidos y a los empresarios. Al otro día, la Bolsa de Valores de México tuvo un incremento significativo. El segundo momento ocurrió cuando se votó la exclusión de Cuba. El voto de México fue en “abstención” y el secretario Tello defendió los principios normativos, como la No Intervención. Esa medida buscaba satisfacer a los grupos nacionalistas internos y mandar una señal amistosa a Castro. Por último, la delegación mexicana pidió la inclusión de una reserva en el acta final de la reunión que estipulaba que México no estaba de acuerdo con la exclusión porque la Carta de la OEA no contemplaba esa figura jurídica. El secretario Tello alegó que era necesaria una reforma a la Carta para que se incluyera la posibilidad de expulsar a algún miembro. Esta acción tenía el objetivo de demostrar independencia frente a Estados Unidos y defender los principios jurídicos. En resumen, México optó por inclinarse a los intereses de Estados Unidos, pero cubrió esas acciones con un manto principista. Este relato es pertinente porque varias administraciones han recurrido a esa variable en temas de política exterior. Por ejemplo, las administraciones de De la Madrid, Salinas y Zedillo, optaron por darle un giro económico a la política exterior y firmar tratados de libre comercio con distintos países. Los tres gobiernos mantuvieron en el discurso la defensa de los principios, pero en los hechos lo más importante era el beneficio económico. Incluso en la actual administración, el presidente López Obrador ha recurrido al “pragmatismo principista”. Si bien prometió “recuperar” y “defender” los principios constitucionales, en la práctica, también ha tomado decisiones pragmáticas, tales como enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur para evitar la imposición de mayores aranceles por parte de Donald Trump o viajar a Washington hace exactamente un año cuando dio un espaldarazo a la reelección del entonces candidato republicano. Dr. Rafael Velázquez Flores Es profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (FEyRI) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Doctor en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Presidente del Centro de Enseñanza y Análisis sobre la Política Exterior de México (CESPEM), obtuvo su licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales por la UNAM y su doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) en el periodo 2015-2017. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Miembro del Consejo Editorial de Globalitika.

El pasado 30 de junio se conmemoró el día internacional del asteroide. En esa oportunidad se recordó que un 30 de junio, pero de 1908, un asteroide compuesto mayormente por hierro, con un diámetro entre 100 y 200 metros y que ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 11. 2 kilómetros por segundo, impactó cerca del río Podkamennaya Tunguska, en la remota Siberia del entonces Imperio Ruso. Se calcula que el evento de Tunguska liberó una cantidad de energía equiparable a 300 bombas atómicas que devastó 80 millones de árboles en 2 100 kilómetros cuadrados de terreno. Se estima que el evento fue registrado “por barómetros en toda Europa y golpe[o] a personas que se encontraban a más de 65 kilómetros de distancia. Durante las dos noches siguientes, el cielo nocturno se mantuvo iluminado en Asia y algunas regiones de Europa; no obstante, debido a la dificultad para acceder a la zona y la ausencia de pueblos cercanos, ninguna expedición se aproximó al sitio en los siguientes trece años.”
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Colaboración publicada originalmente en El Economista . La violenta ola represiva desatada por el gobierno de Daniel Ortega en el 2018 contra ciudadanos que reclamaban un cambio de rumbo para Nicaragua, abrió un nuevo capítulo de la guerra interna en la que ha vivido este país a través de su historia, como resultado de sus desigualdades y contradicciones sociales, su atraso económico, y el fenómeno de la intervención extranjera que ha imposibilitado la construcción orgánica de consensos políticos —reglas que normen la competencia por el poder— en este país centroamericano. La caracterización de la historia nicaragüense como una larga guerra doméstica sirve para resaltar las limitaciones de la desgraciadamente repetida explicación de la crisis actual como una confrontación entre “dictadura” —el gobierno de Ortega—, y “democracia” —el movimiento de oposición a ese gobierno. Para empezar, y cito a Alejandro Serrano Caldera, Nicaragua ha funcionado siempre como “un archipiélago de islotes [socio-políticos y culturales] que coexisten, inconexos”. Estos islotes jamás han operado dentro de un régimen de convivencia democrática. Desde esta perspectiva histórica, la crisis que vive Nicaragua hoy en día es, esencialmente, la confrontación entre dos de las piezas del archipiélago nicaragüense. Dos observaciones son necesarias para evitar la sobre-simplificación de esta metáfora. Primera, la complejidad socio-política de cada uno de los islotes en pugna sobrepasa el sentido de los conceptos “democracia” y “dictadura.” Segunda, la mayoría de los nicaragüenses viven entregados a la lucha por sobrevivir en el segundo país más pobre de América Latina y sólo son integrantes nominales de los islotes antes mencionados. En el islote de la “dictadura” coexisten: allegados al gobierno de Ortega que se han enriquecido ilícitamente en el poder, personas que todavía conservan el espíritu progresista del sandinismo revolucionario, y miles de pobres beneficiados por los programas sociales del gobierno. Por otra parte, el islote de la “democracia” agrupa a ex compañeros de armas de Ortega y otros desplazados del poder que luchan por recuperarlo, la políticamente dividida jerarquía católica, sectores de una clase media empobrecida y arrinconada, capitalistas que hasta hace poco colaboraron con el régimen al que hoy tímidamente se oponen, y muchos otros que genuinamente quisieran vivir en una Nicaragua menos violenta y menos obscena que la actual. De tal forma que ni el islote de la “democracia”ni el de la “dictadura” son homogéneos. El islote de la “democracia” abarca visiones e intereses desacordes, como lo demostró el estrepitoso fracaso de sus líderes para articular una estrategia común para enfrentar a Ortega en las elecciones de noviembre próximo. A estos líderes los une solamente su oposición al gobierno y un discurso ensimismado e insensible a las necesidades de los pobres que habitan en el islote de la “dictadura”, a quienes ignoran o ridiculizan en sus medios de comunicación tildándoles de ignorantes y borregos. El “islote de la dictadura” también padece las tensiones internas propias de cualquier Gobierno-Estado-Botín, en el que las lealtades de los que controlan el poder se compran y se venden al mejor postor. Hoy por hoy, sin embargo, este islote parece unido alrededor de Ortega y de un discurso de guerra “contra el imperio gringo y sus aliados vende-patria”. Independientemente de cuál islote salga avante de la actual crisis, la patria de Darío y Sandino continuará inmersa en su interminable guerra interna, a menos que de alguna de sus partes en conflicto surjan puentes discursivos que empiecen a tejer memorias y aspiraciones compartidas. Desgraciadamente, este quiebre histórico no se vislumbra hoy por lo que los doscientos años de soledad en los que ha vivido Nicaragua se extenderán irremediablemente hacia el futuro. Andrés Pérez-Baltodano Profesor de ciencia política en la Universidad de Western Ontario en Canadá e investigador asociado del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana en Managua. Ha sido responsable del programa multinacional de investigación en Políticas Públicas y Participación de la División de Ciencias Sociales, en Ottawa, Canadá; Investigador del Proyecto de Apoyo a la Descentralización del Gobierno de Nicaragua (INCAE y Universidad de Berkeley); fue Director-Fundador del Instituto Nicaragüense de Administración Pública (INAP). Fungió como Director Administrativo de los programas científicos y culturales del Banco Central de Nicaragua. Es autor de diversos artículos científicos y libros sobre Estado, Política y Democracia. Entre sus obras más recientes se encuentran: Reflexiones y Confesiones sobre la Nación, la Iglesia y el Exilio (2007); La Subversión Ética de la Realidad: Crisis y Renovación del Pensamiento Crítico Latinoamericano (2009); y, postsandinismo: Crónica de un Diálogo Intergeneracional e Interpretación del Pensamiento Político de la Generación XXI (2013). Es uno de los mayores expertos en historia y política nicaraguense en el hemisferio.

Colaboración publicada originalmente en El Economista . Mientras Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, conocido como Ebrahim Raisi, recibía felicitaciones de Bashar al Assad (Siria), Vladimir Putin (Rusia), Recep Tayyip Erdogan (Turquía), Imran Khan (Pakistán), así como de líderes de Hamas, Jihad Islámica y Hezbollah por su victoria en las elecciones presidenciales del 18 de junio, la Secretaria General de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, se sumaba a las voces condenatorias, tanto de la diáspora iraní como de grupos opositores organizados, sobre Raisi debido a su participación en crímenes como tortura, desaparición forzada y asesinato de disidentes políticos. Si bien los resultados oficiales señalan una participación electoral de 49% (la más baja desde la revolución de 1979) asociaciones civiles y observadores electorales sostienen que el porcentaje es aún menor (algunas fuentes hablan de 10%) lo que refleja una profunda crisis del sistema político iraní y el éxito de la campaña de boicot. David Romano y Paul Iddon, en su artículo “ What does Ebrahim Raisi’s election victory mean for Iran and the world ?” [1] se preguntan sobre el futuro del sistema político iraní pues es indudable que su falta de legitimidad y opacidad se han agudizado en los últimos años y pone en cuestionamiento las bases del sistema creado por el Ayatollah Khomeini. En dicho sistema político se excluye estructuralmente a las minorías religiosas (un judío o cristiano no podrían competir por el cargo de presidente de su propio país), a mujeres y a activistas políticos críticos al régimen lo que, a ojos de amplios sectores sociales, deslegitima popularmente a instituciones clave del sistema entre ellas la del Lider Supremo, Presidente y el Consejo Guardián. ¿Quién es Ebrahim Raisi? Usando un turbante negro, que lo identifica dentro del estamento religioso iraní como un Sayyid (descendiente del profeta Muhammad), Raisi nació hace 60 años en Mashhad, ciudad del noreste y famosa porque alberga el santuario del imán Reza, octavo imán chiita, e ingresó en el seminario de Qom pocos años antes de la revolución iraní que derrocaría al dictador Mohammad Reza Pahlavi y sentaría las bases de la actual República islámica en la cual el estamento clerical ha monopolizado los principales puestos gubernamentales. Ebrahim Raisi resulta una figura rechazada por mucho iraníes quienes no olvidan su participación en la “comisión de la muerte”, establecida a los pocos meses del fin de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) que autorizó y validó ejecuciones extrajudiciales de disidentes políticos en las prisiones de Evin y Gohardasht. Durante su larga carrera política, que incluye diversos cargos en el poder judicial, Raisi cimentó una relación cercana con el actual Líder Supremo, el Ayatollah Khamenei, quien en 2016 lo designaría como custodio del Astan-e Quds Razavi , enorme y multi millonario fideicomiso de caridad, que administra el ya mencionado santuario del imán Reza y otras instituciones. En esa posición, Raisi forjó vínculos con la élite religiosa, comercial y política del país hasta que fue autorizado a presentarse como candidato presidencial en 2017. En esa ocasión el vencedor fue Hassan Rouhani, mismo que hoy cede el puesto a Raisi lo que para muchos analistas significa la transición de una presidencia moderada a una de línea dura. Es ampliamente conocido en Irán que Raisi mantuvo una relación cercana con Qassem Soleimani, quien dirigió las milicias paramilitares iraníes (La Guardia Revolucionaria) que intervienen en varios países del Medio Oriente, hasta su asesinato el 3 de enero de 2020 en un operativo de Estados Unidos. Ebrahim Raisi mantiene hasta el día de hoy lazos con Hezbollah, la organización terrorista libanesa que recibe financiamiento y apoyo desde Irán. Maryam Rajavi, líder del Consejo Nacional de Resistencia en Irán (NCRI) afirma que el boicot a las elecciones presidenciales demuestra que los iraníes desean terminar con la teocracia gobernante. Hay que recordar que la mayoría de los asesinados por la ya mencionada “comisión de la muerte” pertenecían a la Organización Mujahedin del Pueblo de Irán (MEK/PMOI) cuya ala política es el NCRI. Hay claros signos de descontento y pesimismo en la sociedad iraní que duda que haya opciones democráticas para influir en el régimen. Si bien en el pasado la participación electoral fue considerable, las elecciones que llevan a Raisi a la presidencia (en su carrera hacia la sucesión de Khamenei), se dan en un contexto de frustración social ante la situación económica (40% de inflación, desempleo, 4 millones de iraníes que se han sumado a la pobreza en los últimos dos años) y ante un sistema político cada vez menos representativo y más represor (Irán es junto a China los dos países que más ejecuciones realizan). En ese contexto, la decisión de marginar a reformistas -que de alguna manera daban estabilidad interna- y apostar por un presidente de línea dura como Raisi puede significar que el régimen teme que posiciones moderadas afecten la futura sucesión del Líder Supremo, el rol de Irán en Medio Oriente y el proceso de negociación nuclear. El precio a pagar por colocar a Raisi en la presidencia es la pérdida de legitimidad, baja participación en los procesos electorales e incremento de la presión social a un régimen superado en muchos sentidos por su propia sociedad.
[1] https://www.arabnews.com/node/1879721/middle-east Manuel Férez Profesor de Medio Oriente y Cáucaso, Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Compilador de cinco obras académicas sobre Medio Oriente, entre las que destaca Estos son los kurdos, análisis de una nación (Porrúa, 2014). Ha realizado estancias de investigación en Israel, Palestina, Turquía y Azerbaiján.

Crisis del euro, crisis migratoria, Brexit y crisis sanitaria por la COVID-19. Desde hace una década Europa vive en crisis permanente y suscita reacciones contradictorias: el rechazo a la intervención de las grandes instituciones europeas desde Bruselas en la soberanía nacional, pero también una exigencia de solidaridad sin condiciones. La respuesta Europea a los grandes problemas se desarrolla generalmente con una lentitud burocrática. Poner de acuerdo a 27 jefes de estado y de gobierno no siempre es fácil. Sin embargo es posible. La Unión Europea ha atestiguado que la respuesta inadaptada y tardía puede tener grandes consecuencias. En Berlín lo tenían muy claro antes de comenzar la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea: Era necesario conseguir un acuerdo que lograse la pronta recuperación económica, sí o sí. El plan Next Generation EU con más de 750 mil millones de euros fue el resultado de los trabajos de planeación y negociación entre la Comisión, el Consejo y las capitales europeas en verano pasado y marcó un hito en la integración económica del continente. Este nuevo semestre, Lisboa sabe que es necesario plantear los pilares de una recuperación social. Por ello, Portugal ha convocado a la primera cumbre presencial de la Unión Europea en tiempos de la pandemia. La canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, han participado en la cumbre por videoconferencia. Y celebrar la cumbre dentro del aniversario del Día de la victoria de 1945 y del aniversario de la Declaración Schuman es un acto simbólico. La presidencia lusa del Consejo de la Unión Europea ha impulsado en Oporto una hoja de ruta sobre la soñada “Europa social”. Sin embargo la cumbre fue escenario de las discusiones sobre la liberalización de las vacunas, el pasaporte europeo de vacunación y un nuevo acuerdo con la India para retomar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con aquel país, opacando un poco la causa real del encuentro. La Cumbre de Oporto representa un nuevo camino para establecer los pilares de una política social europea para garantizar que nadie se quede atrás. Diez años de crisis constante hay marcado severamente el desarrollo entre los estados miembros del club comunitario y la crisis sanitaria sólo las ha acentuado reavivando viejos debates entre disciplina fiscal, solidaridad, crecimiento económico, etcétera. Los debates de la cumbre han girado en tres ejes: trabajo y empleo, innovación, estado del bienestar y protección social. El objetivo principal consiste en consolidar una Europa social más justa, integradora y con oportunidades en el siglo XXI antes de 2030. Los líderes comunitarios fueron capaces de acordar un gran paquete económico en el verano del año pasado. Ahora saben que si no actúan rápidamente para crear una hoja de ruta para una Europa más justa con menos divergencias entre el norte o el sur, este u oeste; los partidos políticos de ultraderecha pueden ganar más simpatías entre los votantes a causa de la desigualdad, exclusión, desempleo y pobreza; y poner en riesgo el proyecto europeo. Al final de cuentas la crisis sanitaria ha mostrado las vulnerabilidades del sistema. Nos ha demostrado que la desigualdad es aún más profunda de lo que creíamos y que hace falta un nuevo pacto social que no deje a nadie atrás. Aun no sabemos exactamente el impacto económico y social que ha ocasionado la crisis de la COVID-19. Europa se ha puesto en marcha para lograr una mayor justicia social entre todos los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Cuándo lo hará el gobierno de México? Diego Solís Rodríguez Es maestro en Asuntos Europeos e Internacionales por la Universidad de Lille, Francia, y es internacionalista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Asociado Joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Anteriormente se desempeñó como World Wide Capability Analyst en Hewlett Packard Enterprise; impulsor de la cooperación internacional entre el gobierno local francés de GrandAngoulême en Francia y el municipio de Zapopan, México, en el marco de la convocatoria en apoyo a la cooperación descentralizada México-Francia y responsable de Redes Internacionales en la Oficina de Asuntos Internacionales del Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zapopan.

