La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto amplias expectativas en el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entra en vigor este 1 de julio. La principal apuesta es que este mecanismo comercial se convierta en un detonante de la recuperación económica. La percepción es que el T-MEC creará la suficiente certidumbre financiera para atraer mayores inversiones que generen nuevos empleos e impacten positivamente en el crecimiento económico del país. Para el presidente en turno, el T-MEC representa una nueva etapa de las relaciones entre los tres países que inclusive merece una visita a Washington para celebrar el arranque. Sin embargo, no hay mucho consenso interno respecto a la conveniencia de la reunión entre López Obrador y Donald Trump, especialmente por el clima electoral que hay en Estados Unidos.
La realidad es que el T-MEC por sí solo no será suficiente para poner a la economía mexicana de nuevo en el camino del crecimiento. En el marco de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19, es necesario tomar mayores medidas que hagan realidad la recuperación de México. El T-MEC es solamente un elemento que puede servir para impulsar de nuevo la actividad económica, pero es necesario tomar otras medidas que complementen la estrategia. Es muy importante establecer a corto plazo políticas de carácter interno como son estímulos a las empresas afectadas, apoyos a los trabajadores que se han quedado sin empleo, inversión pública en sectores estratégicos, mayor capacidad de recaudación y adoptar pautas que efectivamente disminuyan el contagio, entre otras. A mediano plazo, es necesario invertir en tecnología y educación para sentar las bases de un crecimiento estable a futuro. También se requiere de medidas que garanticen la seguridad de las familias mexicanas puesto que la violencia se ha extendido a lo largo de todo el país. En resumen, es imprescindible establecer hoy día las bases para fomentar el desarrollo de México.
Si bien hoy representa ventajas económicas, también es cierto que el T-MEC plantea algunos desafíos y limitaciones para México. En primer lugar, el país se tiene que ajustar a la nueva realidad que demanda el acuerdo. Antes de la entrada en vigor, el Congreso mexicano tuvo que reformar un número importante de leyes para que la normatividad interna fuera compatible y el T-MEC pueda arrancar sin complicaciones jurídicas. En este sentido, los legisladores aprobaron las leyes de Protección Industrial, de Infraestructura de Calidad, la de Derecho de Autor, las de Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como la Aduanera. En este mismo orden de ideas, el gobierno de México tiene que ajustarse a las nuevas medidas que fueron acordadas bajo el tratado, como son la aceptación de supervisores estadounidenses en fábricas mexicanas, la cláusula sunset que abre la posibilidad de revisiones del acuerdo bajo cierto tiempo, la limitación de poder establecer acuerdos comerciales con países de economía no abierta (alusión directa a China), y tasas mayores de contenido regional en los productos que impactan las reglas de origen. El gobierno de México aceptó estas medidas a cambio de la continuidad del esquema de libre comercio con sus vecinos. En otras palabras, la nueva administración optó por un enfoque más pragmático para ofrecer mayor certidumbre económica.
La entrada en vigor del T-MEC es una buena noticia para México y para América del Norte porque genera confianza y emite una señal positiva para los mercados internacionales. Sin embargo, no hay que pensar que es la panacea que resolverá los principales problemas que México tiene en la actualidad. Los efectos económicos de la pandemia todavía están presentes y el T-MEC no es, por sí solo, el instrumento que el país requiere para salir de la crisis. Las expectativas no necesariamente empatan con la realidad. A corto plazo será difícil evaluar los impactos del T-MEC en la economía mexicana por las limitaciones que ha impuesto la pandemia. No obstante, es probable que a mediano plazo los efectos positivos del acuerdo puedan reflejarse en los procesos productivos y proyecten una mejor calidad de vida de los mexicanos.
Es profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (FEyRI) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Obtuvo su licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales por la UNAM y su doctorado en Estudios Internacionales por la Universidad de Miami. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) en el periodo 2015-2017. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel II, y es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
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