Colaboración publicada originalmente en El Economista.
La intensa relación bilateral entre México y Estados Unidos mantuvo una combinación de voluntad política y periodicidad en las reuniones interparlamentarias que lograron afianzar un camino paralelo a la diplomacia tradicional. La primera interparlamentaria tuvo lugar en Guadalajara en 1960 en pleno contexto de la Guerra Fría y en realidades tan distantes a la actual entre ambos países: existía el Programa Bracero, se preparaba la entrega de El Chamizal y México crecía a tasas que nunca vistas desde su vida independiente. Frente a la estructura presidencial en el poder, los legisladores de ambos Estados supieron alentar una vía que, año con año y alternando las sedes por país, formalizó un «parlamento» que ha perdurado frente a trece presidentes estadounidenses y once mandatarios mexicanos.
La interparlamentaria coadyuvó a relajar la tensión de la relación en la década de los 80´s cuando el gobierno mexicano estuvo a punto de expulsar al Embajador estadounidense, John Gavin, por sus abiertas intromisiones a la vida interna derivado de las crisis del narcotráfico, la deuda externa y la tensión en América Central.
Una interparlamentaria es un resorte de Estado y no debe ser lugar para rellenar espacios, sino para saber qué se dice, qué se propone y qué se quiere. Ya existe una asimetría entre el Congreso mexicano y el estadounidense donde este último tiene un «Congress staff» permanente, que trasciende legislaturas y es de suma profesionalidad. Los legisladores de Estados Unidos saben a qué van y qué van a obtener. En un momento apremiante sería un riesgo y enorme error que legisladores mexicanos acudan a lugares comunes o a la tersa caligrafía de los documentos que acompaña la SRE, esa práctica de la cancillería que lejos de respetar la autonomía del Legislativo federal cree que le puede dictar las directrices y contenidos. Enarbolar una posición de Estado en un momento de crisis es apremiante como el de resguardar la independencia de cada poder.
Un riesgo para muchos conocedores de la relación bilateral es que cuando diversas agencias estadounidenses, como la DEA, investigan delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada o presuntas complicidades con el narcotráfico de políticos mexicanos, exista algún integrante de la delegación mexicana que pueda estar involucrado. Ello podría quebrar más la confianza con los interlocutores. El lamentable caso del Gral. Salvador Cienfuegos, ex Secretario de Defensa Nacional que fue detenido con “asombro” del propio gobierno mexicano en suelo estadounidense, es un aviso contundente del riesgo de una delegación legislativa con algún miembro que pudiera estar siendo investigado.
El entonces senador demócrata por Connecticut, Christopher Dodd (y enviado por el presidente Biden para convencer a AMLO de asistir a la Cumbre de las Américas), muy cercano políticamente al Senador Edward Kennedy, elevó el nivel del debate en la Interparlamentaria y su buen español era un factor que ayudaba sobremanera a facilitar el encuentro. El cuidado de toda interparlamentaria es saber dar un cauce binacional y no sólo atender casos tan especiales como la región fronteriza. El propio Emb. Ken Salazar, sabe de la virtud de la Interparlamentaria desde su experiencia como senador por Colorado.
Estados Unidos y su Congreso tienen, a diferencia del legislativo mexicano, poco espacio en la diplomacia parlamentaria. El desarrollar por más de medio siglo estas reuniones ubican desde la vida parlamentaria estadounidense a México, como país estratégico. Canadá, Japón y el Reino Unido son los otros países que el Congreso de Jefferson y Adams, conceden un trato especial en el diálogo legislativo. El Capitolio tiene islotes de políticos profesionales que buscan convergencias con México con independencia de la Casa Blanca. Es menester del legislativo mexicano aprovechar esos espacios para el diálogo y el entendimiento. Dicha presencia se abandonó una vez ratificado el TLCAN en 1994. Antes, el mandatario mexicano entendió que no toda la política en Estados Unidos se hace en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Otro punto nodal es la capacidad de que actuales legisladores estadounidenses podrían ser mañana mandatarios de la Unión Americana, tal es el caso reciente de Barack Obama y el propio Joe Biden, que venían de ser senadores por Illinois y Delaware.
Los representantes y senadores de diversos estados saben de los riesgos que tendrían si dejan que el primer o segundo socio comercial de sus representados y estados salga del T-MEC. Para muchos podría estar en juego hasta su reelección. En México, el escenario es más frágil por la devaluación de los legisladores y en gran parte de la llamada «clase dirigente», incluyendo oposición, que aún no ha resuelto que se busca con Estados Unidos más allá T-MEC. El ex canciller y ex senador de la república, Fernando Solana, comentó que la Interparlamentaria puede «preservar la capacidad en la toma de decisiones para beneficio de nuestra sociedad». Al iniciar el período ordinario de Sesiones, sorprende que el Legislativo mexicano no levante la mano para recuperar un instrumento vital que podría abrir surcos de entendimiento en la complicada relación entre México y Estados Unidos.
Es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de postgrado en El Colegio de Veracruz y la Universidad de Buenos Aires. Realizó su práctica profesional en la Embajada de México en la exYugoslavia. Tiene diversas publicaciones como colaborador invitado en Este País, Reforma, El Financiero, la edición electrónica de Foreign Affairs Latinoamérica y en la Fundación Ortega y Gasset. Participó en diversas tareas en los órganos de Gobierno en el Congreso de la Unión, destacando la organización y el trabajo de apoyo para la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Desde hace una década trabaja en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
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