Colaboración publicada originalmente en El Economista . Veintisiete años han pasado de aquel 7 de abril de 1994. Un día antes, el asesinato del presidente Habyarimana marcó el inicio del genocidio Tutsi en Ruanda. En menos de cien días, se calcula que entre ochocientos mil a un millón de personas perdieron la vida. Hoy en día, una foto, una cartera, una credencial o un trozo de tela se convierten en un tesoro invaluable y da la esperanza a madres, padres, viudas, abuelos o hijos de encontrar a los suyos. Un proceso aún doloroso para la mayoría de las familias en Ruanda que ignoran en dónde murieron los suyos y en dónde descansan sus restos. Hay personas que incluso no cuentan con una imagen de sus familiares, sólo les queda el recuerdo. La memoria. Así es la reconstrucción de geografías familiares. La sociedad ruandesa carga sobre sus hombros un peso enorme pero necesario por el proceso de reconciliación y de memoria. Para la mayoría, algunos países europeos son los responsables y los consideran incluso como cómplices. Francia no es la excepción. Por ello, el presidente francés Emmanuel Macron estableció en 2019 una comisión de especialistas e historiadores para desarrollar un reporte sobre la responsabilidad del Estado francés en el genocidio perpetrado contra los Tutsis en Ruanda. El documento conocido como “El reporte Duclert” junto con el reporte “Muse”, encargado por las autoridades ruandesas a un grupo de abogados americanos, son en parte un “epílogo” que contribuye a la construcción de la verdad sobre el genocidio. Hace seis días, Macron viajó a Kigali, Ruanda, para encontrarse con su homólogo Paul Kagamé y restablecer las relaciones diplomáticas entre Paris y Kigali, afectadas durante varios años debido a las fricciones entre ambos países. Ahí mismo, en el memorial de las víctimas, el presidente francés reconoció el rol y la responsabilidad del Estado francés en el genocidio al proporcionar su apoyo al régimen genocida entre 1990 a 1993. Frente a la tendencia negacionista del genocidio o el desinterés de la opinión pública en Francia, Macron rompió el silencio: -“Francia no ha sido cómplice, pero ha permitido durante demasiado tiempo que el silencio prevalezca sobre el examen de la verdad”, y añadió que “sólo aquellos que han pasado por la noche quizás puedan perdonar, darnos el regalo del perdón”. Sin embargo, la justicia está pendiente. Algunos sospechosos de perpetuar el genocidio encontraron en Francia un nuevo hogar. Algunos de ellos huyeron en 1994 a través de Zaire, hoy en día la República Democrática del Congo, y encontraron en Francia una vida complaciente. De 1995 a la fecha, más de una treintena de denuncias contra todos aquellos sospechosos y responsables que adoptaron la nacionalidad francesa por naturalización y que siguen sin hacer frente a la justicia, no han rendido frutos. La falta de medios y de voluntad política es inmensa. Pero por fortuna, el financiador del genocidio tutsi e importador de un inmenso número de machetes, Félicien Kabuga, fue capturado en Francia el pasado 16 de mayo bajo una identidad falsa. Kabuga presidia la radio “Mille Collines” o mejor conocida como “Radio Machete”, en dónde la noche del 7 de abril de 1994 se escuchó la instrucción “no maten a las cucarachas con una bala, córtenlas en pedazos con un machete”. Kabuga, de 84 años enfrentará pronto a los tribunales de justicia internacionales. “Ibuka” (yo me acuerdo), es una exigencia de dignidad porqué el silencio ha prevalecido. Es también una exigencia de justicia, pues los impunes siguen sin enfrentarla. Es una cuestión de democracia, pues las instituciones francesas fallaron durante mucho tiempo. “Ibuka” es una cuestión de humanidad, de empatía hacia las víctimas, de escuchar para romper el silencio, de restablecer la memoria y hacer frente al olvido. Ibuka. Diego Solís Rodríguez Es maestro en Asuntos Europeos e Internacionales por la Universidad de Lille, Francia, y es internacionalista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Asociado Joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Anteriormente se desempeñó como World Wide Capability Analyst en Hewlett Packard Enterprise; impulsor de la cooperación internacional entre el gobierno local francés de GrandAngoulême en Francia y el municipio de Zapopan, México, en el marco de la convocatoria en apoyo a la cooperación descentralizada México-Francia y responsable de Redes Internacionales en la Oficina de Asuntos Internacionales del Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zapopan.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Tras los días de devastadora ofensiva israelí en la Franja de Gaza, la postura de los países latinoamericanos fue condenar la violencia entre dos actores, Israel y Palestina. Llamaron a la paz sin alentar un diálogo de fondo para resolver el problema y que condujera al fin de la ocupación. El problema se percibe como acciones terroristas de Hamás, el lanzamiento de cohetes, y el derecho de Israel a defenderse; nadie desconoce que no se reduce a estos eventos, pero escasamente hay Estado que se pronuncie o adentre en una discusión más sofisticada y productiva. Las opciones propias de los países latinoamericanos en sus vínculos con Medio Oriente y en particular en el tema palestino-israelí se explican por una mezcla de factores internos y externos de órdenes comerciales, políticos, religiosos, de capacidades o titubeos técnicos y de voluntad. Así, por ejemplo, grupos agroindustriales en Argentina y Brasil abogan por buenas relaciones con los mercados árabes; otros, como el textilero, se movilizan para contener las críticas a Israel. Los actores religiosos, como los evangélicos, configuran un lobby que incentiva los vínculos con Israel, según ilustra su fuerte influencia en Brasil y Costa Rica, y su postura ante el debate en México. La influencia de las diásporas, en particular el lobby pro-israelí, suele estar determinada por sus redes políticas. También el estilo y la cosmovisión individual de estadistas o funcionarios de organismos intergubernamentales influyen en la disposición ante el conflicto; un ejemplo lo ofrece el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien calificó en días pasados a Hamás como organización terrorista. Dicha declaración levantó más polémica que consenso dentro de la OEA; evidencia el contexto de debilitamiento de algunas organizaciones regionales latinoamericanas; refleja también la ausencia de Venezuela y el declive del liderazgo brasileño. En Latinoamérica esa relación de fuerzas en las opciones de política exterior hacia el tema palestino difícilmente se modificará de manera sustancial y efectiva. Su escenario geopolítico, además, es el predominio de Estados Unidos, que influye en la política exterior de varios gobiernos latinoamericanos. Washington defiende incondicionalmente a Israel. Algunos de sus aliados –México, Brasil y Colombia– tienden a favorecer lazos con Israel, a diferencia de las críticas de Cuba, Bolivia y Venezuela. La presión y la dependencia de Estados Unidos explican en gran medida el trato diferenciado que los gobiernos latinoamericanos dan a Hamás o al Hezbollah libanés. Recientemente, con todo, una parte de la opinión pública y de la discusión partidista en Estados Unidos muestra un giro hacia Palestina. Ya desde el comienzo de la primera intifada en 1987 –levantamiento popular masivo en Gaza y Cisjordania– los estadounidenses han estado saturados de información sobre lo que ocurre en los territorios palestinos. Ahora, el habitual apoyo bipartidista a Israel en el Congreso estadounidense se ha mermado en los últimos años por la oposición de los demócratas a las políticas del primer ministro Benjamín Netanyahu relacionadas con palestinos e iraníes. Se ha visto al presidente Joe Biden sortear fuertes presiones del ala izquierda de su propio partido para considerar las actividades de Israel como coloniales y opresivas. La población estadounidense se estaría moviendo en la misma dirección según una encuesta reciente de Gallup; a la par, se nota diversidad de voces dentro de la comunidad judía estadounidense. Cualquier impacto de aquellos movimientos en la política de los gobiernos latinoamericanos sólo dejará huella en nuestra posible aportación si se acompaña de la voluntad y gestión realista de los gobernantes, que debe entenderse como visión educada y diálogo crítico, respaldados con un continuo trabajo de diplomacia eficaz. Marta Tawil Profesora-investigadora en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México sobre relaciones internacionales, análisis de política exterior, Medio Oriente contemporáneo, y relaciones México y Latinoamérica con Medio Oriente.

Centroamérica y su encrucijada: La crisis en la frontera necesita más que fondos para frenar la migración irregular Colaboración publicada originalmente en El Economista. La migración en Centroamérica, y particularmente en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), se ha convertido en una necesidad de supervivencia. Esto como resultado de políticas públicas fallidas tanto del lado estadounidense como en la propia región. Las naciones centroamericanas enfrentan problemas sociales, políticos y económicos desde su independencia proclamada en 1821. A meses del bicentenario de independencia y después de un año de pandemia y una de las peores temporadas de huracanes, la desigualdad, las vulnerabilidades institucionales y la corrupción endémica siguen obstaculizado el crecimiento inclusivo, deteriorando el Estado de derecho y agravando los problemas económicos de la región. La administración Biden ha anunciado la asignación de US$4 billones de dólares que se desembolsarían en el plazo de cuatro años a los tres países para abordar las "causas de raíz" de la emigración. Eso es aproximadamente el doble de la cantidad de recursos desembolsados por la administración de Donald Trump que, en los últimos años de su período, cortó la ayuda para castigar a los países por no tomar medidas enérgicas para reducir los flujos migratorios. Estados Unidos siempre ha sido el socio comercial por excelencia en la región, y su influencia tiene más peso que el de cualquier otro actor de la comunidad internacional. La actual administración parece entender la importancia de contar con estabilidad y crecimiento a largo plazo en Centroamérica, y esto solamente se puede alcanzar responsabilizando a los líderes de la región por el bienestar de sus ciudadanos, en medio de calamidades de salud pública y catástrofes ambientales. La política de Trump hacia Centroamérica fue cruel – sabiamente, Biden quiere y debe revertirlo. Los recursos monetarios por sí solos no podrán construir democracias viables en la región. Basta con ver la deriva autoritaria de Nicaragua y una situación similar en Honduras y El Salvador. Estos países necesitan sistemas de educación, vivienda y salud que funcionen. Necesitan estructuras económicas inclusivas que consideren el cambio climático como un eje transversal a la hora de atraer inversión extranjera. Y necesitan sistemas de seguridad social y otras estrategias de prevención del delito que permitan a las personas vivir sin miedo. Ninguna transformación de este tipo puede ocurrir sin instituciones públicas fuertes y un liderazgo político y privado comprometido con el Estado de derecho. Un cambio de abordaje: De las crisis pueden surgir cambios transformadores En otras partes del mundo, estos migrantes serían llamados refugiados, porque en lugar de elegir embarcar en un viaje atraídos por mejores oportunidades en el norte, huyen empujados por condiciones debilitantes en sus países de origen. La estrategia propuesta por la administración Biden-Harris debe abordar estos factores y en particular la corrupción. Una alianza holística con Centroamérica, no solamente con el Triángulo Norte, que vaya más allá de la dotación de recursos en la forma de dinero o asistencia técnica, que incluya una inversión sostenida y sistemática, rendirá frutos en los próximos años y evitará cometer de nuevo los errores del pasado. Sin una estrategia articulada e integral liderada por Estados Unidos, la región se hundirá aún más en la desesperanza, desperdiciando la oportunidad de invertir en la fuerza laboral joven de estas naciones, sobre todo ya que esta ventana demográfica se está cerrando rápidamente. La administración de Biden tendrá que apoyar reformas estructurales como parte de una recuperación post-pandémica y una reconstrucción después del azote de los huracanes Eta y Iota. Centroamérica se encuentra en una encrucijada: los desafíos que enfrenta la región son vastos y complejos, más no insuperables. Los factores que hacen que tantos huyan, no desaparecerán de la noche a la mañana, y para afrontar la crisis en la frontera de Estados Unidos, se requiere que los responsables de la formulación de políticas la aborden de una manera diferente. Una estrategia que mejore la gobernanza, castigue la corrupción y promueva la creación de oportunidades económicas inclusivas es esencial para que las y los centroamericanos puedan vivir las vidas decentes y dignas que se merecen. Gina Kawas Es investigadora en el Wilson Center y otros centros de pensamientos, enfocándose en Honduras. Tiene experiencia como docente y fue Ejecutiva en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). También ha trabajado con Transparencia Internacional. Gina cuenta con una Maestría en Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Nueva York y una licenciatura en Relaciones Internacionales y está por iniciar su segunda maestría en Administración Pública en la Harvard Kennedy School.

Colaboración publicada originalmente en El Economista . Se conoce como dictadura aquel régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, con la facilidad de promulgar y modificar leyes sin ningún tipo de limitación y absorbiendo todos los poderes de los que emana el control del estado. Históricamente, las dictaduras son la consecuencia (planificada) de un golpe de Estado, aunque también pueden surgir por la concentración del poder después de elecciones legislativas o por acciones de parte del Ejecutivo que van desbalanceando un sistema democrático de equilibrio de poderes. ¿Acaso está surgiendo una nueva dictadura en América Latina? Desde aquella abrumadora victoria que no necesitó de segunda vuelta en 2019, Nayib Bukele ha ocupado más titulares en la prensa internacional que cualquiera de sus antecesores. Muchos de estos se han centrado en el notorio empeño por desmantelar todos los controles institucionales al poder presidencial. El primer foco rojo llegó aquel domingo 9 de febrero de 2020, en el que irrumpió en el Parlamento que entonces controlaba la oposición. Acompañado de policías y militares, exigió se aprobara un préstamo para financiar su estrategia de seguridad, con consignas que amenazaban con una insurrección popular de no conseguir su cometido. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en su carrera política y también lo puso en la mira de la comunidad internacional. La siguiente señal de alarma apareció cuando implementó drásticas medidas con las que autorizaba el uso de la “fuerza letal” en contra de miembros de pandillas, así como por el trato inhumano a reclusos en los centros penitenciarios. Esto se sumó al control militar de las calles, desplegando al Ejército en cada esquina del país con la justificación de su Plan de Control Territorial, también con el terrible consentimiento a la milicia de disparar cuando lo creyeran necesario. Después de casi 2 años en los que Bukele sorteó el contrapeso del Parlamento, en mayo pasado la nueva Asamblea tomó posesión, esta vez desde el oficialismo. Su partido Nuevas Ideas, logró un amplio y contundente respaldo del electorado, tomando el control de la Cámara con 56 escaños de los 84 disponibles y alcanzando más que los otros siete partidos juntos. Con esta mayoría recién asumida, de inmediato comenzaron las decisiones y los ajustes: se removió al Fiscal General de la República, así como a los Jueces que componían la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El liderazgo democraticida de Bukele se ha fortalecido junto con su discurso beligerante y anti-derechos. Como experto en mercadotecnia y publicidad, ha sabido explotar su imagen pública, vendiéndose como el presidente “millenial” que se viste de mezclilla y gorra. Guiando una “telecracia” en donde su celular es su mejor herramienta y las redes sociales, especialmente Twitter, su más grande foro. Mediante tweets ha cesado a Ministros, supervisado obras públicas, criticado a la prensa y anunciado su boda. Es tan astuto que, utilizando estas plataformas a su favor, ha logrado posicionarse como un presidente muy “accesible” para sus ciudadanos, que lo vislumbran a tan solo 280 caracteres de distancia. Esto se ha reflejado en sus niveles de aprobación, en que sus decisiones son ampliamente celebradas en redes sociales, y en que las manifestaciones en su contra son prácticamente inexistentes. Este respaldo no lo encuentra en la comunidad internacional, pues a la fecha Estados Unidos, la ONU, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, la Unión Europea y la OEA ya han expresado, de diferentes formas, sus preocupaciones ante la falta de institucionalidad y el deterioro de los procesos democráticos en El Salvador. Esto a Bukele no lo tiene preocupado, pero al mundo debería preocuparle aún más. Ana Paula Sandoval Motilla Licenciada en Administración Pública con Mención Honorífica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con Diplomados en Alta Dirección y Negociaciones Comerciales Internacionales por la Universidad Panamericana y El Colegio de México. Por tres años se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. En 2017 se incorporó al área de Análisis e Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Es fundadora del la asociación civil TradeTankMx. Actualmente se desempeña como Asesora en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y es Consejera Editorial de Globalitika.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. El pasado 28 de abril de 2021 se cumplieron diez años de la firma de la Declaración de Lima, con la cual México, Chile, Colombia y Perú convinieron “establecer la Alianza del Pacífico para la conformación de un área de integración profunda” en América Latina. Tras diez años, el peso de la AP continúa siendo significativo en términos regionales, pues representa el 41% del PIB y atrae el 38% de la inversión extranjera directa de toda América Latina y el Caribe. También lo es en términos globales, ya que la AP constituye la octava potencia económica y octava potencia exportadora a nivel mundial. No obstante, a pesar de logros importantes, la AP enfrenta retos para afianzarse en el futuro. A diferencia de otros mecanismos de integración en la región, como el Mercosur, la AP ha optado por un esquema de regionalismo abierto con miras en impulsar políticas para aumentar la competitividad económica. Este tipo de regionalismo favorece una economía internacional más abierta, por lo que los miembros de la AP han unido esfuerzos en un intento por alcanzar la libre movilidad de bienes, capitales, servicios y personas. En este sentido, la AP ha logrado avances importantes. Algunos ejemplos son la desgravación de más del 90% de los productos que se comercializan entre los cuatro países; la integración de las cuatro bolsas de valores a través del Mercado Integrado Latinoamericano; la creación de un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico; y la implementación de una plataforma de movilidad estudiantil. Más allá de lo económico, la cooperación en el marco de la AP se ha extendido para incluir temas como la igualdad de género o la gestión de residuos plásticos en la cuenca del Pacífico. Otro aspecto destacable de la AP ha sido el gran interés internacional que ha despertado. Actualmente, 59 países cuentan con estatus de estado observador, dentro de los que se encuentran países de peso importante, como China, India, Alemania, Reino Unido, entre otros. También, existe la figura de los estados asociados, que tiene como objetivo establecer acuerdos comerciales con la AP para facilitar el intercambio. En 2021, se anunció que Singapur será el primer estado asociado pleno en la AP, un país asiático que es hoy la economía más competitiva según el Foro Económico Mundial. Australia, Nueva Zelandia, Canadá y Corea del Sur se encuentran dentro de la lista de candidatos a estado asociado. Por lo anterior, en poco tiempo, la AP ha conseguido victorias importantes en cuanto a su estrategia de vinculación con el Asia-Pacífico y más allá. No obstante, aún con estas victorias, no todo es miel sobre hojuelas para la AP. Como cualquier iniciativa de integración regional, enfrenta distintos retos para lograr afianzarse. Primero, la poca institucionalidad de la AP, a falta de un secretariado permanente, ocasiona que sea excesivamente dependiente de los protagonismos presidenciales para avanzar las agendas compartidas. Segundo, a pesar de contar con acuerdos comerciales de gran alcance y de la liberalización progresiva entre sus miembros, el intercambio comercial intra AP sigue siendo sumamente bajo. Por último, la AP no ha sido capaz de ampliar su tamaño, al no incorporar nuevos miembros plenos en la región a pesar de que países como Ecuador, Panamá o Costa Rica han mostrado un gran interés en adherirse. En suma, los países de la AP deberán comprometerse más si su objetivo sigue siendo lograr esa “integración profunda” a la que aspiraban en la Declaración de Lima hace diez años. Esto será importante para establecerse como un faro del liberalismo en la región, ante las crecientes olas de proteccionismo que se viven en distintos países. Patricio Garza Girón Es Gerente de Proyectos de la Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), México. Fue Investigador Asistente en la División de Estudios Internacionales del CIDE (2017-2019) y es experto en temas de política internacional. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE.

