Colaboración publicada originalmente en El Economista.
La SRE presentó ante tribunales en EEUU una senda demanda contra 11 empresas de armamento convencional. La demanda no es contra Washington, D.C., sino contra empresas privadas cuyo negocio, lícito en ese país, es producir armas. La cascada de reproches morales hace sentir su brisa y puede nublar la vista por la especialización de esas empresas, que es natural para un país donde estar armado es un derecho constitucional. Si muchos en México han criticado que puedan existir litigios de empresas frente a un Estado, la cancillería mexicana optó por demandar a particulares de otro país en los tribunales civiles del Vecino del Norte.
La causa que emprendió la SRE tiene un consenso: buscar la pacificación de México, un país con más desaparecidos y ejecutados que muchos países en guerra. México al ocupar un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, apoya la pacificación en misiones de paz a ultramar, algunas de ellas, sin el terrible ardor de la violencia mexicana que desde el poder cuesta reconocer. La ola de violencia en México se hace con armas legales o de contrabando y/o de armas lo mismo procedentes de EEUU que de Rusia, Bélgica, Israel, Italia, entre varios países más.
Un ex gobernador mexicano apaleado entre la delincuencia organizada y el narcotráfico, dijo que ante el menudo cambio de uniformes, instituciones de seguridad y el fracaso de la militarización de la seguridad pública, que la salida desesperada será llamar a los Cascos Azules de Naciones Unidas… ¿Exageró? Qué cada quién juzgue, pero lo cierto que una última salida así acercaría a lo que escribió Daniel Cosío Villegas en su ensayo “La Crisis en México”, publicado en 1946, en el que menciona lo lamentable que sería que la regeneración del país provenga desde el exterior.
El gobierno mexicano estima que son más de 200,000 armas de fuego que entran de manera ilegal al país. El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, fue enfático para decir ante el propio Consejo de Seguridad, de la necesidad de “monitorear y prevenir las transferencias ilícitas de armas, el desvío de comercio y el tráfico transfronterizo”. Para ojos de la escuela clásica cometió un error, ir a pedir a un foro multilateral una petición de carácter bilateral, ni más ni menos con la relación más importante para México que es la relación con su principal socio comercial. Antes, la Asamblea General de la ONU aprobó el Tratado sobre el Comercio de Armas en el 2013 que entró el 24 de diciembre de 2014. Para muchos la limitante del Tratado es que no habrá comercio de armas si se comprueba que las utiliza determinado gobierno para un genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. La dura realidad de México ¿exigiría otra categoría? ¿Y cuando los compradores no son gobiernos nacionales?
De acuerdo al Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (Suecia), 2.436.351 personas murieron en conflictos armados desde 1989 al 2018. Bajo la aritmética del terror mexicano y a la mitad del actual sexenio que ha tenido los años más duros de la violencia, se trazó la estrategia de México contra las empresas referidas.
Corresponsabilizar a los fabricantes estadounidenses de armas de la muerte del 70% de ejecutados en México y señalar que “la falta de responsabilidad corporativa” de dichas armadoras” llegó al insulto de crear armas al gusto para el solicitante”, es un riesgo y más cuando es un argumento del gobierno mexicano. Lo inmoral no suma al mundo real y menos en una demanda legal.
Lo que es una loable acción de la cancillería puede tener pies de arcilla. El reciente decreto presidencial para regularizar los vehículos de procedencia extranjera, la penosa “regularización de chocolates”, ese bumerán cíclico de cada sexenio que se niega a tomar al toro por los cuernos, vuelve a hacer legal lo ilegal para ser una afrenta a la certeza jurídica. Algunos no han visto o no quieren ver que muchas de esas armas entran a México por medio de esos vehículos, cuya mayoría son desechados por aseguradoras estadounidenses. ¿Vehículos “chocolates” que entran vacíos, sin armas y sin dólares? Las estructuras de seguridad e Inteligencia del gobierno mexicano lo saben. Es difícil pensar que no exista coordinación y flujo de esta información con la Consultoría Jurídica de la SRE.
Si de por sí México va contra un monstruo en el que la venta de armamento a nivel global antes de la pandemia tenía flujos por casi 400,000 millones de dólares, de los cuales más de una tercera parte son de empresas de EEUU, las que está demandando México, sería pésimo mensaje y una incongruencia que en territorio mexicano se hace legal un medio de transporte que beneficia a criminales que compran armamento. Eso sin pensar que los que producen armas pueden esgrimir que no es de su competencia la ingobernabilidad y corrupción de las fronteras de México.
Alejandro Celorio, Consultor Jurídico de la SRE, ha sido claro al enfatizar que “nuestro objetivo es reducir el número de armas que entran a nuestro país, que se reduzca el poder de fuego del crimen organizado y al hacer esto, las acciones del Estado van a ser mucho más efectivas”, lograrlo exige también detener el contrabando de vehículos “chocolate” que contribuye a transportar parte de esas armas además de la indignidad de convertir a México en el gran chatarral de EEUU.
Es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de postgrado en El Colegio de Veracruz y la Universidad de Buenos Aires. Realizó su práctica profesional en la Embajada de México en la exYugoslavia. Tiene diversas publicaciones como colaborador invitado en Este País, Reforma, El Financiero, la edición electrónica de Foreign Affairs Latinoamérica y en la Fundación Ortega y Gasset. Participó en diversas tareas en los órganos de Gobierno en el Congreso de la Unión, destacando la organización y el trabajo de apoyo para la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Desde hace una década trabaja en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
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