Colaboración publicada originalmente en El Economista.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) fue creado en 2011, tras la entrada en vigor del tratado internacional en la materia. Las violaciones de derechos humanos (DDHH) que ocurrieron en América Latina en los años sesenta y setenta dieron pie al concepto de desaparición forzada y, eventualmente, a la creación de estas instituciones internacionales. Sin embargo, para México, la desaparición forzada no es asunto del pasado. A las personas desaparecidas durante la mal llamada Guerra Sucia, se han sumado muchas miles en los últimos quince años, debido al aumento de la violencia en el país y a la colusión de fuerzas policiales con el crimen organizado. Según datos oficiales, en México hay más de 94,000 personas desaparecidas.
El CED es un valioso recurso para víctimas, familiares, sociedad civil y gobiernos, en la búsqueda de memoria, verdad, justicia y no repetición del fenómeno de la desaparición forzada. El Comité está integrado por 10 expertas independientes y realiza, principalmente, tres tareas: 1) la emisión de recomendaciones a los Estados, a partir de información provista por gobiernos y sociedad civil; 2) el envío de peticiones de acción urgente a los Estados, para que localicen y protejan a personas recientemente desaparecidas; 3) la evaluación de denuncias individuales interpuestas por familiares y representantes de víctimas de desaparición.
El CED visitará México por primera vez del 15 al 27 de noviembre de este año. La visita tiene lugar en el marco de la reciente y creciente apertura de nuestro país a este comité de las Naciones Unidas. En octubre de 2020, el gobierno de México finalmente reconoció la competencia del CED para atender denuncias individuales sobre casos de desaparición. Asimismo, en junio de 2021, la Suprema Corte decidió que las autoridades gubernamentales tienen la obligación de implementar las acciones urgentes que el Comité solicite. En diciembre de 2020, el CED reportó que el 42% de sus peticiones de acción urgente a nivel mundial son sobre desapariciones en México.
Al igual que la inminente visita, estos avances son triunfos de las familias de víctimas de desaparición, quienes buscan recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de sus seres queridos y su persecución de justicia. Sin embargo, el reconocimiento de competencia y la visita, que había sido solicitada por el CED desde 2013, no se explican tampoco sin la voluntad política que innegablemente existe en el gobierno federal, especialmente en sectores de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, para hacer frente a la problemática de la desaparición, y para hacerlo desde la apertura al escrutinio internacional en materia de DDHH.
La visita del CED es una excelente noticia. Para las familias de personas desaparecidas, es una oportunidad para dialogar con personas expertas e interesadas en su búsqueda de verdad y justicia. El Comité puede servir de apoyo y de puente para que sus casos sean atendidos y sus voces escuchadas por autoridades gubernamentales. Para el gobierno mexicano, la visita es un espacio para el diálogo político y, sobre todo, para la asistencia técnica en materia de desaparición forzada. Para el CED, la visita a México representa también una oportunidad. Aunque visitar Estados forma parte del mandato del Comité, ésta será la primera que realiza en su historia.
Los organismos internacionales de DDHH operan independiemente de si los Estados tienen o no voluntad de cooperar con ellos. Es indispensable que operen así. Sin embargo, estos organismos funcionan mejor cuando encuentran en sus contrapartes estatales apertura para el diálogo y la cooperación. Ello debido a que, a falta de un Leviatán internacional, la implementación de estándares regionales y universales de DDHH depende siempre, en última instancia, de los Estados. Ojalá que la visita del CED sea productiva para todas las partes. Se lo debemos a nuestras 94,000 personas desaparecidas.
Es estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Princeton, donde se especializa en Relaciones Internacionales y Política Comparada, con un enfoque regional en América Latina. Es maestra en Ciencia Política por la misma universidad y licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde se tituló con mención honorífica y obtuvo el Premio de Investigación Ex ITAM por su trabajo de tesis. María José fue becaria Fulbright-García Robles del 2018 al 2021. Sus principales intereses de investigación son los derechos humanos en el sistema internacional, la política exterior de México y las relaciones internacionales de América Latina. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Los derechos humanos y la democracia en el sistema interamericano, escrito en coautoría con la Dra. Natalia Saltalamacchia.
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