El 4 de febrero, el presidente Joe Biden visitó el Departamento de Estado y habló frente al cuerpo diplomático que ahí se encontraba sobre las directrices en política exterior que se seguirán durante su mandato. En su discurso fue enfático en que Estados Unidos y la diplomacia han vuelto. Pero, ¿qué significa que Estados Unidos esté regresando? De entrada, al ser una afirmación ambigua se presta para varias interpretaciones, pero no se puede afirmar que la influencia de Estados Unidos haya desaparecido, ni siquiera cuando el expresidente Trump retiró a su país de tratados y organismos multilaterales, como el Acuerdo de París o de la Organización Mundial de la Salud. Tampoco podemos considerar que las políticas internacionales de las administraciones precursoras de la era Trump fueron del todo relegadas, pues Estados Unidos continuó con su presencia en el Medio Oriente, no abandonó a sus principales socios comerciales y aunque en el plano multilateral cerró el dialogo, a nivel bilateral lo mantuvo tanto con viejos, como con nuevos aliados. Dicho lo anterior, podemos decir que el presidente Joe Biden en realidad se refería a una nueva doctrina, que como todas las anteriores se ajusta a la coyuntura internacional, y como él mencionó, responde a problemas urgentes como el control de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, la no proliferación de armas nucleares y la atención que requiere la crisis climática. Aunque esos tres temas parecen que serán la prioridad en política exterior durante su gestión, no fueron los únicos tópicos abordados durante su visita al Departamento de Estado, pues también aseguró que Estados Unidos retirará a sus tropas de las operaciones ofensivas de Arabia Saudita en Yemen, lo que también implica congelar la redistribución de sus tropas desde Alemania, de modo que pareciera que seguirá la línea de su predecesor respecto a las decisiones que implican la búsqueda de la paz en Medio Oriente. Por otro lado, el presidente Biden señaló que mantendría el contacto con sus aliados para abordar el tema del golpe militar que se suscitó en Myanmar el 1 de febrero de este año, pues considera que “la fuerza no debe usarse para revertir a la democracia”, y dejó clara su desaprobación al encarcelamiento del político opositor ruso, Alexei Navalny. En ese sentido podemos ver que el discurso del presidente estadounidense no es del todo conciliatorio y que algunos temas seguirán siendo tan escabrosos como lo fueron en administraciones pasadas. Finalmente, en el discurso no faltaron las referencias a la protección de los derechos humanos y la divulgación de los valores estadounidenses sobre el mundo, por lo que aquí sí se puede distinguir un discurso más mesurado y tolerante en comparación del que solía difundir Trump. En todo caso, más impactante fue su anuncio de que durante el primer año fiscal, Estados Unidos incrementará el número máximo de refugiados que se podrían ingresar al país a 125,000 solicitantes de refugio, una cifra superior a la que fijó Trump durante su mandato de solo 15,000. Además, el 6 de febrero, el Gobierno federal anunció la suspención de los acuerdos de tercer país seguro con Guatemala, El Salvador y Honduras, que el gobierno de Trump impuso a estos países para frenar el flujo de refugiados centroamericanos hacia Estados Unidos. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿Estados Unidos ha vuelto? Lo cierto es que nunca se fue, pues su espectro continuó influyendo en la política internacional, sin embargo es cierto que el discurso tomó otro rumbo durante la era Trump, pero con la llegada de Biden podríamos asegurar que Estados Unidos volvió a una política que antepone la razón sobre los impulsos y que buscará hacerse del espacio líder con el que se le suele vincular en el entorno multilateral. Carles Marc Cosialls Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y estudió una maestría en Cultura de Paz en la misma universidad. Actualmente labora en el Institut del Teatre

Colaboración publicada originalmente e n El Economista. Hasta el momento, la relación entre AMLO y Biden ha sido cordial. Sus encuentros han sido esporádicos y han generado poco revuelo, pero anuncian la tensión que inevitablemente tendrá que surgir. Joe Biden es un funcionario público con gran experiencia en el manejo de las relaciones internacionales de Estados Unidos, y claramente ha buscado iniciar acercamientos amables con Andrés Manuel López Obrador. Nuestro presidente, por el contrario, carece de experiencia en el frente internacional. En su primera reunión con Biden, sin necesidad alguna referenció la célebre frase de “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”; en otra, forzó una mención a su programa “Sembrando Vida” enfocado a temas migratorios en un foro creado para hablar sobre una prioridad para Biden: los retos que presenta el cambio climático y compromisos específicos que debe adoptar la comunidad internacional. Para López Obrador, este tema se encuentra muy abajo en su lista de prioridades, si es que está en ella del todo. El contexto ha ayudado a reducir la tensión en la relación, pues ambos presidentes están poniendo toda su atención a sus prioridades de política interior. Biden está enfocado en la reactivación económica y la estrategia nacional de vacunación necesaria para superar la pandemia. Las prioridades del Presidente Mexicano se centran en tener un resultado electoral favorable en 2021, mantener la ruta de centralización y desinstitucionalización, y la adopción de una agenda nacionalista en varios frentes económicos. Para Biden, enfocarse en esos temas cumple tres propósitos. El primero es reconstruir la economía de los Estados Unidos; el segundo es mostrar el liderazgo y la capacidad institucional del gobierno americano para diferenciar su administración de la anterior; y el tercero, demostrar al mundo que su Gobierno está dispuesto a reclamar el liderazgo que Estados Unidos había tenido en el panorama internacional durante las últimas décadas, un espacio que Donald Trump dejó vacío dando oportunidad a Rusia y otros gobiernos de tinte autocrático para posicionar mensajes que debilitan la visión democrática occidental. López Obrador se benefició de la indiferencia de Trump para avanzar en su agenda prioritaria. El hecho de que para Trump los alcances de su política internacional con México terminaran en su infame muro, permitió que la cuarta transformación implementara cambios profundos y mostrara inclinaciones autocráticas que habrían levantado cejas en cualquier otra administración americana. El desencuentro por el caso Cienfuegos, es tan solo uno de los episodios en los que el Gobierno mexicano ha estirado la liga de la colaboración, pues ha habido más acciones que han tensado la relación también en el frente económico. La interpretación a modo del TMEC en materia energética, así como el establecimiento de cuotas de contenido nacional en cines y plataformas digitales que claramente benefician a un solo jugador y atentan contra criterios de competencia internacional seguramente no están siendo tomadas a la ligera por nuestro vecino del norte. Si a esto sumamos la creación del Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil que tiene un gran potencial de ser una peligrosa herramienta de control político y social, es de esperarse que pronto existan cuestionamientos por parte de nuestro vecino frente a la agenda de valores democráticos occidentales que está al centro de la construcción del sistema político y económico de Estados Unidos, y que hoy más que nunca tienen que retomar para enfrentar a otros poderes que buscan dictar su propia agenda internacional. Abigail Martínez Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Maestra en Políticas Públicas por Macquarie University. Se especializa en análisis político, vinculación y comunicación estratégica. Conduce el programa “Política 101 en Inkoo y colabora quincenalmente en el portal gluc.mx.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. De acuerdo con la investigación pionera de la economista y politóloga australiana Karen Stenner, alrededor de un tercio de la población de cualquier país del mundo tiene una subrepticia y latente predisposición autoritaria que se manifiesta en contra de la diversidad, la heterogeneidad y el pluralismo y que, en definitiva, no se alínea con definiciones ideológicas pertenecientes a la llamada geometría política. Esos grupos articulan, ante coyunturas políticas específicas, una postura de venganza contra un contexto que, de repente, deciden dejar de tolerar. Los predispuestos no son necesariamente conservadores ni nacionalistas irredentos, no tienen convicciones de izquierda o derecha, no son identificables tampoco por tener en manos un ideario radical ni son producto de realidades objetivas o estructurales como la marginación, la pobreza o los grados educativos inferiores. Son comunidades bien identificadas, si acaso, por su intolerancia a la complejidad -concebida esta como un fenómeno intrínsecamente asociado a la modernidad y a la globalidad- o bien por su profunda inconformidad con los valores, rituales e ideario de las democracias liberales. Pero hay otro rasgo común que resulta tan previsible como inquietante. Según la investigación empírica de Stenner, la percepción generalizada de una constante amenaza sociocultural es el elemento central que los conglomera. Otrora cómodos y conformes con su percepción de orden colectivo del pasado, estos individuos ven con enorme sospecha los súbitos giros de una modernidad compleja que entraña, entre otros elementos, dosis de diversidad, libertad y pluralismo que desafían sus limitaciones cognitivas. En consecuencia, están dispuestos a apoyar liderazgos carismáticos, promover desmantelamientos institucionales y trastrocamientos diversos, aún si no son constitucionales o si amenazan las libertades individuales y los contrapesos republicanos del poder, con tal de hacer algo que calme su desasosiego. El objetivo último: respaldar un proyecto político de unicidad ( oneness ) y similaridad ( sameness ) frente a lo que consideran agendas políticas de cambio, apertura y diversidad sin límites. La aversión al cambio se manifiesta en ellos mediante la adhesión a teorías de la conspiración como las del supremacismo blanco y las del “Gran reemplazo”, pero también planteando que un modo tradicional de vida está en peligro y que ese peligro alcanza proporcionales existenciales. Esto no los convierte en seres irracionales o en personas que no merecen ser convencidas de los errores en que incurren. Son individuos que con el paso del tiempo han forjado la profunda convicción de que el interés colectivo estriba en minimizar las diferencias y que consideran que la democracia liberal no ha hecho otra cosa que agrandarlas prácticamente en todos los ámbitos. Indudablemente, el trabajo de Stenner, ofrece una dimensión nueva y ciertamente más fresca a la literatura sobre populismos, nuevos autoritarismos, movimientos radicales, regímenes híbridos y democracias antiliberales. Uno de sus grandes méritos es traer de vuelta al centro de las preocupaciones de la ciencia política contemporánea la observación del comportamiento de los individuos y las claves psicológicas de la acción colectiva. El otro, es recordarnos que hay momentos en la historia especialmente proclives al surgimiento de lo que Adorno llamaba, hace varias décadas, “personalidades antidemocráticas”, tanto en referencia a los líderes políticos como a grandes colectividades de electores o activistas. Hay ya demasiadas evidencias de que estamos viviendo un nuevo periodo propicio para desencadenar estas pulsiones. Lo importante ahora es concentrarse en las soluciones a este inmenso desafío para las democracias. ¿Se puede seguir marginando a ese tercio de la población una vez que su propensión aflora? Muy difícilmente. Pero es claro que podrían intentarse medios para desactivar esa predisposición. La obra de Stenner da pistas de sobra. Antes que promover su defenestración o pensar que las democracias liberales han muerto, conviene leerla con atención. Arturo Magaña Duplancher Asesor, consultor e investigador especializado en asuntos internacionales y legislativos. Se desempeñó profesionalmente en ambas Cámaras del Congreso de la Unión como Coordinador de Asesores, Jefe de Investigación y Análisis, Investigador, Analista y Secretario Técnico de Comisiones Legislativas. Seleccionado para ser Policy Fellow de la School of Transnational Governance del Instituto Universitario Europeo, Investigador visitante en la Nettie Lee Benson Collection de la Universidad de Texas, Austin, y Premio Genaro Estrada 2007 de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la mejor tesis en historia de las relaciones internacionales de México. Ha sido profesor de asignatura en universidades de prestigio en México y prestador de prácticas profesionales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es licenciado en Relaciones Internacionales (El Colegio de México) y maestro en Relaciones Internacionales y Diplomacia (Universidad de Leiden, Países Bajos). Es miembro fundador de Globalitika.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Desde hace más de tres siglos, las teorías económicas que han perdurado, sostienen que la riqueza de las naciones se maximiza en la medida en que éstas se abran al mundo . Y resulta un tanto irónico retomar dicho axioma liberal en este momento, cuando la mayoría de los países se ha visto en la necesidad imperiosa de cerrar sus fronteras en nombre de la salud pública global. Sin embargo, la tesis de Adam Smith con todo y confinamiento, no solamente sigue vigente, sino que ha logrado adquirir un nuevo matiz a raíz de la globalización. El intercambio internacional de ideas, servicios y demás intangibles, ha sido uno de los grandes motores que ha permitido paliar la crisis ocasionada por la pandemia de Covid19. El mundo de las ideas y su relación con el desarrollo ha sido objeto de amplio estudio por varios economistas, siendo quizá el más destacado Paul Romer. Entre sus mayores aportaciones, se encuentra otorgar una nueva importancia a las ideas y la investigación científica, como elementos centrales para generar productividad y crecimiento en una sociedad. Su tesis marcó un parteaguas en la disciplina, porque por primera ocasión, se logró construir un modelo macroeconómico donde el crecimiento sostenido y a largo plazo, es impulsado no solo por los recursos materiales o naturales (como los combustibles fósiles), sino también por la creación y generación de tecnología a través de mujeres y hombres de ciencia. Bajo esta tesis, que hizo merecedor a Romer del Premio nobel de economía en 2018, las ideas son concebidas como todo aquel conocimiento que nos permite crear un bien, o realizar una actividad por medio de una instrucción. Son ejemplos de ello, el código necesario para crear un software, las indicaciones para ensamblar un motor o incluso el conocimiento requerido para diseñar una vacuna. A diferencia de los objetos, las ideas y su acumulación puede llegar a ser infinita sin enfrentar los detrimentos que sufren los bienes de capital, como la depreciación, que puede volverlos súbitamente obsoletos. Desde luego, las ideas también poseen sus propias limitaciones, como su restricción a través de patentes y leyes de propiedad intelectual. Sin embargo, ello no contraviene a esta tesis, pues es la búsqueda constante de nuevas ideas y los rendimientos que generan, lo que propulsa el crecimiento y la generación de riqueza. En tan solo un año se han generado miles de artículos científicos, muchos de ellos en libre circulación, relacionados con la pandemia por coronavirus. Ello ha permitido, entre otras cuestiones, contar con una vacuna en tiempo récord y poder reactivar la economía durante la crisis. Este momento histórico de cooperación científica internacional debe ser visto como una lección y oportunidad en México para replantearnos la importancia que le conferimos a la investigación, dentro ese gran constructo, al que usualmente nos referimos como interés nacional. Sobre este punto, no debe caber ninguna duda: el crecimiento de una sociedad y su desarrollo está asociado con los recursos destinados a la ciencia. En el caso mexicano, históricamente no se le ha conferido más allá del 0.5% del PIB. Invertir en ciencia, generación de conocimiento y desarrollo tecnológico debiera ser la gran apuesta de México. Por ello, es necesario fomentar estudios en diversas disciplinas, a nivel nacional e internacional, tanto en ciencias médicas como exactas, y desde luego en ciencias sociales. Y es que la recuperación post-pandemia debe darse en el ámbito de la salud, pero también en materia educativa, económica y en prácticamente todos los ámbitos. La libertad y la movilidad de las ideas, a través del aprovechamiento de la capacidad científica y tecnológica de mujeres y hombres, debe ser el paradigma bajo el cual, apuntalemos el desarrollo. Renata Zilli Montero Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, maestra en Relaciones Internacionales y Comercio Internacional por la Universidad Macquarie, Australia, y candidata a maestra en Economía Internacional por la Universidad Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS). Ha sido catedrática en la Universidad Anáhuac y en el Tecnológico de Monterrey, donde se desempeñó como Directora de la Carrera en Relaciones Internacionales en su Campus Puebla. Es socia fundadora de TradeTankMX, un think tank mexicano especializado en el estudio del comercio internacional. Actualmente, es receptora de la beca Andreas T. Baum y estudia el segundo año de la maestría en Economía Internacional y estudios de América Latina, en la universidad Johns Hopkins Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Washington D.C.

Belén Elizabeth Licona Romero Edward Alexander Jiménez Pérez El objetivo de esta investigación es presentar un análisis histórico del Programa Bracero adoptado entre México y Estados Unidos, así como ofrecer una perspectiva de como la red consular mexicana en ese país implementó acciones de protección y asistencia que son el fundamento para el actuar de hoy en día de la diplomacia consular mexicana, la cual se ha posicionado como un referente, particularmente en Latinoamérica. Consulta el artículo en PDF aquí.

