Colaboración publicada originalmente en El Economista.
El incremento significativo desde inicios de este año en la cantidad de migrantes menores de edad, no acompañados, en la frontera México-Estados Unidos y las reacciones que ha generado entre republicanos y demócratas revelan con claridad que el camino hacia una reforma migratoria integral como la que prometió Biden en campaña sigue siendo largo y difícil.
En sus primeros dos meses de gobierno Biden ha comunicado en múltiples ocasiones que la migración está entre sus prioridades más críticas. Su primer día en el cargo, por ejemplo, presentó la Ley de Ciudadanía (Citizenship Act 2021), una iniciativa de reforma exhaustiva “al sistema migratorio” que trata tanto causas como efectos de las migraciones y ofrece distintas vías de acceso a la ciudadanía a los más de 11 millones de migrantes sin documentos que viven en Estados Unidos. Se trata de la primera iniciativa que cancela el uso del término ilegal alien (extranjero o extraño ilegal) y propone, en vez, llamar “no ciudadanas” (non-citizen) a las personas migrantes indocumentadas.
El júbilo que provocó esta posibilidad, sumado a la serie de acciones ejecutivas relacionadas con migración que Biden firmó desde su primer día crearon expectativas de concretar o avanzar una reforma sustantiva durante los primeros 100 días de gobierno -ese performance recurrente de grandes esperanzas y profundas decepciones.
Sin embargo, solo 5 semanas después apareció una estrategia distinta en escena cuando representantes demócratas reactivaron dos iniciativas de ley que ofrecen esquemas muy acotados de acceso a la ciudadanía a grupos de migrantes que ya cuentan con la empatía y apoyo de buena parte de la opinión pública: los jóvenes dreamers; los trabajadores agrícolas indocumentados y grupos de personas que residen en Estados Unidos bajo criterios humanitarios o de protección temporal. Se trata de la Ley del Sueño Americano y Promesa (American Dream & Promise Act 2021) y la Ley de Modernización de Trabajadores Agrícolas (Farmwork & Modernization Act 2021), ambas aprobadas en la Cámara Baja en 2019 (sin que prosperaran al Senado) y programadas para voto esta semana en la misma instancia.
Es posible que estemos ante estrategias complementarias de los demócratas para asegurar victorias en el corto plazo. O bien que la iniciativa integral de Biden sea más una declaración de principios que una ruta crítica hacia la reforma, o en el peor escenario, que sea ante todo una estrategia de comunicación.
En todo caso, hasta hace unos días estas dos iniciativas específicas parecían la apuesta más pragmática y cercana para conquistar victorias iniciales en la Cámara Baja y pelear la verdadera batalla en un Senado dividido, en el que primero habría que convencer a 10 republicanos de apoyar la votación para evitar el temido mecanismo de obstrucción.
Pero, la frontera. El fin de semana pasado el Ejecutivo tuvo que pedir apoyo a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), al tiempo que un grupo de legisladores republicanos encabezados por Kevin McCarthy decidían visitar centros de detención para dar fe de la “catástrofe” que atribuyen a Biden. La perspectiva de votar esta semana iniciativas de regularización y acceso “cuando tienes la frontera abierta” y en crisis es “de una sordera absoluta”, dijo August Pfluger, legislador republicano que participó en la visita.
¿Y si las iniciativas acotadas tampoco prosperan? En el peor de los casos – plantean algunos demócratas- una versión reducida podría incluirse “en paquete” en la sesión de conciliación presupuestaria, cuya aprobación solo requiere una mayoría simple. Si esto representa una victoria acotada o una capitulación prematura está por verse.
Lo que resulta evidente es que la construcción de consensos, incluso mínimos, en torno a la migración es un proceso delicado, no lineal, que requiere trabajo de fondo y estrategia desde antes del día uno y con vistas mucho más allá de los primeros 100 días, las elecciones intermedias, el 2024, etcétera.
Internacionalista por El Colegio de México, Maestra en Ciencia Política por la London School of Economics & Political Science (LSE). Entre sus últimos cargos fue Directora de Asuntos Económicos y Red Global MX (2016- 2017) y Directora General Adjunta en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2018- inicios de 2019). Ha impartido cursos de temas diversos de relaciones internacionales y política en Londres (LSE) y la Ciudad de México (UDLA). Desde 2018 es Profesora de Política y Gobierno de Estados Unidos en la UDLA y a partir de abril de 2019 se encarga de la agenda de ciudadanía y sustentabilidad para América Latina en PepsiCo Internacional.
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