El 12 de junio de 1961, el piloto soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio ultraterrestre. Eran los tiempos de la guerra fría y de una rivalidad estratégica, política, económica e ideológica de grandes vuelos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en que el acceso al espacio ultraterrestre estaba reservado a los Estados tecnológicamente más avanzados y poderosos. 60 años después, la renovada carrera espacial es cualitativa -y cuantitativamente- distinta: cierto, los Estados siguen siendo actores destacados, pero el acceso al espacio ultraterrestre se ha democratizado - o, al menos, hay más actores que pueden incursionar en él- y confluyen intereses de corporaciones privadas, de particulares, de súper millonarios, amén de los de carácter militar y delincuencial y todos ellos comprometen la sustentabilidad del espacio ultraterrestre, lo que podría tener serias consecuencias para la seguridad internacional dada la divergencia de intereses que cada uno de estos actores persigue. Consulta el artículo en PDF aquí.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. “Estados Unidos está de regreso.” Con esta frase, el presidente norteamericano Joe Biden ha sintetizado en diversos foros internacionales el aspecto internacional de su programa de gobierno: la recuperación del liderazgo global de Estados Unidos, erosionado notablemente por los cuatro años de gobierno de su antecesor, Donald Trump. Pero ¿qué podría implicar este regreso? Entre otras cosas, el retorno de Estados Unidos a la cooperación internacional multilateral, así como la reanudación de su compromiso con alianzas estratégicas históricas, como su alianza trasatlántica con la Unión Europea y el Reino Unido. En términos más generales, este “regreso” de Estados Unidos al escenario global tiene de fondo una restauración de ese conjunto de principios e instituciones que, desde finales de la Segunda guerra mundial, se ha conocido como el orden liberal internacional. Organizaciones multilaterales como la ONU y alianzas militares como la OTAN, lo mismo que principios como la resolución pacífica de controversias y la cooperación internacional han formado por décadas el núcleo de este orden. Creado bajo la égida de Estados Unidos, que emergió como superpotencia tras su triunfo en la guerra, este orden se vio durante el gobierno de Trump atacado por la misma nación que lo concibió y promovió. El anterior presidente norteamericano erosionó, abandonó o destruyó muchos de los pilares de este orden de diversas maneras: substrayendo a Estados Unidos de convenios y organizaciones multilaterales como la OMS o el Acuerdo de París para combatir el cambio climático, renegando de los compromisos implicados en sus alianzas, o acercándose a Estados que han quebrado puntos centrales del orden liberal, como la Rusia de Vladimir Putin. Biden se ha propuesto restaurar muchos de estos cimientos deteriorados por su predecesor. Hasta ahora, entre otras acciones, Biden ha devuelto a Estados Unidos al Acuerdo de París y ha tomado pasos para el restablecimiento del acuerdo nuclear con Irán, también abandonado por Trump. Pero, a pesar del cambio radical en el discurso, y de los hechos concretos que lo han respaldado, existen interrogantes significativas sobre la posibilidad de éxito de este proyecto de restauración. En primer lugar, está la persistente desconfianza que los propios aliados de Estados Unidos albergan hacia esta nación. Existen dudas sobre si este renovado compromiso durará realmente, o si será interrumpido por un nuevo triunfo del trumpismo (o posturas análogas) en futuras elecciones. Signos concretos de esta desconfianza son el nuevo acuerdo comercial de la Unión Europea con China, así como la aparición del concepto de “autonomía estratégica” en boca de líderes europeos como Emmanuel Macron—una idea que apunta a la necesidad de una estrategia de seguridad propia para Europa, independiente de los vaivenes norteamericanos. Una segunda área que pone límites a la idea de una restauración del orden liberal es el acelerado ascenso de China como potencia global. Durante los años del gobierno de Trump, China comenzó a ocupar los vacíos de liderazgo dejados por el aislacionismo, el desinterés o la desidia de Estados Unidos. Más aún, consolidó la creación de alianzas estratégicas (por ejemplo, con Rusia) y de instituciones de cooperación internacional paralelas. China se acerca a la meta de presentarse como una alternativa al modelo político, económico e internacional representado por Estados Unidos. En buena medida, el futuro del orden liberal internacional dependerá, entonces, de la evolución durante los siguientes años de esas dos variables: la capacidad de Estados Unidos de restablecer la confianza de sus antiguos aliados, así como de instituir formas de colaboración con el nuevo liderazgo chino en la producción de “bienes públicos” como la paz y la salud mundiales. Y es que, a pesar de sus problemas y contradicciones, una cierta versión del orden liberal, basado en la cooperación y el multilateralismo, resulta indispensable, sobre todo frente a problemas urgentes como la regulación tecnológica y el cambio climático que son, por su propia naturaleza, transnacionales. Humberto Beck Profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México. Es autor de Otra modernidad es posible: el pensamiento de Iván Illich y co-editor de El futuro es hoy: ideas radicales para México. Su libro más reciente es The Moment of Rupture: Historical Consciousness in Interwar German Thought. Es licenciado en relaciones internacionales por El Colegio de México y doctor en historia por la Universidad de Princeton. Ha sido también investigador posdoctoral en la Universidad de Boston.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. La visita a India de Lloyd J. Austin III, Secretario de Defensa de los EEUU, ratifica la voluntad de cooperación en materia de seguridad y recalca una mirada compartida sobre el significado de la estabilidad en la región Indo-Pacífica. Llamó la atención la simultaneidad del encuentro en Nueva Delhi con el inicio de las conversaciones con China en Alaska. Parecía que la mesa de negociación necesitase para su éxito del mantenimiento de una amenaza. El hilo rojo que conecta los intereses de las dos democracias más grandes del mundo no es la industria del entretenimiento, sino una estrategia del conflicto basada en un poderoso interés común. Durante la última década hemos observado el creciente deseo de Washington por mostrar su capacidad de disuasión y de asociación militar en Asia. El enfoque planteado descansa en el lenguaje de la interoperabilidad y en la promoción de acuerdos en defensa como activo diplomático. Mientras China elevaba el comercio internacional con sus vecinos, EEUU mejoraba su capacidad de intimidación en la zona en disputa, aunque ciertas decisiones resultasen contradictorias (por ejemplo, el rechazo de Donald Trump a la realización de maniobras conjuntas con Corea del Sur y su negativa al uso de los B-52 con base en Guam -referencia extraída de las memorias de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de los EEUU-). Civilizaciones diferentes encontraban formas de cooperación sin necesidad de compartir lineamientos culturales, si bien partían de la insistencia en el valor de la democracia. El actual rol de India, o de los otros miembros del llamado quad, parece prefigurado en unas palabras de Samuel P. Huntington recogidas en su libro El choque de civilizaciones (1996): “Sabemos quiénes somos sólo cuando sabemos quiénes no somos y con frecuencia sólo cuando sabemos contra quiénes estamos”. Impresión que materializa una idea ajena a la versión multicivilizacional y que vendría a ser la justificación para entender que la lógica estratégica trasciende los factores culturales. Bajo la hegemonía institucional de Narendra Modi, la India ha abierto un proceso global de expectativas. En el período 2016-2020 ha sido el principal receptor de transferencia armamentística para Francia, Israel o Rusia; aumentó el número de reactores nucleares y fortaleció su capacidad aérea con aviones Dassault Rafale o con un lote de helicópteros Apache. Todo apunta a que su dependencia tecnológico-militar con Rusia, forjada en sus tiempos de gestación como Estado Nación, será amortiguada por otros socios preferentes (impresión basada en las proyecciones ofrecidas por el informe publicado por Stockholm International Peace Research Institute con fecha 15 de marzo de 2021). Pensar el Pacífico desde el Índico es el ángulo de visión que explica la trascendencia de una decisión tomada por James N. Mattis, exsecretario de Defensa de EEUU, el 30 de mayo de 2018: la creación del Comando Indo-Pacífico cuyo cuartel general está en el Campamento H. M. Smith en Hawái. Aquel impulso determinó las características de una fuerza llamada a controlar dos océanos y más de la mitad de la superficie terrestre. Con la invención del hashtag #FreeandOpenIndoPacific se resume una lectura imperial del mundo. Sin menospreciar el papel de las contingencias es razonable afirmar que la percepción estadounidense sobre la conectividad Indo-Pacífica hará de India un socio vital en su acción exterior. Como decía Robert D. Kaplan, al abordar el dilema geográfico de la India, nos tocará despejar dudas sobre el sentido de sus rivalidades (emocionales, tácticas, comerciales) para anticipar su perdurabilidad y el carácter de las disputas a que den lugar; pero el subcontinente indio ya es hoy un cine con butacas preferentes para asistir a la exhibición del nuevo orden mundial. Alfredo Kramarz Doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, experto en Política y Relaciones Internacionales, Máster en Relaciones Internacionales y Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Columnista en medios de comunicación globales, profesor universitario, analista político y conferencista. Fue director del Colegio Mayor “Fernando de los Ríos” del 2016-2017 y Subdirector del mismo Colegio del año 2011-2016. Del año 2013 al 2014 se desempeñó como Subdirector del Colegio Mayor “Gregorio Peces-Barba” y del año 2009-2010 se desempeñó como miembro de la Comisión Académica de Titulación “Grado en Ciencias Políticas”. Entre sus proyectos de investigación se destacan: 1) Experience, memory and imagination Pratt Institute, Vanderbilt University y Universidad Carlos III. 2) Identidad, Memoria y Experiencia, Pratt Institute, Vanderbilt University y Universidad Carlos III. 3) Historia de los Derechos Fundamentales, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. El incremento significativo desde inicios de este año en la cantidad de migrantes menores de edad, no acompañados, en la frontera México-Estados Unidos y las reacciones que ha generado entre republicanos y demócratas revelan con claridad que el camino hacia una reforma migratoria integral como la que prometió Biden en campaña sigue siendo largo y difícil. En sus primeros dos meses de gobierno Biden ha comunicado en múltiples ocasiones que la migración está entre sus prioridades más críticas. Su primer día en el cargo, por ejemplo, presentó la Ley de Ciudadanía ( Citizenship Act 2021 ), una iniciativa de reforma exhaustiva “al sistema migratorio” que trata tanto causas como efectos de las migraciones y ofrece distintas vías de acceso a la ciudadanía a los más de 11 millones de migrantes sin documentos que viven en Estados Unidos. Se trata de la primera iniciativa que cancela el uso del término ilegal alien (extranjero o extraño ilegal) y propone, en vez, llamar “no ciudadanas” ( non-citizen ) a las personas migrantes indocumentadas. El júbilo que provocó esta posibilidad, sumado a la serie de acciones ejecutivas relacionadas con migración que Biden firmó desde su primer día crearon expectativas de concretar o avanzar una reforma sustantiva durante los primeros 100 días de gobierno -ese performance recurrente de grandes esperanzas y profundas decepciones. Sin embargo, solo 5 semanas después apareció una estrategia distinta en escena cuando representantes demócratas reactivaron dos iniciativas de ley que ofrecen esquemas muy acotados de acceso a la ciudadanía a grupos de migrantes que ya cuentan con la empatía y apoyo de buena parte de la opinión pública: los jóvenes dreamers; los trabajadores agrícolas indocumentados y grupos de personas que residen en Estados Unidos bajo criterios humanitarios o de protección temporal. Se trata de la Ley del Sueño Americano y Promesa ( American Dream & Promise Act 2021 ) y la Ley de Modernización de Trabajadores Agrícolas ( Farmwork & Modernization Act 2021 ), ambas aprobadas en la Cámara Baja en 2019 (sin que prosperaran al Senado) y programadas para voto esta semana en la misma instancia. Es posible que estemos ante estrategias complementarias de los demócratas para asegurar victorias en el corto plazo. O bien que la iniciativa integral de Biden sea más una declaración de principios que una ruta crítica hacia la reforma, o en el peor escenario, que sea ante todo una estrategia de comunicación. En todo caso, hasta hace unos días estas dos iniciativas específicas parecían la apuesta más pragmática y cercana para conquistar victorias iniciales en la Cámara Baja y pelear la verdadera batalla en un Senado dividido, en el que primero habría que convencer a 10 republicanos de apoyar la votación para evitar el temido mecanismo de obstrucción. Pero, la frontera. El fin de semana pasado el Ejecutivo tuvo que pedir apoyo a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), al tiempo que un grupo de legisladores republicanos encabezados por Kevin McCarthy decidían visitar centros de detención para dar fe de la “catástrofe” que atribuyen a Biden. La perspectiva de votar esta semana iniciativas de regularización y acceso “cuando tienes la frontera abierta” y en crisis es “de una sordera absoluta”, dijo August Pfluger, legislador republicano que participó en la visita. ¿Y si las iniciativas acotadas tampoco prosperan? En el peor de los casos – plantean algunos demócratas- una versión reducida podría incluirse “en paquete” en la sesión de conciliación presupuestaria, cuya aprobación solo requiere una mayoría simple. Si esto representa una victoria acotada o una capitulación prematura está por verse. Lo que resulta evidente es que la construcción de consensos, incluso mínimos, en torno a la migración es un proceso delicado, no lineal, que requiere trabajo de fondo y estrategia desde antes del día uno y con vistas mucho más allá de los primeros 100 días, las elecciones intermedias, el 2024, etcétera. Gisela Calderón Góngora Internacionalista por El Colegio de México, Maestra en Ciencia Política por la London School of Economics & Political Science (LSE). Entre sus últimos cargos fue Directora de Asuntos Económicos y Red Global MX (2016- 2017) y Directora General Adjunta en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2018- inicios de 2019). Ha impartido cursos de temas diversos de relaciones internacionales y política en Londres (LSE) y la Ciudad de México (UDLA). Desde 2018 es Profesora de Política y Gobierno de Estados Unidos en la UDLA y a partir de abril de 2019 se encarga de la agenda de ciudadanía y sustentabilidad para América Latina en PepsiCo Internacional.

Política Exterior Feminista: aportaciones del feminismo interseccional, la interdisciplinariedad y el desarrollo territorial Este artículo propone un modelo de Política Exterior Feminista Mexicana (PEFM) basado en el feminismo interseccional, la interdisciplinariedad y el desarrollo territorial. Primero, exponemos las ventajas de adoptar una perspectiva interseccional, argumentando que ella requiere de una estructura interdisciplinaria para vincular a la PEFM con otras ramas de la política internacional. Señalamos también la diversidad de contextos socioculturales, económicos y geopolíticos de México para puntualizar la necesidad de instrumentar la PEFM a través de sistemas endógenos de desarrollo territorial. Por último, ejemplificamos cómo podría visualizarse la PEFM sugerida, indicando los retos que podría suponer su implementación al interior del país. Consulta el artículo en PDF aquí .

Colaboración publicada originalmente en El Economista. En las observaciones emitidas por el Comité CEDAW al informe presentado por México en 2018 se estableció que debido al alto nivel de violencia hacia las mujeres nuestro país tiene la obligación de emitir informes cada dos años y no cada cuatro como el resto de las naciones. El informe 2020 fue entregado en días pasados por la delegación mexicana y contrario a lo recomendado por el Comité, es claro que e l gobierno ha abandonado los pocos avances en materia legislativa, programática y de política pública; y ha actuado en sentido contrario, al agravar la situación que viven millones de mujeres y niñas. Este contexto se ejemplifica mediante diversas acciones dictadas por el Ejecutivo Federal como la “circular 1” sobre la cancelación de los programas en los que participaban organizaciones de la sociedad civil (PROEQUIDAD o estancias infantiles) o la reducción de los presupuestos a condiciones mínimas de subsistencia (refugios para mujeres víctimas de violencia y servicios de protección a víctimas) generando afectaciones a millones de mujeres en todo el país. Esto ha generado efectos negativos en las organizaciones que se dedican a la defensa y protección de mujeres porque muchas operaban exclusivamente con los recursos provenientes de dichos programas, lo que ha disminuido notablemente su capacidad de organización y atención. La respuesta a estas determinaciones se ha acompañado de propuestas y recomendaciones por parte de expertas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la política nacional de igualdad y la eliminación de la violencia contra las mujeres, mismas que no han sido tomadas en cuenta. Un ejemplo de esto es el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 que vislumbra un futuro poco alentador para las mujeres mexicanas. Al Anexo 13 se le suprimieron aquellos gastos destinados a la política de igualdad, y en su lugar se incrementaron programas considerados prioritarios para la actual administración, mismos que no cuentan con perspectiva de género, pues en su mayoría se trata de programas de entrega directa de recursos (tal es el caso del programa de pensiones para adultos mayores que concentra 46% de ese gasto). Lo anterior, a pesar de que se ha demostrado que la sola transferencia monetaria no reduce las brechas de género. Por otra parte, estas acciones son incongruentes con la campaña internacional emprendida por el gobierno y dirigida a identificarlo como aliado de las mujeres y sus derechos humanos, bajo el lema “política exterior feminista”, el funcionariado promueve una imagen distorsionada de la realidad pues, los últimos meses registran las cifras más elevadas de feminicidios y desapariciones de niñas y mujeres en el país, frente a un gobierno que ha demostrado no interesarse en garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. En resumen, este gobierno en muy pocos meses ha debilitado el andamiaje institucional que tantas décadas costó construir para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación contraviniendo lo establecido en tratados internacionales y en preceptos constitucionales. Además, este contexto se ha visto agravado por los constantes ataques y descalificaciones del Presidente hacia el movimiento feminista, donde repetidamente acusa a las organizaciones de aliarse con grupos conservadores para afectarlo electoral y políticamente, fomentando la violencia hacia activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres en todo el país. La situación que enfrentamos las mujeres hoy en México exige un gobierno con altura de miras y con acciones serias y coordinadas que eviten que más mujeres sean asesinadas. Más allá de la politiquería, el llamado es claro: nos están matando. Patricia Olamendi Activista, profesora, ex funcionaria pública y analista, es doctora en Derecho y especialista en derechos humanos. Fue Diputada Federal en la LIV Legislatura y Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE (2001-2005). Ha recibido diversos galarodnes, entre ellos la Encomienda de Número al Mérito Civil, otorgada por los Reyes de España, el Premio Clara Zetkin, el econocimiento al Mérito Ciudadano “Ciudad de México” entre otros.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. La pandemia de Covid-19 ha provocado la recesión económica mas importante desde la Segunda Guerra Mundial. Se pronostica que a medida que las vacunas comienzan a aplicarse, la economía global podría experimentar un crecimiento moderado de 3.5% en este 2021. América Latina y el Caribe ha sido muy golpeada porque se han magnificado problemas estructurales históricos como la desigualdad, la insuficiente recaudación fiscal, una educación deficiente, una ausencia de oportunidades laborales y una insatisfacción con la democracia. La caída del PIB en la región ha sido de casi 8% y la tasa de desempleo ha llegado a un 10%, lo que ha derivado en la peor crisis económica y social ocurrida en 120 años. Esto se ha traducido en un descontento social generalizado y en una desconfianza en los gobiernos al ver que el bienestar para la mayoría no llega y la perspectiva se empeora por la imposibilidad de tener un empleo y un ingreso justo. En este contexto vale la pena referirse a un reciente análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado por Philip Barrett y Sophia Chen, el cual vincula a las epidemias y desastres naturales con “brotes” sociales. Este interesante estudio revela que históricamente las epidemias agravan grietas existentes en las sociedades, como la falta de confianza en las instituciones o la percepción de indiferencia o incompetencia de los gobiernos para dar respuesta a sus demandas. “Desde la Plaga de Justiniano hasta la Gripe Española de 1918, la historia se encuentra repleta de ejemplos de brotes de enfermedades que proyectan una larga sombra de repercusiones sociales, subvierte el orden y desencadena tensión social”, señalan los expertos. La investigación esta basada en la cobertura mediática de la tensión social para crear un Índice de Tensión Social Reportada (RSUI, por sus siglas en inglés) en 130 países desde 1985. Se destaca que durante una pandemia o inmediatamente después de ésta, no surge la violencia referida sino que se dispara a mediano plazo. El documento “Las repercusiones sociales de la pandemia” se centra en cómo el malestar social suele manifestarse después de una pandemia y muestra que con el transcurso del tiempo aumenta el riesgo de disturbios y manifestaciones antigubernamentales. De igual forma, los autores constatan cómo se presenta un significativo incremento de crisis gubernamentales severas -como derrocar a gobiernos- en los dos años posteriores a una pandemia grave. Barrett y Chen sugieren que si la historia sirve de pronóstico, es posible que la tensión social resurja una vez que la pandemia disminuya y todo regrese a una supuesta normalidad. Los autores aclaran que la pandemia no es la causa inicial de sucesos violentos pero sí un catalizador: “se detona una bomba de relojería porque se reduce el crecimiento económico y aumenta la desigualdad y el malestar social”. Como resultado de la pandemia actual existe un evidente rezago en la educación y en la movilidad social de las personas, lo que ha generado un ambiente de pesimismo y frustración en las sociedades de la mayor parte de los países. Ante el probable escenario que plantea el FMI, gobiernos de todo el mundo deben realizar esfuerzos en sus países tales como promover la inversión y el empleo a través de la generación de confianza y de incentivos fiscales. Sólo así se crearán más empleos y riqueza. La innovación en programas sociales, el estímulo a educación de calidad, la promoción de la cultura de la paz y mayor democracia en libertad también son algunas respuestas viables al desafío. Aún es tiempo de prevenir y de afrontar esta responsabilidad actuando de inmediato. Alejandro Guerrero Monroy Director del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral. Fue Asesor de la Presidencia de la Comisión del Voto en el Extranjero y de la Presidencia de la Comisión del Registro Federal de Electores al interior del Consejo General del INE y también Asesor de Consejero Electoral del IFE para el Sufragio Extraterritorial. Previamente fue Coordinador del Centro para la Responsabilidad y Sustentabilidad Empresarial de la Universidad Anáhuac y fungió como Secretario Técnico en la Dirección Corporativa de Administración de Petróleos Mexicanos. En el ámbito docente, imparte las asignaturas Mercadotecnia Política, Gobierno Corporativo y Gestión Directiva de la Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac, donde ha recibido en cinco ocasiones el reconocimiento Excelencia Docente. Es colaborador en medios de comunicación como Excélsior, El Universal, Reforma, ADN Político, CNN y la Revista Pluralidad y Consenso del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

El artículo responde al cuestionamiento ¿México como socio global de la OTAN? Para ello analiza la importancia de la Alianza Transatlántica en el plano internacional, sus desafíos y el establecimiento de los socios globales, los cuales son definidos y analizados con base en su trasfondo estratégico. Finalmente, se contraponen un par de posturas sobre la factibilidad de la membresía mexicana. Se concluye que la viabilidad de la asociación de México con la OTAN debe responder a cómo capitalizaría su rol de socio global, considerando su potencial estratégico. Consulta el artículo en PDF aquí.

El asalto al Capitolio, edificio emblemático y sede de los procesos democráticos de Estados Unidos el pasado 6 de enero de este año fue, de manera simultánea, un evento sorpresivo y a la vez totalmente predecible dados los acontecimientos políticos de las semanas previas.Marcó un antes y un después en la historia de dicho país, pues mostró que los seguidores del saliente presidente Donald J. Trump no aceptaría los resultados electorales, denunciados por éste como fraudulentos. Es pues el objetivo de este trabajo abordar la manera en que diferentes sucesos se engarzaron para dar lugar al ataque al Capitolio y las consecuencias del mismo, tales como el juicio político contra el exmandatario y los retos a los que actualmente se enfrenta el Partido Republicano en un contexto completamente desconocido. Consulta el artículo en PDF aquí.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. El 8 de marzo conmemoramos el Día internacional de la Mujer, y el 11 de marzo se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia de COVID-19. Me parece provechosa una reflexión convergente. Después de todo, la pandemia ha exacerbado dos importantes crisis que afectan el bienestar de las mujeres (y de los hombres) en el mundo: la crisis del Estado en un mundo globalizado (el divorcio entre poder y política, al cual se refirió Bauman) y las contradicciones propias del sistema capitalista (exclusión y desigualdad como condiciones que, simultáneamente, posibilitan y corroen el carácter ilimitado de la acumulación del capital- el crecimiento económico). Un estudio difundido en agosto probó que los países dirigidos por mujeres fueron sistemática y significativamente más eficaces en la contención del COVID-19. Por otra parte, ya en octubre, diversos estudios confirmaron que es mucho más frecuente la muerte entre hombres que entre mujeres por esta enfermedad (se trata de una combinación entre aspectos biológicos y sociales). Si eres hombre, más que nunca te conviene que las decisiones las tome una mujer. Pero en esta pandemia, cuando las mujeres no están al mando están siendo asesinadas, violentadas, desprovistas de su ingreso y sometidas a cargas excesivas de trabajo no remunerado. El confinamiento es una trampa mortal para millones de mujeres y niñas en el mundo. Por si fuera poco, las mujeres se han quedado sin ingresos en proporciones no vistas desde la crisis económica de 2008 (en América Latina y el Caribe, el desempleo femenino alcanzó el 22% durante el año 2020), y su vulnerabilidad aumenta con el deterioro de su salud mental causado por el incremento desproporcionado de las responsabilidades de cuidado y trabajo no remunerado en el hogar. La pandemia no ha sido para nada disruptiva. Antes bien ha catalizado las más importantes tendencias mundiales. El Estado, cuya relevancia se venía cuestionando ante problemáticas globales, se encuentra en entredicho más que nunca por la incapacidad de detener el brote pandémico. El Capitalismo, fuertemente cuestionado por evidentes problemas sociales y medioambientales, se colapsa con las medidas sanitarias y se contrapone a la solidaridad global necesaria para producir y distribuir vacunas y tratamientos. En respuesta, ambos paradigmas contraatacan. Uno mediante el recrudecimiento y la reafirmación del uso de la fuerza (y la violencia) en todos los niveles- desde las fronteras y los nacionalismos hasta las relaciones de poder en el ámbito doméstico; mientras el otro muestra la batalla de los mercados por mantener el poder y la acumulación del capital, sometiendo a quienes ejercen las tareas de menor valor productivo, como las domésticas y de cuidado, a una mayor dependencia y exclusión. Ambas significan un acelerado deterioro en la vida de las mujeres y las niñas, quienes invariablemente ocupan un lugar de subordinación. La pandemia demostró que ninguna persona estará segura hasta que todas estén seguras. Este lema, originalmente referido a la solidaridad global para la vacunación, es oportuno también en el marco de las luchas feministas. En ambos casos, se busca el acceso equitativo y universal a medios que garanticen los derechos humanos, como es la salud o una vida libre de violencia. La construcción resiliente de un mundo post-pandemia requiere que cuestionemos y pensemos diferente acerca de las actuales relaciones de poder en todos los ámbitos sociales e internacionales. No hacerlo seguirá costando millones de vidas, ya sea a causa de un patógeno o de las múltiples violencias patriarcales. Dalya Salinas Pérez Internacionalista y diplomática. Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Gestión de la Comunicación Internacional. Desde hace 15 años, se desempeña como servidora pública en el Servicio Exterior Mexicano.

En una nuez, algunos aciertos de países asiáticos en el manejo de la pandemia han sido la previsión y la capacidad de contener la entrada y la transmisión del virus en la comunidad; la experiencia en emergencias sanitarias globales previas; el rápido cierre parcial o total de fronteras; el uso de tecnologías de la información para detectar y rastrear contagios; la limitación voluntaria de actividades sociales, escolares y laborales; la transparencia para comunicar el peligro y lograr la participación ciudadana. Todos estos elementos se proyectaron en un comportamiento ejemplar colectivo. Consulta el artículo en PDF aquí.

La crudeza con que cotidianamente se nos manifiesta la dimensión trágica de la migración centroamericana parece ir en aumento. A las imágenes del duro enfrentamiento entre los integrantes de la más reciente caravana migrante y las fuerzas de seguridad de Guatemala, se une ahora el terrible hallazgo de 19 migrantes calcinados, la mayoría guatemaltecos, en el municipio mexicano de Camargo, Tamaulipas. Si bien la pandemia redujo temporalmente estos flujos migratorios durante buena parte del año pasado, se calcula que, entre diciembre y enero pasados, arribaron en promedio a la frontera entre México y Estados Unidos cerca de mil personas al día procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Consulta el Reporte completo aquí.

Terminó la espera. La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala fue designada, el pasado 15 de febrero, como nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En el camino dejó a Jesús Seade de México -eliminado de manera temprana en la contienda por la jefatura del organismo; a Abdel -Hamid Mandouh de Egipto; a Tudor Ulianovschi de Moldova; a Amina Mohamed de Kenia; a Liam Fox del Reino Unido; a Mohammad Maziad Al-Tuwaijri de Arabia Saudita y a quien se consideraba una de las favoritas, la surcoreana Yoo Myung-hee. Okonjo-Iweala se convierte así en la primera mujer y la primera africana en presidir a la OMC en sucesión del brasileño Roberto Azevedo cuya designación se oficializó el 14 de mayo de 2013 -al haber derrotado, como se recordará, a Herminio Blanco. El diplomático brasileño fue reelecto en febrero de 2017, por lo que su mandato terminaría el 31 de agosto de 2021. Sin embargo, el 14 de mayo de 2020, Azevedo dio a conocer que renunciaría de manera anticipada y que su gestión culminaría el 31 de agosto de ese mismo año, razón por la que la OMC tuvo que iniciar la auscultación para designar un nuevo titular. Como se recordará, la renuncia de Azevedo fue resultado de la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno estadunidense encabezado por Donald Trump para designar a los funcionarios a cargo del mecanismo de solución de controversias de la OMC. Consulta el artículo en PDF aquí .

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Aún con la participación electoral del 67% (la más alta desde 1900) Joe Biden es el presidente demócrata que llega con la mayoría legislativa más estrecha desde 1879. Y es que su partido tiene 14 congresistas menos de los que tenía antes de las elecciones de noviembre y sólo consiguió 3 escaños senatoriales más. Con mucho esfuerzo y algo de suerte han conseguido aferrarse a la mayoría en la Cámara de Representantes y ganar el control del Senado a pesar de que, en un año que vio las campañas más caras de la historia, los demócratas fueron responsables por 65% del gasto electoral total (13.9 mil millones de dólares según la consultoría Mehlman Castagnetti). Es decir, retener su mayoría les resultó oneroso, en contraste con los republicanos quienes ganaron más escaños gastando menos de la mitad de esa cifra. Desde luego, los resultados de esas campañas han producido una composición del Congreso digna de estudiarse. La radiografía final muestra la increíble diversidad de Estados Unidos y esto merecen celebrarse, dados los vergonzosos problemas raciales con los que aquel país ha luchado a lo largo de su historia y hasta nuestros días. ¡Tres hurras por Georgia! Desde el punto de vista religioso, se refirma la lenta pero constante disminución de los legisladores identificados como protestantes de alguna denominación (295), mientras se ha observado un incremento en el número de católicos (158), seguidos por judíos (34), pero también por mormones (9), ortodoxos (7), universalistas unitarios, budistas, musulmanes e hindúes, todos con menos de tres miembros cada uno. Sorprende, desde luego, que haya 19 que no profesan ninguna religión, no expresan sus creencias abiertamente o que se autodenominan ateos. Tomando en cuenta el origen étnico, los demócratas en la Cámara de Representantes resultan ser el grupo parlamentario más heterogéneo. De los 226 miembros juramentados a principios de año, 119 son caucásicos ( non hispanic whites), 52 afrodescendientes, 33 hispanos, 14 asiáticos, 2 nativos americanos y 6 de origen multiétnico. En contraste, solamente hay 10 hispanos, 3 afrodescendientes e igual número de asiáticos y nativo americanos diluidos entre los 213 representantes republicanos. Esta elección también dejó claro que el electorado hispano no es monolítico. Los cubanoamericanos votaron en porcentajes superiores al 50% por los candidatos republicanos, mientras que más del 60% de los ciudadanos de origen mexicano o salvadoreño lo hicieron por los demócratas. La “sombra del socialismo” que los republicanos asociaron con el ala más liberal del partido demócrata logró que varios candidatos perdieran sus escaños en distritos que Biden ganó y permitió que Trump ganara Florida, destronando a dos congresistas demócratas en Miami simultáneamente. Esto es evidencia de un voto diferenciado encaminado a mantener el equilibrio de poder en Washington, aunque esa lógica trae complicaciones propias. El sistema legislativo bicameral de Estados Unidos está diseñado para representar de manera simultánea los intereses de los estados más poblados en la Cámara de Representantes y de todos los estados por igual en el Senado. Por eso Wyoming tiene el mismo número de senadores que California aun cuando esta última tiene casi 70 veces más habitantes. Este arreglo tiene sus virtudes, pero también genera rispideces entre el electorado de estados rurales y con población predominantemente blanca, quienes se sienten amenazados por el rápido cambio demográfico que experimenta el país y cuyos representantes bloquean de manera exitosa iniciativas de amplio calado como la reforma migratoria, la regulación del financiamiento de las campañas electorales y la lucha contra el cambio climático. La ambiciosa meta de alcanzar una “unión más perfecta” donde todos los hombres sean (efectivamente) “creados iguales” se vuelve más asequible en la vibrante democracia pluricultural y multiétnica en la que Estados Unidos se está convirtiendo. Jesús Isaac Flores Castillo Licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha trabajado en el sector público como asesor legislativo, en la academia como investigador invitado y en el sector privado como gerente de comunicaciones de Linio Latinoamérica. Ha sido comentarista invitado como experto en temas internacionales en la radio en y en televisión local. Participó en el North American Forum de Ottawa en 2018. Es Miembro de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AISEC) y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI). Actualmente es coordinador general adjunto de Voto Informado.

La ceremonia de inauguración de Joe Biden y Kamala Harris fue todo un espectáculo. Como tal, su objetivo fue distraer, aunque fuera por un rato, a una sociedad dividida y furiosa, que atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. El espectáculo requirió una producción digna de Hollywood, para construir una realidad que moviera el foco de las ausencias y presencias institucionales que hicieron de esta, una inauguración muy particular. Con la ayuda de superestrellas, activistas y un ambiente festivo se buscó aminorar el peso de la ausencia de Donald Trump. Con la ayuda de la dirección de Cámaras y la edición, se minimizaron las características de su entorno: bajo un fortísimo dispositivo de seguridad, que comprendió desde vallas y alambre de púas, hasta la presencia de efectivos de la Guardia Nacional, y sin público, debido a la crisis de salud desatada por la pandemia de COVID-19. La selección de participantes no fue azarosa. Todas las personas, la mayoría mujeres, que tomaron el escenario enviaron un mensaje explícito e implícito. El sacerdote jesuita Leo O’Donovan bendijo a la nueva administración, refrendando la convicción cristiano-anglosajona de Biden, el cuatrigésimo quinto presidente blanco de los 46 que ha tenido Estados Unidos. Andrea Hall, bombera, líder sindical y la primera mujer afroamericana contratada y asignada como Capitana en una estación del Departamento de Bomberos, recitó e interpretó con leguaje de señas el juramento de lealtad, iniciando el mensaje de inclusión y diversidad refrendado a lo largo de todo el evento. La tendencia siguió con Lady Gaga, superestrella y activista por los derechos LGTBQIA+, cantando el himno. Lady Gaga conoció a Biden durante la campaña que hicieron en conjunto para despertar conciencia sobre la grave crisis de violencia de género que se vive en los campus de las universidades norteamericanas. Después, Jennifer López interpretó dos canciones patrióticas tradicionales y declamó parte del juramento de lealtad en español: "Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", seguida de la frase “let’s get loud”, en un llamado a la acción política, en particular hacia la comunidad hispana. Garth Brooks, un famoso cantante de música country e ideología republicana interpretó el clásico tema de conciliación “amazing grace”. Finalmente, la joven afroamericana, poeta laureada, Amanda Gorman, declamó un bello poema recordando a la audiencia que Estados Unidos “no es una nación rota, sino en construcción”, y haciendo un claro contraste en fondo y forma con los últimos cuatro años de diatribas con el limitado vocabulario de Donald Trump. Con este mosaico de figuras se quitó el foco del desplante de Trump, también simbólico, no por que se extrañe su presencia y encanto, sino porque por primera vez en 152 años se rompió la tradición de una transición pacífica y civilizada, en la que el presidente saliente, sin importar el partido, pone los intereses del país sobre los propios. La última vez que sucedió algo similar fue cuando el presidente Andrew Johnson se rehusó a asistir a la inauguración de Ulysses S. Grant. Andrew Johnson es considerado uno de los peores presidentes de los Estados Unidos, y accedió al cargo tras la muerte de Abraham Lincoln, de quien fue vicepresidente, aún sin ser abolicionista. Resulta notable que Andrew Johnson fue el primer presidente norteamericano en ser enjuiciado políticamente. Al igual que con Trump, la Cámara de Representantes aprobó artículos para su impeachment , pero después fue absuelto por el Senado. Durante su mandato, Johnson fue duramente criticado por su incompetencia, y era considerado autoritario y racista . Es principalmente recordado por sus esfuerzos obstruccionistas en contra de los derechos políticos y civiles de los afroamericanos, coartando los esfuerzos revolucionarios de Lincoln, recordado como uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos. Aunque parezca increíble, todo esto puede corroborarse fácilmente. No por nada Marx corrigió la idea de Hegel señalando que “la historia sí se repite a sí misma, pero primero como tragedia y después como farsa”. Abigail Martínez Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Maestra en Políticas Públicas por Macquarie University. Se especializa en análisis político, vinculación y comunicación estratégica. Conduce el programa “Política 101 en Inkoo y colabora quincenalmente en el portal gluc.mx.

El populismo se ha encontrado de manera prominente en el centro de la discusión y análisis políticos en las últimas dos décadas, especialmente dado que puede presentar obstáculos para la democracia. En el actual contexto de la pandemia de COVID-19, tales obstáculos vuelven a relucir, por lo que resulta de provecho analizar qué repercusiones puede conllevar el populismo para los gobiernos y la democracia. Consulta el artículo en PDF aquí.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. El pasado martes, el flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cumplió una importante promesa de campaña. Firmó tres órdenes ejecutivas destinadas a revertir las políticas migratorias nativistas de la administración Trump. Al terminar de firmar los documentos en la oficina oval, Biden dijo a los periodistas ahí reunidos: "No estoy haciendo nuevas leyes, estoy eliminando las malas políticas". ¿A qué se refería Biden con esta frase? y ¿qué implican en la práctica las nuevas órdenes ejecutivas?. Donald Trump hizo de la agenda migratoria una parte central de su administración. A lo largo de los cuatro años de su gobierno, llevó a cabo más de 400 cambios en política migratoria, los cuales redujeron de manera dramática las opciones de migración documentada e indocumentada hacia los Estados Unidos. En campaña, Biden prometió que en sus primeros 100 días de gobierno tomaría “acciones urgentes para terminar con las draconianas políticas migratorias de la administración Trump.” Con las órdenes ejecutivas firmadas esta semana, la administración Biden ha delineado acciones escalonadas de desmantelamiento de las políticas trumpistas, quizás con el fin de no generar falsas esperanzas que inciten a un repentino aumento del flujo de migrantes buscando llegar a EEUU y una percepción de que la frontera está fuera de control. Por motivos de espacio, describo de manera somera las implicaciones de dichas órdenes. La primera, instruye la creación de un grupo de trabajo enfocado en reunir a las familias que fueron separadas al cruzar la frontera bajo la política de “tolerancia cero” implementada por Trump. Se estima que 611 niños continúan separados de sus padres. La segunda orden es la más amplia y pretende evaluar la conveniencia de rescindir programas o políticas migratorias. Entre las políticas que se instruye valorar está el programa “Quédate en México”, responsable de haber dejado en el norte de nuestro país a más de 67,000 solicitantes de asilo, viviendo en condiciones de marginación mientras esperan audiencias judiciales para presentar sus casos de protección en EEUU. También se apunta al análisis del “Interim Final Rule” , lo que de facto convirtió a México en tercer país seguro al imponer como restricción a la elegibilidad para el asilo, el que los migrantes hayan solicitado y se les haya negado el asilo en su primer país de tránsito. La tercera orden ejecutiva se enfoca en los procesos de migración legal, e instruye una revisión al proceso de naturalización y a políticas tales como “Public Charge” , la cual castiga a migrantes legales que utilicen beneficios públicos, perjudicando sus posibilidades de acceder al estatus de residente. Todo estos temas son de gran relevancia para México y para los mexicanos que viven al norte del Río Bravo, y se suman a las órdenes ejecutivas firmadas por Biden en el primer día de su gobierno para detener la construcción del muro y fortalecer el programa DACA, que beneficia a los dreamers (migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños). Además hay un evidente cambio en el discurso desde la Casa Blanca, pasando del racismo, el odio y la xenofobia a un mensaje de inclusión, respeto a la diversidad y reconocimiento a las aportaciones de los migrantes. Sin embargo, no se pueden echar las campanas al vuelo, los retos para la administración Biden en materia migratoria serán colosales, ya que las decisiones tomadas por la administración del magnate neoyorkino moldearon a fondo el sistema migratorio estadounidens. Pasará mucho tiempo antes de que el legado migratorio de Trump pueda ser completamente desmantelado. La esperanzadora reforma migratoria propuesta por Biden, de hecho, está aún lejos de ser una realidad y se antoja difícil que sea aprobada en el corto plazo. Brenda Estefan Analista de política internacional: estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Gestión del Desarrollo por la London School of Economics, se desempeñó como Representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y actualmente es analista de política internacional en diversos medios de comunicación como MVS Noticias y El Financiero/Bloomberg.

Biden, Buy America y el déficit comercial de Estados Unidos en el marco de la pandemia
por el SARSCoV2 En tiempos de crisis, los países toman medidas encaminadas a proteger el mercado interno, estimular el empleo y elevar la moral nacional. En el marco de la lucha por la independencia de Estados Unidos, los revolucionarios impulsaron una campaña anti-británica promoviendo la compra de ropa hecha en las colonias, aunque, como lo refiere la historiadora de la Universidad de California en Santa Cruz, Dana Frank, las campañas Buy America siempre han estado cargadas de hipocresía y una doble moral. A propósito de los tiempos de la lucha por la independencia, Frank destaca las condiciones inhumanas en que los esclavos producían ropa en las colonias estadunidenses, en tanto figuras como John Hanckok, mientras se llenaba la boca impulsando el “¡compren ropa hecha aquí en las colonias!”, aprovechaba para nutrir sus bolsillos importando bienes desde Inglaterra. Consulta el artículo en PDF aquí .

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Los diplomáticos mexicanos suelen repetir como mantra que México cuenta con la red consular más grande en los Estados Unidos, un total de 50 consulados. El número resulta sensato, ante la población de origen mexicano que se estima en aproximadamente 36 millones de personas. Dentro de la diáspora mexicana se ha generado también una red de redes, que representa un esfuerzo a nivel nacional para acercar a los mexicanos dispersos en la Unión Americana y avanzar en sus intereses y necesidades: la American Mexican Association (AMA) . AMA es una organización no partidista, no lucrativa y no gubernamental que se fundó en el 2018 en Dallas Texas, en un contexto de creciente xenofobia en los Estados Unidos y de dispersión mediática del discurso antimexicano promovido por el expresidente Donald Trump. De ahí que por misión se hayan planteado “conectar a las comunidades de origen mexicano en los Estados Unidos en una red unificada y colaborativa que promueva sus contribuciones valiosas al país”. Es decir, crear una red para mostrar la valía de la diáspora mexicana de cara a la sociedad estadounidense. El esfuerzo de la organización para vincular a diversas redes diaspóricas de origen mexicano es un paso estratégico para incrementar su visibilidad y su influencia. Diplomáticamente, ejercen una representación no oficial y colectiva de la propia diversidad diaspórica, a partir de una compleja constelación de actores, integrada por organizaciones comunitarias, corporaciones, instituciones académicas, gobiernos locales, cámaras de comercio, medios, pequeños empresarios, instituciones religiosas, entre otros. AMA tiene diversas sedes regionales (Far West, California, Texas, South East, North East y Midwest) y también cuenta con presencia en el espacio digital en donde lleva a cabo sus comunicaciones cotidianas en su página de internet, pero también en redes sociales tales como Twitter, Facebook e Instagram, generando un ecosistema mediático adecuado para llegar a diferentes audiencias. Así, la voz de la presencia diaspórica encuentra eco fuera de los medios tradicionales estadounidenses, donde aún hay una falta de representatividad de las diversas minorías. El pasado 23 de enero de 2021 AMA organizó su conferencia anual virtual titulada “La Era de la Resiliencia”, en donde se reflexionó sobre temas como la salud mental, los retos para el éxito de las mujeres latinas y el futuro del empleo, en el contexo de la pandemia Covid-19, que ha impactado sobre todo a la comunidad latina en los Estados Unidos. Uno de los resultados interesantes que surgieron del evento fue la propuesta del Consulado de México en Filadelfia, que ofrecio la plataforma consular para poder avanzar capacitaciones para los pequeños negocios de la comunidad mexico-americana en conjunto con la organización. En la reunión anual participaron diveros líderes de la diáspora mexicana: Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human Foundation; Cindy Nava; experta en políticas públicas y capacitadora en liderazgo; Cinthia Padilla, Abogada en Justicia social y experta en politicas públicas; Tayde Aburto, CEO-Asociación de Negocios en Estados Unidos de E-Commerce; Ish Verduzco, estratega de Social Media; Martha Soledad, fundadora de madeBos, entre muchas más personas. Hubo invitados especiales como el Dr. Andrew Selee, Presidente del prestigioso Migration Policy Institute . El perfil de los líderes mexicanos que participan en AMA confirman el argumento de David Maciel, académico chicano quien estima que la diáspora mexicana ha ido cobrando mayor importancisa en los procesos económicos, politicos y culturales en los Estados Unidos. Así, esta organización tiene el potencial de convertirse en un referente para mejorar tanto la imagen de la comunidad mexicana, como la situación de sus derechos. Las autoridades mexicanas deberían trabajar de manera muy cercana con ella, en el contexto del inicio de la administración Biden y la promesa de una reforma migratoria, pues sin duda tendrá mayor fuerza una colaboración de la red consular, si se considera a esta red de redes. Eduardo Luciano Tadeo Hernández Internacionalista por la UPAEP y maestro en Estudios de Asia y África por El Colegio de México. Fue asesor en la Cámara de Diputados y asistente de la coordinación académica del proyecto alemán-mexicano, “Entre Espacios”. Es co-fundador del Circulo Mexicano de Estudios Coreanos (CMEC) y miembro de la iniciativa de Diplomacia Cultural de América del Norte (NACDI, por sus siglas en inglés). Actualmente, trabaja como profesor de relaciones internacionales y es estudiante del Doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana-Ciudad de México. Sus intereses de investigación son: diplomacia pública y cultural, medios y diásporas, estudios coreanos, política exterior y masculinidades.

Tony Payan | Rodrigo Montes de Oca Arboleya El 20 de enero se inauguró un nuevo capítulo en la relación México-Estados Unidos. Con ello termina la relación entre los presidentes López Obrador y Trump. En los dos años que coincidieron en las presidencias de sus respectivos países, a ambos mandatarios los unió su visión personalista, nacionalista, y autoritaria del poder—que no una amistad. Con base en estos elementos, lo que apuntaba para una relación ríspida se convirtió en una relación casi fraterna donde ambos se elogiaron mutuamente. Consulta el artículo en PDF aquí .

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Después de cuatro años de escándalos, el mundo sobrevivió la presidencia de Donald Trump. Hoy Joe Biden y Kamala Harris llegan a la Casa Blanca con una mayoría en ambas cámaras y un mandato democrático para cambiar la sombría realidad estadunidense. Detener el desgaste institucional y el caos provocado por la presidencia de Donald Trump es solo el inicio ¿Qué podemos esperar en los siguientes meses de la nueva presidencia demócrata?. En primer lugar, es importante destacar que, inicialmente, la presidencia de Biden dará prioridad a su agenda local. El descuido de la administración de Trump en los últimos meses a todas las crisis en Estados Unidos como el COVID-19 (el cual causó 100,000 muertes en estas cinco semanas), las repercusiones de la insurrección en el Capitolio y la reactivación económica concentrarán la atención de Biden. Entre las acciones de sus primeros 100 días, se ha anunciado un nuevo plan de vacunación, un estímulo de 1.9 billones de dólares, una reforma migratoria, regresar al acuerdo de Paris y la cancelación de más de 20 órdenes ejecutivas del ex-presidente Trump. Biden tiene la tarea de poner el país en orden y no será fácil. Al mismo tiempo, desde el día 1 el presidente deberá defender y utilizar estratégicamente la mayoría demócrata en el Congreso. El éxito del presidente está sujeto a su respaldo legislativo y no se puede dar el lujo de perderlo. Históricamente, los presidentes demócratas no han sido buenos para fortalecer a su partido y mantener mayorías. Por ende, Biden tendrá que priorizar la agenda nacional y reforzar la plataforma demócrata con miras a las elecciones del 2022. En la esfera internacional, la tarea principal de la administración será la revitalización. El mundo y el papel de Estados Unidos en él han cambiado radicalmente desde el 2016. Los escándalos de Trump junto con sus ataques a la elección debilitaron a Estados Unidos en el mapa internacional. Asimismo, el desgaste que el Departamento de Estado sostuvo en estos 4 años limita el margen de maniobra del presidente en estos meses. Así, la prioridad para Biden será construir un Departamento de Estado funcional. Una vez que esta tarea termine, Estados Unidos tendrá que asegurar a sus aliados que está de regreso y contrarrestar el avance de China y Rusia en el mundo. La agenda de Biden en materia de política exterior buscará concentrarse en el combate al cambio climático y en el fortalecimiento de las democracias, sin embargo, es una tarea complicada para un Estados Unidos que empieza el 2021 aislado. Durante estos 4 años, los aliados más cercanos a Estados Unidos aprendieron que cualquier alianza puede desvanecerse con una elección presidencial, por lo que Biden deberá reconstruir la confianza y volver a afianzar el lugar de Estados Unidos a nivel internacional. Finalmente, para la relación bilateral el camino es complicado. Estos últimos años, el gobierno mexicano se benefició de la atención dispersa de la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, es poco probable que la situación permanezca igual. Desde el día 1, Biden contará con un equipo experto en el hemisferio occidental y con un Congreso que buscará trabajar con el Ejecutivo en estos temas, lo cual significará una mayor atención de Estados Unidos hacia México. Hasta ahora, la crisis provocada por la situación con la DEA ha sido opacada por la inauguración presidencial. Sin embargo, el presidente López Obrador no ha desperdiciado la oportunidad para incrementar las tensiones y queda por verse si la administración de Biden responderá. Después de muros e intimidaciones sería un error que el gobierno mexicano abandone a Norteamérica bajo la insignia nacionalista, especialmente en un periodo donde la cooperación será esencial. Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos. Biden y Harris tendrán cuatro años para combatir los remanentes del trumpismo y construir juntos una unión más perfecta. Carlos Galina Es maestro en política de Estados Unidos por The George Washington University e internacionalista por el ITAM. Sus temas de interés son los partidos políticos, la radicalización del movimiento conservador estadunidense, el Congreso y la relación bilateral México-Estados Unidos.

La industria musical surcoreana (K-pop) como ejemplo de soft power y su efecto económico para Corea del Sur Hallyu o la Ola Coreana, a través de la música, se presenta como una muestra de soft power de Corea del Sur y contribuye en la imagen positiva del país por parte de la población de occidente. La influencia cultural y económica de la música coreana (Kpop) posiciona internacionalmente al país asiático, sus efectos en el turismo y exportaciones son prueba de ello. El objetivo del texto es mostrar a la Ola Coreana como ejemplo de soft power. Para ello se hace una breve revisión de notas e informes que otorgan cifras del impacto económico y cultural del kpop al país. Consulta el artículo en PDF aquí.

En febrero de éste año, Michel Barnier, negociador en jefe de la Unión Europea para el Brexit, presentaba un calendario con todos los “ deadlines ” para evitar un Brexit sin acuerdo o un “Brexit duro” al finalizar el periodo transitorio el próximo 1 de enero de 2021. Según el calendario, se esperaba que a finales de octubre se contaría con el acuerdo firmado y ratificado por ambas partes. Once meses después de la presentación, las negociaciones seguían estancadas hasta esta semana. La presión de no lograr un acuerdo ha hecho a Londres y a Bruselas a hacer concesiones. Pero, ¿qué fue lo que atrasó las negociaciones del Brexit? Son varias las razones: el COVID-19 tomó por sorpresa a todo el mundo, incluso al Brexit. En varias ocasiones ambos equipos al lado del Canal de la Mancha suspendieron las negociaciones por qué algunos colaboradores cercanos resultaron positivos al virus. También, hay varios aspectos clave ahora mismo en la negociación del acuerdo, por orden de prioridad: 1) el “level-playing field” , es decir la igualdad de condiciones, que si el Reino Unido desea tener acceso al mercado único, las empresas británicas no contarán con una ventaja por sobre las europeas; 2) la gobernanza del acuerdo y 3) la pesca. La semana pasada, tanto Von der Leyen y Johnson se pusieron de acuerdo en una llamada telefónica. El objetivo: decidir si las negociaciones seguían adelante o si de plano no tenía sentido continuar. Decidieron que era importante continuar y se dieron hasta el domingo 13 de diciembre alcanzar un acuerdo. No lo hubo y ahora ambos equipos sienten la presión de lograr el mejor acuerdo posible en tan poco tiempo. “Serán horas críticas” repiten una y otra vez líderes de ambos lados. Respecto al “level-playing field”, Londres ya hecho varias concesiones. La primera de ellas respecto a las ayudas que brinda el Estado a las empresas, mismas que están prohibidas en la Unión Europea ya que provocan competencia desleal. Habrá igualdad de condiciones para hacer negocios en ambos lados del Canal de la Mancha. Según Von der Leyen en su comparecencia en el pleno del Parlamento Europeo del pasado miércoles, Londres y Bruselas llegaron al acuerdo sobre principios comunes y garantías de aplicación, así cómo también en materia de estándares medioambientales y laborales. La gobernanza del acuerdo también ha dado nuevos avances en la negociación. Londres aceptó la idea de represalias cruzadas por parte del equipo negociador europeo, esto es, que si una de las partes incumple por ejemplo el capítulo respecto a derechos laborales del acuerdo, la parte afectada podrá tomar represalias en otro capitulo por ejemplo, los subsidios estatales. Lo que bloquea el acuerdo es la pesca y ésta es una prioridad en ambos bandos. Algunos estados miembros con intereses pesqueros en el canal de la Mancha como Francia y Países Bajos, han sostenido que es prioritario que los pescadores europeos tengan acceso a las aguas británicas. Emmanuel Macron ha insistido en varias ocasiones frente al Consejo Europeo que los pescadores franceses no serán “vendidos” por un acuerdo. Es un tema político muy delicado en la región del norte de Francia por ejemplo, donde crece más el euroescepticismo de Marine le Pen. Pero también lo es para el Reino Unido. Alrededor de 100 de 126 circunscripciones parlamentarias con actividad pesquera votaron a favor del Brexit en 2016. Ceder podría suponer un desastre político para Boris Johnson o para Macron o Rutte. La pesca sin mercado es sólo un deporte. En otras palabras, si Johnson no cede los pescadores británicos se quedan sin su mercado, ya que la mayoría se vende en Europa. Según cuenta la prensa británica, Johnson bromeó esta semana diciendo que “los ciudadanos británicos tendrán que desayunar, comer y cenar pescado”. Bruselas se muestra optimista a lograr un acuerdo in extremis los próximos días. Londres es más pesimista. Según el negociador en jefe, Michel Barnier, el acuerdo esta cerrado a un 95%. Esto significa que todos los aspectos técnicos se han ido atando. La Unión Europea ha dejado en claro cuáles son sus líneas rojas y estas son en su mayoría las de la integridad del mercado único. Algunos países miembros de la Unión, consideran que ya se han hecho bastantes concesiones hacia los británicos. Ceder de más puede traducirse en daños irreparables para el mercado interior. La trampa del Brexit se ha ido manifestando: Londres pidió un acuerdo comercial muy ligero y sencillo al que Bruselas exigió las condiciones más duras. El resultado: un acuerdo pobre con poca ambición económica y con demasiadas condiciones que conllevaría un acuerdo mucho más ambicioso. En días próximos podríamos tener la sorpresa de un acuerdo negociado bajo presión de tiempo, pero también podríamos darnos la sorpresa de un Brexit duro. En la Unión Europea existe la idea que ese no acuerdo sería temporal, así lo ha expresado en varias ocasiones Michel Barnier. Será sólo cuestión de tiempo que el Reino Unido tendrá que negociar un nuevo pacto con quién es su primer socio comercial. Diego Solís Rodríguez Maestro en Estudios europeos e internacionales por la Université de Lille, Francia. Es internacionalista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Asociado Joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Anteriormente se desempeñó como World Wide Capability Analyst en Hewlett Packard Enterprise; impulsor de la cooperación internacional entre el gobierno local francés de GrandAngoulême en Francia y el municipio de Zapopan, México, en el marco de la convocatoria en apoyo a la cooperación decentralizada México-Francia y responsable de Redes Internacionales en la Oficina de Asuntos Internacionales del Centro de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zapopan.

Espero sinceramente que los tomadores de decisiones en los sectores de política exterior, defensa e inteligencia del gobierno mexicano hayan sintonizado la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense el pasado 3 de diciembre. Lo digo porque creo que la posición que la futura administración del demócrata Joe Biden esgrimirá para negociar con México los asuntos de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado está ya delineada en lo que se discutió en dicho encuentro. Ahí, la Comisión de Política de Drogas para el Hemisferio Occidental (WHDPC, por sus siglas en inglés)– organismo bipartidista establecido por el referido Comité – presentó su más reciente reporte, en el que detalla cuáles cree que deben ser las líneas generales de política exterior en materia de la guerra contra las drogas en las Américas, y específicamente en México, Colombia y el triángulo norte de Centroamérica. Consulta el artículo en PDF aquí .

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Hace 75 años Estados Unidos, decidido a poner fin a la segunda guerra mundial dispuso el uso de armas nucleares contra Japón, a la sazón, miembro del Eje Berlín-Roma-Tokio. Así, el 6 y el 9 de agosto de 1945 fueron lanzadas sendas bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Se estima que en Hiroshima murieron entre 50 mil y 100 mil personas ese día. En el caso de Nagasaki, perecieron entre 29 mil y 49 mil personas el día de la explosión. A pesar de los horrores de las armas nucleares, en los pasados 75 años no se pudo lograr su prohibición. Sin embargo, el 24 de octubre del año en curso, en el día de las Naciones Unidas, Honduras depositó el 50° instrumento de ratificación del flamante Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) negociado en 2017, por lo que el próximo 22 de enero de 2021, entrará en vigor. La trascendencia de este tratado es evidente. Es verdad que existe, desde el Tratado de No-Proliferación de Armas Nucleares (TNP) en vigor desde el 5 de marzo de 1970. Con todo, el TNP ratifica el estatus nuclear de unos cuantos países y le prohíbe al resto adquirir capacidades nucleares con fines bélicos. Además del pilar de la no proliferación, el TNP tiene otros dos: los usos pacíficos de la energía nuclear y el desarme de quienes poseen capacidades nucleares. Sin embargo, este último ha sido siempre el pilar más débil del TNP. De ahí que el TPAN busque subsanar esta omisión, buscando, entre otras cosas, la estigmatización contra las armas nucleares, que, de manera análoga a como se ha observado en el caso de las minas terrestres anti-personal y de las municiones en racimo, ha hecho posible la existencia de sendos tratados de desarme de esos letales pertrechos. En lo que se refiere al TPAN, el texto del tratado consta de un preámbulo y 20 artículos. Busca forzar hacia el avance de lo dispuesto en el artículo VI del TNP respecto al desarme nuclear vertical mediante la prohibición del uso y la eliminación de las armas nucleares. Desafortunadamente, el tratado no ha sido firmado por ninguna de las potencias nucleares y, paradójicamente, tampoco por Japón, dado que el país asiático se encuentra bajo la sombrilla nuclear estadunidense. Otros ausentes son los países europeos, que salvo Austria -fuerte impulsor del TPAN-, Irlanda, Malta y la Santa Sede- mantienen importantes compromisos estratégicos con Washington. En contraste con lo anterior, son los países en desarrollo los que han tenido una respuesta favorable al TPAN. Sin ir más lejos, la participación de países latinoamericanos es notable. Además de México, promotor de la iniciativa y de Honduras, que fue el 50° Estado en ratificar, otros 18 países del área se sumaron al TPAN. Con todo, la entrada en vigor del TPAN es un enorme logro, pero no significa en modo alguno que ello llevará a la desaparición de las armas nucleares de la noche a la mañana. Ello no debe desanimar a la comunidad internacional. Muchos tratados internacionales arrancaron con pocos adherentes y hoy son normas de vocación universal ratificadas por buena parte de las naciones. Por ahora es válido celebrar que, en plena pandemia, cuando la atención mundial está centrada en una contagiosa enfermedad como lo es SARSCoV2, agente causal del COVID-19, no se haya dejado pasar la oportunidad de que, en el marco del 75° aniversario del nacimiento de la ONU y también de los dramáticos acontecimientos en Hiroshima y Nagasaki, se ponga en marcha al TPAN, que se perfila claramente como el principio del fin para las armas nucleares. Al tiempo. María Cristina Rosas Licenciada, Maestra y Doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia, y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tiene estudios de especialización y ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Columbia, Nueva York, EEUU; Coleraine, Irlanda del Norte; San Diego, California, EEUU; la Universidad de Ottawa, Ontario, Canadá; la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón; el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Turku, Finlandia, y la Universidad Nacional de la Defensa en Washington, EEUU. Actualmente, se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme A.C. Ha sido docente en el Colegio de la Defensa Nacional. Asimismo, desde hace 26 años ha sido catedrática en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Colaboración publicada originalmente en El Economista Ante los resultados de la última contienda presidencial en Estados Unidos, una de las grandes interrogantes recae en qué pasará con la relación entre China y este país. Después de la especulación, el gobierno de Beijing decidió felicitar a Biden por los comicios del 3 de noviembre. Dentro de estas primeras declaraciones del presidente Xi, se destacaron frases como “respeto mutuo… relaciones saludables…”. Con esto la opinión pública apuesta por un mayor orden en la relación, lo que lleva a este análisis de condiciones y límites por ambos bandos. Analizar la relación recae en los vestigios de los primeros momentos en la interacción y las declaraciones de las administraciones demócratas, previo y dentro de la era de Xi Jinping. Profundizar en este aspecto conlleva a revisar un documento clave, que es el artículo America’s Pacific Century de Hillary Clinton en 2011. Dentro de este texto, la entonces Secretaria de Estado dejaba ver la intención norteamericana de contener el inminente avance chino, como una contrapuesta a la idea de la “Era del Pacífico” desde la visión de Deng Xiaoping, el gran reformador chino. Por lo tanto, hablar de una afrenta entre ambos países no es un elemento exclusivo de la alternancia partidista en Estados Unidos, sino de una serie de espacios y zonas de influencia que Washington comenzó a perder ante el agotamiento del paradigma de seguridad y paz desde una visión basada en la Guerra Fría; mientras que China continuaba con un ascenso desde la agenda económica, situación que se reafirmó con la crisis de 2008 a través de sus campeones estatales. Si bien la relación entre ambos es observada con detenimiento por ambos gobiernos y think tanks , previo a la llegada de Donald Trump el arte de la diplomacia era el eje de la relación, un área en la que ambos gobiernos cuentan con una alta profesionalización. Por lo tanto, el cambio en el gobierno americano fue un catalizador hacia una nueva fase del posicionamiento chino, en donde significarlo meramente en términos comerciales es una limitación, ya que este momento coincide con varios puntos clave a nivel interno en China, como lo es el “sueño chino” y la búsqueda de la consolidación del xiísmo . No obstante, a nivel económico, mecanismos como: la cooperación, la Franja y la Ruta, el AIIB, la internacionalización del yuan y los nuevos campeones tecnológicos chinos, han convergido durante los últimos cinco años en una nueva fase de posicionamiento chino ante el repliegue proteccionista promovido por la administración Trump, ya que mientras a nivel política comercial el TMEC se convirtió en el centro de la dinámica comercial americana, estas estrategias geoeconómicas chinas reventaron en la llamada “guerra comercial”. Si bien ambos países no están exentos de temas pendientes a nivel interno, el gobierno de Xi ha dedicado estos últimos años a consolidar un lobby en cada una de las regiones del mundo y ha capitalizado los foros internacionales para legitimar el discurso de posicionamiento chino. En el último año el proceso de la “guerra comercial” ha decantado en la tensión diplomática entre ambos gobiernos, situación visible en el conjunto de acciones realizadas por ambos gobiernos dentro de algunos consulados y las acciones de discriminación a estudiantes chinos en Estados Unidos. Esto sin dejar de lado el historial de amenazas a nivel comercial desde 2018 y el caso Huawei. Si bien se espera un cambio con la llegada de Biden, el contexto en el que regresan los demócratas a la oficina oval no es el mismo en el que la dejaron. Por lo que el tema agro con la soya y la implementación del RCEP serán los principales desafíos en el diálogo. Raquel I. León de la Rosa Sinóloga, p rofesora Investigadora de Tiempo Completo de la Licenciatura en Negocios Internacionales, coordinadora de la Especialidad en Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes en la BUAP. Internacionalista, especialista en Estudios sobre China y doctora en Relaciones. Profesor invitado en cátedras internacionales en la Universidad Rafael Landívar y la Universidad de Tallinn. Delegada mexicana de la sección académica del programa “Puente al Futuro” del Foro China-CELAC. Participante en workshops organizados por el Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Colaboradora de la Revista China Hoy en Español y Xinhua Noticias. Miembro investigador del programa “China y América Latina” del Diálogo Interamericano en Washington DC. TedX speaker en la edición TedXBuap Women en 2018.

Colaboración publicada originalmente en El Economista. Después de que Perú se quedara sin presidente por segunda vez en menos de siete días, el Congreso nombró a Francisco Sagasti, miembro de la única agrupación política que rechazó la destitución de Martín Vizcarra (el Partido Morado) para que asumiera el cargo. La presidencia del Perú programada para ser ejercida por un período de 5 años, en los últimos 4 años y medio ha tenido 4 presidentes diferentes; 3 de ellos dentro de un periodo de 9 días. En este lapso, Perú enfrentó una de las peores crisis políticas, institucionales y sociales de la época moderna (y en tiempos de COVID-19). La situación que se vivió en este país pareció digna de una novela escrita por el mismo Vargas Llosa. Un juicio político organizado por el Congreso contra Martín Vizcarra, el segundo presidente que ocupó el cargo en este periodo tras vivir en la tranquilidad de la Embajada de Canadá, cuando Pedro Pablo Kuczynski dimitió. A Vizcarra se le señaló de una presunta “incapacidad moral permanente” tras acusarle de recibir sobornos a cambio de conceder licencias de obras públicas entre 2011 y 2014. Pero lo de Vizcarra no fue un juicio tradicional, de esos que en los últimos años han rondado a los presidentes de este país andino. Todo lo contrario, este ha sido considerado por muchos como un golpe de Estado perpetrado por el mismo Congreso, pues desde su llegada con la bandera del combate a la corrupción, Vizcarra incomodó a más de uno que resultaron investigados por lavado de dinero, abuso de autoridad e incluso homicidio. Y llegó luego Manuel Merino, quien orquestó la crisis política que culminó con la salida de Vizcarra, y con él una ola de protestas de proporciones históricas. Carteles con la insignia “Merino NO es mi presidente” y “Usurpador” llenaron las calles desde el 9 y hasta el 14 de noviembre en multitudinarias marchas encabezadas por jóvenes, principalmente de la generación Z que se han vuelto actores de primera relevancia dentro de los movimientos sociales. El 14 de noviembre fue el día más trágico y el que detonó la renuncia de Merino. Los manifestantes que acudieron a la segunda Marcha Nacional en Lima se enfrentaron a una severa represión por parte de la policía, que los recibió con bombas y perdigones. Esta afrenta ocasionó numerosos lesionados por heridas graves, entre ellos periodistas, y concluyó con el lamentable fallecimiento de dos jóvenes de 22 y 24 años. La revuelta en las calles no fue en vano. Los estragos llevaron a que el gabinete que apenas había juramentado renunciara sistemáticamente. Y otra vez la maldición alcanzó a la Casa de Pizarro. Merino se convirtió en el séptimo presidente consecutivo de Perú en salir por la puerta de atrás. La llegada de Francisco Sagasti como una figura de relativo consenso, bien visto tanto por la izquierda como por la derecha, parece empezar a sentar las bases que han propiciado la pacificación del país. Después de nombrar a un nuevo y flamante gabinete, Sagasti cambió a las cabezas de los mandos policiales como respuesta a la violenta represión vivida en el efímero gobierno anterior, lo que ha logrado dotarle de mayor legitimidad en esta complicada transición. Y llegó la calma después de la tormenta, o esperemos que así se mantenga por lo menos hasta el 11 de abril del próximo año que se celebren las elecciones generales. En todo caso, la tormenta peruana ha culminado para dar lugar a una tensa zozobra. Sagasti tiene frente a sí la tarea de comenzar a ordenar la casa tras el caos político de los últimos años. Lo que le faltará, sin duda, es tiempo. Ana Paula Sandoval Motilla Licenciada en Administración Pública con Mención Honorífica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con Diplomados en Alta Dirección y Negociaciones Comerciales Internacionales por la Universidad Panamericana y El Colegio de México. Por tres años se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología. En 2017 se incorporó al área de Análisis e Investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Es fundadora de la asociación civil TradeTankMx. Actualmente se desempeña como Asesora en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Irán es un país de contrastes y dualismos interesantes. Una antigua y grandiosa civilización que convive con un Estado relativamente nuevo y una población en su gran mayoría joven. Un Estado que, históricamente ha sido muy débil pero que establece dinámicas centralizadoras y represoras hacia la periferia. Un país con una heterogeneidad lingüística, religiosa y étnica que choca con una República que promueve una visión única de la iranidad en la que lo persa y shiia es central y una población que ha sufrido la guerra y la represión doméstica tanto en la época de la dinastía Pahlavi como en la República Islámica instaurada en 1979 con el Ayatollah Khomeini como líder y poderoso símbolo. Consulta el artículo en PDF aquí.

La interconexión gubernamental de las relaciones internacionales a mediados del siglo XX evidenció la necesidad de crear nuevas instituciones para legitimar la gobernanza económica y financiera global. Tal fue el caso de la instauración de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés)-por mencionar las principales- que fueron creadas con un mismo objetivo: el promover la igualdad y cooperación económica entre los Estados bajo un marco legal internacional de políticas comerciales. La fragilidad del escenario global tiene por una de sus causas principales el cuestionamiento al sistema económico neoliberal y al multilateralismo. En razón de ello, se han reconfigurado los acuerdos internacionales en materia económica, reflejando la ausencia de un liderazgo y gobernanza globales. El regionalismo y el nacionalismo parecen consolidarse dando pauta a una incertidumbre económica global por dos razones fundamentales: la primera por el nuevo auge del populismo y dos, por los riesgos y oportunidades que ofrece la adquisición de fondos soberanos. Andrew Rozanov (2005) en su artículo Who holds the wealth of nations? Publicado en el Central Banking Journal acuñó el término fondos soberanos o sovereign wealth fund (en inglés) caracterizándolos como fondos de inversión gubernamental, creados por los gobiernos que cuentan con ahorros, a partir de múltiples factores: recursos naturales, recursos petroleros, finanzas sanas o reservas internacionales. [1] Por consiguiente, un fondo soberano tiene dos funciones principales: 1. Según el Informe de Fondos Soberanos publicado por el Dr. Javier Solana (2012), favorecer la adquisición de activos nacionales e internacionales con la finalidad de obtener una rentabilidad comercial. [2] 2. Posteriormente, realizar inversiones directas en empresas, aunado a la posibilidad de comprar deuda pública a terceros países. [3] En el 2009, tras la crisis hipotecaria de 2008, se fundó el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Inversión (IFSWF, por sus siglas en inglés) con la finalidad de crear un grupo de trabajo- también conocido como el compromiso voluntario de los Principios de Santiago- que vigile y gestione de forma eficaz los instrumentos regulatorios como una fuente importante de riesgos, propiciando estabilidad económica con base en los principios de transparencia en las estructuras regulatorias de cada país. Es por ello que, a partir de ahora, los fondos soberanos tendrán un rol muy importante ejerciendo tanto hard como soft power a partir de los intereses y estrategias tanto de los países desarrollados, en particular el G7 el G20, como de los países en vías de desarrollo, ya que en ellos se concentra su mayor zona de influencia. Tomando nota del párrafo anterior, antes de la crisis del 2008, los fondos soberanos eran mal vistos por los países emergentes puesto que había una desconfianza generalizada radicaba en la adquisición de los fondos soberanos que eran provenientes, en su mayoría, de autoridades de países no democráticos con alto poder adquisitivo. Lo anterior daba lugar a conflictos de intereses y sospechas de intervención a los activos en países geoestratégicos. Ahora bien, analizando la volatilidad del mercado internacional, existe una relación extrínseca entre las empresas públicas, semipúblicas y el propio Estado para dar financiamiento a otros Estados con diversas inversiones estratégicas, como lo son los fondos de ahorro, de pensiones, de reserva o de desarrollo estratégico. [4] Para poder contextualizar las repercusiones positivas o negativas de un fondo soberano en otro país, es útil tomar como referencia el ejemplo de la operación de Mubadala, fondo soberano proveniente de Emiratos Árabes Unidos, en Conakri, Guinea. Guinea es un país ubicado en África occidental. Indicadores del Banco Mundial de 2018 [5] , apuntalan a Guinea como uno de los países más pobres al contemplar al 43% de la población con una baja calidad de vida derivado del bajo ingreso per cápita, sumado a los altos índices de corrupción, y profundos rezagos en materia de transparencia y combate a la corrupción en el sector público, de acuerdo con datos del Banco Mundial. [6] Ahora bien, el fondo Mubadala, contempló el financiamiento del puerto de Conakri [7] así como de la Corporación de Aluminio en Guinea (GAC, por sus siglas en francés) “dedicada a la extracción y exportación de bauxita metalúrgica.” [8] La bauxita es la materia prima de la que se extrae el aluminio. De acuerdo con el ranking de los principales países productores de Bauxita a nivel mundial en 2019 de Statista, Guinea se ubica en el segundo puesto con una producción 82.000 millones de toneladas métricas solo tras Australia. [9] El Acuerdo de París de 2015 produjo la pauta para mejorar la conservación del medio ambiente en acciones conjuntas a nivel internacional. En este sentido, GAC monitorea periódicamente las emisiones contaminantes para evitar riesgos potenciales y evitar un impacto ambiental. Para el presente año, se contempla una reducción de un 7.93 (del año pasado) a un 7.88 en la intensidad de las emisiones del aluminio en fundición y producción de energía. [10] De igual forma, en el Reporte de Sustentabilidad de Emirates Global Aluminium (EGA) de 2018, propiedad del mismo fondo, se manifiesta que existe un compromiso de responsabilidad social en la creación de proyectos comunitarios que han ayudado no solo a crear miles de empleos en los alrededores de la mina, sino que también brindan servicios médicos y de capacitación para que la población local sea autosuficiente actividades agrícolas, reciba educación y entrenamiento, entre otros beneficios. Si bien esta inversión directa se presenta en pro de un beneficio nacional, hay voces que consideran que detrás de estas buenas intenciones, hay una intervención extranjera en apropiación de un recurso minero del país. Se percibe cómo una empresa extranjera, se convirtió en una herramienta del estado árabe que ejerce presión política en otro para obtener beneficios diplomáticos, económicos, financieros y políticos, si bien ante los ojos de los ciudadanos ofrece una oportunidad palpable de desarrollo social y económico en su comunidad. En la medida en que los fondos soberanos han aumentado su zona de influencia en las grandes ciudades, la injerencia en la toma de decisiones será evidente, ¿qué pasaría si los fondos soberanos son invertidos en una deuda soberana de un país y ante la crisis económica la falta de liquidez propiciara un incumplimiento de pago? ¿Es pertinente considerar hostilidades en las relaciones diplomáticas y en la exigencia de los pagos vencidos? O bien, ¿habría lugar para un incremento en las tasas interés que podría a su vez generar grietas políticas? Toda crisis internacional conlleva una oportunidad pero también riesgos económicos con efectos de carácter geopolítico que se profundizan cuando algunas empresas compran deuda en otros países. Las reglas del juego cambian constantemente y la vulnerabilidad de los países se ha ido haciendo mayor a partir de una falta de coordinación eficaz de las políticas macroeconómicas. Aunado al titubeo en la toma de decisiones económicas que degradan el rendimiento y la estabilidad de la economía, la amenaza del endeudamiento público acecha con fuerza. Paulina Palencia Méndez Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Anáhuac (2012). Cuenta con varios cursos en temas de Geopolítica e Historia Universal por universidades europeas. Actualmente se desempeña como analista internacional en It Gossip Politics . Se ha desempeñado en el sector público, específicamente en Derechos Humanos y en el sector privado en cuestiones administrativas y logística internacional. De igual forma, ha sido profesora de Chino-Mandarín.
[1] Andrew Rozanov. (2005). “Who holds the wealth of nations?” Central Banking Journal . Disponible en: https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/2072255/who-holds-the-wealth-of-nations
[2] ESADE. (2012).“Informe Fondos soberanos 2012.” Disponible en http://www.iberglobal.com/Archivos/fondos_soberanos_investinspain.pdf
[3] Sovereign Wealth Funds Institute. (s.f). “What is a sovereign Wealth Found?” Disponible en https://www.swfinstitute.org/research/sovereign-wealth-fund
[4] Sovereign Wealth Funds Institute . (s.f.) “Classifications of Sovereign Wealth Funds.” Disponible en https://www.swfinstitute.org/research/sovereign-wealth-fund
[5] World Bank . (2020) “Guinea.” World Development Indicators. Disponible en:
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=GIN
[6] World Bank. (2020) “CPIA transparency, accountability, and corruption in the public sector rating Guinea.” World Development Indicators. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.TRAN.XQ?locations=GN
[7] Carvalho S. Doherty. R. (2013). “UAE's Mubadala, Guinea sign $5 billion bauxite, alumina deal.” Reuters . https://www.reuters.com/article/us-emirates-mubadala-guinea-idUSBRE9AO0BS20131125
[8] Guinea Alumina Corporation. (2019). “About us.” Disponible en: https://gacguinee.com/en/about-us/
[9] Statista. (2020). “Ranking de los Principales Países Productores de Bauxita a nivel mundial en 2019.” Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/635445/paises-lideres-en-la-produccion-de-bauxita-a-nivel-mundial/
[10] Emirates Global Aluminium. (2018). “EGA 2018 Sustentability Report. Making Modern Life Possible .” Disponible en: https://www.ega.ae/media/2089/ega-sustainability-report-2018.pdf

Colaboración publicada originalmente en El Economista En la mitología griega, al huir de la Isla de Creta, Dédalos vuela con su hijo Ícaro, provistos de alas con plumas pegadas con cera. Su padre le advierte no volar demasiado alto porque el sol podría derretir la cera, ni tan bajo que el mar humedezca sus plumas. Embriagado de emoción, Ícaro se acerca tanto al sol que termina por caer al océano. Lo mismo puede pasarle a Joe Biden si no calcula el retorno de Estados Unidos de América a los reflectores del liderazgo global que Trump despreció durante su mandato. Con la llegada de Trump se inicia la “Doctrina del abandono” en el plano internacional. Esto ante hechos como: su salida de la UNESCO (que por cierto Reagan ya había iniciado hasta que George W. Bush enmendó el camino), su retiro del Acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP; el desconocimiento a la política de “deshielo” o flexibilización con Cuba (Obama abrió la sede diplomática tras más de 55 años de ruptura diplomática, para que luego Trump cerrara la sección consular y mantuviera la representación a nivel de encargado de negocios); la renuncia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por considerar un trato parcial hacia Israel, y por la membresía a países con antecedentes de violación a Derechos Humanos, el retiro del Acuerdo de Paris contra el cambio climático, y la salida del Acuerdo con Irán encaminado a eliminar las reservas y explotación de uranio enriquecido para impedir la fabricación de reactores nucleares por Irán; la amenaza a los miembros de la OTAN con su salida si no pagaban equitativa y efectivamente su aportaciones a esta organización de cooperación en materia de seguridad, las amenazas de Trump a México con abandonar el TLCAN por inequitativo y poco justo para su país negociando en su lugar el T-MEC o USMCA con cláusulas de revisión periódica y la notificación este año de su salida de la Organización Mundial de la Salud acusando a la organización de estar bajo un supuesto mandato de China y argumentando la inequidad entre las aportaciones de Estados Unidos frente a las de la potencia asiática. De lo anterior se desprende el desprecio al andamiaje de la gobernanza global y al multilateralismo, necesarios para lograr la cooperación internacional ¿Qué podría hacer Joe Biden ante este desastroso panorama? Corregir cada decisión de Trump le llevaría prácticamente todo su mandato para negociar o volver a estos mecanismos, pues por rápida que sea su intención o respuesta, las formalidades, procesos de negociación, y mecanismos de adhesión o membresía llevan su tiempo, por lo que sería un total fracaso pensar que, con solo firmar estarán de vuelta como si nada hubiese pasado. Tampoco se trata de recuperar el legado de Obama, aunque Biden haya participado en la construcción de éste cuando fungía como su vicepresidente ¿Cuál es entonces el reto para él en la búsqueda de un renovado liderazgo global para Estados Unidos? Para recuperar el liderazgo global con legitimidad y moralidad en el plano internacional, marcado por la crisis económica y sanitaria, Biden tendría que replantear las prioridades del Estado y reformular la toma de decisiones óptimas o estratégicas en temas económicos, sociales y ambientales, concentrándose en los de máxima prioridad para la comunidad internacional. Para ello Biden requiere del apoyo no solo de los aliados que con que históricamente cuenta el país, sino de la suma de muchos más Estados, a fin de fomentar un sistema internacional democrático, una nueva gobernanza global, y nuevos o reconfigurados mecanismos u organismos internacionales, capaces de responder a los retos del siglo XXI, en la década de la post pandemia que no ha hecho sino comenzar.

El 22 de septiembre de 2020 tuvo lugar en la provincia sureña china de Guizhou una conferencia internacional sobre la erradicación de la pobreza, ello a iniciativa del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista de China. Lo que llamó la atención de dicha conferencia fue la invitación para la “asistencia virtual” de 200 líderes y miembros de más de 70 partidos políticos de 16 países de América Latina y el Caribe. Si bien la conferencia versó sobre experiencias compartidas en torno al desarrollo y a la eliminación de la pobreza, entre líneas pudo observarse la oferta de China para los países de América Latina y el Caribe: no están solos ante la pandemia Covid19. Consulta el artículo en PDF aquí .

Mucho se ha escrito que la llamada Gran Depresión Pandémica 2020 es la más severa en un siglo desde 1929. Este ensayo se referirá al análisis de las crisis que ha sufrido México y la economía mundial –casi todas se convirtieron en sistémicas- durante este periodo, ¿cuáles han sido sus semejanzas, sus diferencias y las lecciones que podemos derivar; sus causas, sus efectos y las políticas diversas que se adaptaron para controlarlas? Me referiré a 1) la Gran Depresión 1929-1933; 2) la crisis cambiaría del Presidente Echeverría (1976), que puso fin a 22 años de estabilidad cambiaría y financiera; 3) la crisis de la deuda de 1982, con lo cual México detonó una “década perdida” para América Latina; 4) la crisis bancaria de 1994, la del llamado “efecto tequila”; 5) la crisis financiera global y la Gran Recesión de 2008 y, 6) finalmente, algunas reflexiones en perspectiva comparada sobre la actual Gran Depresión Pandémica 2020. Casi se trata de notas autobiográficas, ya que salvó la primera, fui testigo presencial o actor desde el servicio público en todas las otras. Consulta el artículo en PDF aquí .

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una piedra angular del comercio global regulado. Hoy cuenta con 164 miembros, los cuales tienen economías muy diversas entre sí, pero representan casi la totalidad del comercio mundial. En el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2, la cual es un reto para la salud humana y para el comercio de mercancias y servicios, Roberto Azevedo, director general del organismo, decidió renunciar de manera prematura y abandonar su cargo en agosto de 2020. Siguiendo los procedemientos electorales respectivos, se han llevado a cabo diversas rondas de consulta para elegir a la nueva directora general, pues son dos mujeres quienes se disputan el liderazgo: Ngozi Okonjo-Iweala de Nigeria y Yoo Myung-hee de Corea del Sur. La presencia de una candidata de Corea del Sur es muestra de que los países asiáticos tienen interés por ejercer liderazgos en organismos multilaterales. Los retos a los que se enfrentará Yoo Myung-hee, en caso de convertirse en la nueva directora general, no són solo coyunturales, existen deudas históricas del régimen multilateral de comercio que deberá atender. Particularmente, una preocupación primordial de la surcoreana es reconstruir la confianza en la OMC, frente a las posturas proteccionistas que se instalan en el mundo. Consulta el artículo en PDF aquí .

Colaboración publicada originalmente en El Economista La elección presidencial en Estados Unidos del 3 de noviembre fue inédita y altamente complicada. Primero porque fue un proceso enmarcado por una epidemia y una crisis económica que tiene grandes proporciones afecta a todo el mundo. En segundo lugar, la sociedad en ese país está muy polarizada y la competencia estuvo muy reñida, como en pocas ocasiones. Además, Estados Unidos no solamente elige a Joe Biden o a Donald Trump. Está en juego el propio proyecto de nación a corto plazo. Es decir, los electores tienen que decidir entre un sistema de naturaleza conservadora o de rasgos más liberales. Asimismo, el papel de Estados Unidos en el mundo está en juego en estas elecciones. Del resultado que se obtenga, el país podría mantener su trayectoria actual, en la que ha perdido hegemonía y presencia internacional. Durante la administración de Trump, Estados Unidos se alejó de organismos internacionales, no ratificó el Tratado de Paris, se separó del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, desconoció los acuerdos alcanzados con Irán, perdió liderazgo en el combate a la pandemia, entre otras acciones. En otras palabras, Estados Unidos se ensimismó y se aisló del mundo. La otra opción es regresar al multilateralismo y recuperar el liderazgo tradicional de Estados Unidos en el mundo. En la administración de Trump, América Latina estuvo ausente en la agenda de la política exterior estadounidense. La región no fue una prioridad. Los temas más relevantes fueron el muro fronterizo, la renegociación del TLCAN y las críticas a Venezuela y Cuba. Si Trump se conserva en el poder, es probable que su administración mantenga la retórica antinmigrante e insista en la construcción del muro. Las relaciones de Washington con Cuba y Venezuela continuarán en la misma línea: un enfriamiento y críticas a los regímenes vigentes. Particularmente con México, es probable que Trump mantenga el mismo nivel de relación personal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que los dos han tratado de evitar fricciones. La dinámica de la relación económica entre México y Estados Unidos continuaría bajo la misma lógica actual. En caso de que Biden gane la elección, es probable que, al principio, el nivel de la relación personal con AMLO sea lejano debido al apoyo que el presidente mexicano le dio a Trump en su visita a Washington el pasado verano. Sin embargo, es factible que más tarde mejore el trato entre ambos presidentes. La vecindad geográfica y el nivel de interdependencia exigen la apertura de canales de comunicación entre ambas administraciones. En este contexto, no es previsible un cambio extremo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos como consecuencia de la llegada de un nuevo presidente o que se mantenga el actual. El vínculo entre ambos países no solamente está determinado por los dos presidentes. Abajo hay una amplia serie de estructuras y actores que, de manera continua, cooperan de manera conjunta para atender los asuntos de la agenda binacional, como son los temas migratorios, los de seguridad, los ambientales y los económicos. La actual integración económica entre ambos países implica que los procesos comerciales y financieros se mantengan por un mismo sentido y que las leyes del mercado se impongan. Es decir, en el ámbito económico, no importante quién gobierne en México o en Estados Unidos. La lógica económica entre ambos países empuja a tener mayores patrones de continuidad que dé cambio. Rafael Velázquez Flores
Es profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (FEyRI) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Obtuvo su licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales por la UNAM y su doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) en el periodo 2015-2017. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Miembro del Consejo Editorial de Globalitika.

Colaboración publicada originalmente en El Economista Salvo que Biden arrase en las elecciones estadounidenses de la próxima semana, es probable que ese país despierte el 4 de noviembre sin claridad con respecto al ganador de la contienda. En un escenario ordinario, sería apenas anecdótico y bastaría esperar a que los ciudadanos y autoridades competentes terminaran de contar los votos y determinaran al triunfador, a fin de que el candidato derrotado llevase a cabo el mensaje de concesión de la elección. Pero hoy Estados Unidos no enfrenta un escenario ordinario. El país está inmerso en sendas crisis sanitaria y económica, en una dinámica de aguda polarización política, efervescencia social, y con un presidente distinguido por su constante desprecio a las costumbres y normas que Washington daba por sentado en cualquier personaje que ocupase un puesto de elección popular. Trump ha puesto en duda los resultados de la elección de antemano, se ha rehusado a responder si reconocería una derrota, ha descalificado como fraudulento el método de voto por correo (ya utilizado por 62 millones de votantes al día de hoy), y ha instigado a grupos proclives a la violencia a permanecer atentos ante un escenario post-electoral contencioso. Hay prácticamente un consenso en torno a que a una considerable probabilidad de que la elección se resuelva mediante mecanismos distintos a la voluntad ciudadana, entre los cuales podrían destacarse tres. Primero, podría repetirse la historia de 2016, una contradicción entre el voto popular y el voto electoral. En tal caso, las probabilidades apuntan a que sería una vez más Trump el beneficiario de un sistema electoral que sobrerrepresenta a algunos estados (los llamados battlegrounds states) en detrimento de prácticamente el 80% del electorado. Este sistema, lo demuestran las elecciones de Bush en 2000 y de Trump en 2016, favorece estructuralmente a republicanos. Más interesantes son los otros dos escenarios. Por un lado, la contienda podría zanjarse ya en el Capitolio, ya en la Corte Suprema, mediante las provisiones legales para tal efecto. Por otro, no puede descartarse una negociación política entre los candidatos – como la ocurrida en 1876, cuando los contendientes acordaron el resultado días antes de la toma de posesión. Ahora bien, si las encuestas apuntan hoy en la dirección correcta y Biden es electo, sea con una ventaja sólida tanto en el voto popular cuanto electoral, sea luego de varios días después del 3 de noviembre, cuando se terminen de contar los votos por correo, hay también un aparente consenso en el sentido de que Trump intentará deslegitimar dichos resultados. Si Biden triunfa holgadamente desde el principio, se antoja difícil que las descalificaciones de Trump tengan eco entre los liderazgos republicanos en Washington y en los estados; y aunque es probable que ocurran algunos disturbios y muestras de violencia política, es igualmente probable que no escalen al punto de poner en entredicho la transición. Sin embargo, ante una victoria demócrata estrecha o que se confirme varios días después de la votación, las descalificaciones desde la Casa Blanca tendrían un peso totalmente distinto y potencialmente más explosivo. Antes que en la Corte, donde se decidió la elección de 2000, quizás un Partido Republicano que respalde los alegatos de Trump busque resolver la elección en el Congreso, donde tendría todavía control del Senado no sólo mediante su mayoría, sino también con el peso del vicepresidente Pence (también presidente del Senado), quien gozaría de facultades legales para incidir en su propia reelección. Como esta, hay decenas de consideraciones adicionales en juego. En un enunciado, esta elección, como la presidencia de Trump toda, pondrá una presión inédita en la ingeniería institucional estadounidense. Al final, será la seriedad con que se asuma este hecho lo que permitirá un desenlace civilizado. Enrique Sevilla Macip Se ha desempeñado como analista e investigador sobre asuntos internacionales en el Senado de la República. Actualmente es profesor de asignatura de la Universidad Veracruzana, y consultor independiente en temas de riesgo político y comercio internacional, así como colaborador en medios de comunicación audiovisuales e impresos en calidad de analista político e internacional.

Hace 75 años el mundo conoció, por primera vez, las devastadoras consecuencias de las armas nucleares. Estados Unidos, decidido a poner fin a la segunda guerra mundial dispuso su empleo contra Japón, a la sazón, miembro del Eje Berlín-Roma-Tokio. Así, el 6 de agosto la primera bomba atómica fue arrojada sobre la ciudad de Hiroshima, en tanto el 9 de agosto se repitió el ataque en Nagasaki. Se estima que en Hiroshima murieron entre 50 mil y 100 mil personas ese día. En el caso de Nagasaki, por su topografía, el daño estuvo más focalizado, pero aun así perecieron entre 29 mil y 49 mil personas el día de la explosión. A la fecha existen discrepancias sobre las cifras de defunciones pero quienes sobrevivieron y estuvieron expuestos a la radiación, conocidos como hibakusha, padecieron desde quemaduras hasta pérdida de cabello, cataratas, leucemia, diversos tipos de cáncer y efectos psicológicos por la vivencia y también por la estigmatización social, lo que pervive al día de hoy. La novela de Masuji Ibuse, Lluvia negra (Kuroi Ame ) llevada al cine en 1989 por el realizador Shohei Imamura, recrea los efectos de la bomba lanzada sobre Hiroshima en los lugareños y cuenta la historia de Yasuko (Yoshiko Tanaka), una mujer cuyos tíos le buscan esposo. Ella, al igual que muchas personas, estuvo expuesta a la “lluvia negra”, esto es, la radiación generada por la bomba. Ysauko fue rechazada tres veces como posible esposa por temor a que esté enferma o pudiera transmitir algún mal a su cónyuge o descendencia. Aunque la realidad, es sabido, supera a la ficción. Consulta el artículo en PDF aquí.